Desde 1971 se celebra cada 2 de febrero el Día Mundial de los Humedales. Lo que se conmemora es la firma del primer convenio que planteó su protección y uso racional, en Ramsar (Irán). El cuidado de los humedales fue un tema devenido en “trending topic” durante 2020, tanto por el creciente interés de volver ciertas prácticas productivas más sustentables, como por la puja de distintos espacios políticos para ver quién proponía el mejor modelo que los resguardara.
Pero los tironeos parecen no haber dado mucho resultado si se tiene en cuenta que aún no se ha definido una normativa, porque aún no se logra establecer qué conforma un humedal. Al menos así lo cree el presidente de la Fundación ProYungas, Alejandro Brown (foto), quien a través de una carta pública sostuvo que “leyes o el marco normativo debe surgir cuando hay un acuerdo entre las partes en cómo definir una cuestión, o por el contrario luego de un camino transcurrido sin llegarse a un acuerdo”.
ProYungas es una palabra autorizada por cuanto esta ONG trabaja activamente en el norte del país para la conservación del ambiente y el desarrollo sustentable, promoviendo procesos de planificación territorial a distintas escalas. Lo hace vinculando a diversos actores para que, desde sus diferentes ámbitos e intereses, se involucren activamente en la gestión sustentable de los territorios que comparten. Por ejemplo, ha sido la que permitió que el ingenio jujeño Ledesma, el más grande del país, cediera miles de hectáreas para la creación del parque nacional Calilegua.
Respecto de la discusión por la Ley de Humedales, el titular de ProYungas consideró: “El Estado decide intervenir y zanjar, mediante el Congreso, las coincidencias y/o diferencias irreconciliables. Me da la impresión que ninguna de estas instancias se ha cumplido, porque básicamente nunca se ha discutido nada entre los diversos actores e intereses que conviven en un territorio definido, con o sin humedales”.
La falta de diálogo reconocida por Brown termina por circunscribirse –según explica- a la grieta que existe entre quienes deberían trabajar en conjunto: los productores y los ambientalistas. En este marco pareciera que seguir sumando normas, en un país no muy apegado a cumplirlas, no necesariamente decantaría en un uso racional de los humedales.
El presidente de esta ONG terminó entonces por enumerar algunos ejemplos en los que el diálogo y acuerdo entre partes superó a cualquier legislación.
Uno de ellos fue el caso de la provincia de Corrientes, que cuenta con más de 1,3 millones de hectáreas de humedales protegidos en la Reserva Natural Iberá. Allí se ha logrado un equilibrio entre familias campesinas y establecimientos agropecuarios, y quienes trabajan para proteger las áreas naturales, que han transformado a la provincia en un emblema del ecoturismo.
“Hoy Corrientes se opone a esta Ley de Humedales porque asume que esta norma está destinada a complejizar una cierta armonía entre los sistemas productivos correntinos y la preservación de la biodiversidad, generando antagonismo donde es necesario que haya cooperación”, explicó.
Otro ejemplo al que se refirió fue el Delta del Paraná, el segundo núcleo forestal del país en donde se aprovecha la dinámica hídrica para producir árboles de rápido crecimiento y especies exóticas para producir pasta de papel.
De nuestro archivo: Ley de Humedales: Antes de dictarla “es necesario definir qué es un humedal y luego hacer un buen inventario”, recomendó Guillermo Devereux, de Barbechando
“Una de las empresas radicadas en esta zona ha obtenido la certificación de Preservación de Servicios Ecosistémicos otorgado por las exigentes normas internacionales del FSC, justamente produciendo. Ligado a esta producción han tomado la responsabilidad de proteger un espacio importante de este humedal y su especie emblemática (ciervo de los pantanos)”, dijo Brown. Agregó que este sistema productivo garantiza a su vez la preservación ambiental, por lo que no hace falta una ley los separe.
“Estos ejemplos muestran que los actores territoriales pueden ponerse de acuerdo y hacer las cosas bien sin recurrir a normas destinadas en definitiva a incrementar las disputas territoriales, cuando la solución se encuentra en el análisis conjunto, con información técnica de calidad y con voluntad de buscar las formas razonables del uso del territorio”, concluyó Brown.
