La ilusión que nos condena: ¿Cómo es la propuesta para eliminar de modo gradual las retenciones en diez años?

En su nueva versión recargada del Plan Agroindustria 2023/33, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) plantea como prioridad una reducción paulatina de las retenciones a la exportación, que debería hacer desaparecer ese tributo aduanero -muy común en la Argentina, extraño para el resto del mundo- de aquí a diez años.

Obviamente que al final del camino, como para asegurarse de no desfinanciar al Estado mientras se produce la transición de impuestos que prevé este sector económico, estaría el complejo oleaginoso, para el que la propuesta prevé una reducción de 3 puntos porcentuales por años, desde el toé máximo de retenciones de 33% que hoy tributan la soja y sus derivados.

Para los cereales, como el trigo y el maíz, que hoy tributan el 12%, la propuesta contempla un periodo de reducción más corto, de entre 5 y 6 años. Y para la carne y los lácteos, que están en el 9%, se aceleraría la reducción solo tres años, a razón de 3 puntos anuales.

En este esquema que el CAA presentará a todos los partidos políticos que competirán en las próximas elecciones presidenciales, lo que habría que desgravar de inmediato, eliminando por completo los derechos de exportación, serían las posiciones arancelarias vinculadas con las economías regionales y los alimentos elaborados “listos para su consumo”, lo que tendría un costo fiscal insignificante de solo 60 millones de dólares.

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“A todos nos encantaría que las retenciones sean 0% a partir de mañana, pero entendemos que la situación del país lo convierte en algo inviable. Lo hemos venido charlando y nos pareció prudente poner en números lo que ya venimos proponiendo, una reducción gradual. Esto no tiene un impacto negativo para el gobierno”, enfatizó el coordinador del Consejo, el presidente de la Bolsa de Cereales José Martins.

A su turno, justamente el representante del sector más penalizado actualmente por las retenciones, la industria aceitera que muele la soja, Gustavo Idígoras, explicó que la medida no implica un sacrificio fiscal, sino que los ingresos que vaya perdiendo paulatinamente el Estado central (en 2022 solo el complejo agrícola aportó 9.700 millones de dólares) serán reemplazados año a año por un crecimiento de la actividad, las exportaciones y la base imponible de la economía.

“Los hemos conversado con economistas de distintas visiones políticas, le hemos mostrado esta propuesta y la mayoría la ve muy razonable”, dijo Idígoras, que incluso contó que la pusieron a consideración de expertos de la UBA y el Conicet, que no tienen posiciones a favor del agro.

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En este sentido, el economista de la Bolsa de Cereales, Ramiro Costa, mostró el resultado de un análisis que estima que al final del ciclo de diez años, es decir en 2033, el resultado sería favorable al fisco, que tendría una recaudación adicional de 32.500 millones de dólares.

Patricia Calderón, de la cadena productora de olivos, consideró que la mayor parte de estos cambios debería establecerse mediante una Ley exportadora sancionada por el Congreso. “El principal punto para lograr un fomento exportador es que se limite la adopción de retenciones y que en caso de ser necesario aplicarlas dichas decisiones deban ser aprobadas por el Congreso, dando mayor previsibilidad”, a los sectores empresarios.

“En la misma ley se propone este programa de reducción gradual en 10 años de las retenciones, ya que no se pueden afectar los intereses fiscales”, enfatizó.

En la misma ley se planea que habría que además incrementar los reintegros a la exportación, para fijar dos escalas, según el valor agregado de cada rubro, de 4 y 7% del valor exportado.