El anuncio del gobierno sobre crear una empresa testigo para actuar en el mercado alimentario a partir de expropiar los activos del Grupo Vicentín provocó reacciones en principio bastante negativas, que anticipan una dura discusión en el Congreso. Las entidades agropecuarias, salvo pocas excepciones, se mostraron muy molesta con esta iniciativa.
Para empezar, desde el mismo grupo que el gobierno colocó en su mira, y que cayó en default en diciembre de 2019 con pasivos por más de 1.500 millones de dólares, dijo que se enteró de la ofensiva por los medios.
En efecto, en un comunicado, la empresa Vicentín manifestó su asombro por los anuncios de expropiación, dado que desde diciembre de 2019 no produjo despidos, viene negociando una reactivación de las plantas con varios socios y además ha hecho varias ofertas de pago a sus acreedores. Además, porque desde febrero pasado está en curso un concurso de acreedores, que se ajusta a las normas aplicables para estos casos.
“El camino elegido nos llena de incertidumbre y preocupación. Nos hemos enterado de la decisión por los medios y estamos realizando las consultas necesarias para entender las características y la profundidad de las medidas anunciadas”, indicó el comunicado de la familia Vicentín, que al parecer no tenía señales sobre una decisión así del gobierno y que amagó con recurrir a la justicia para “proteger los derechos de una empresa argentina y de sus accionistas, de origen familiar y del interior, que se encuentra ajustada al marco legal vigente”.
En Avellaneda, cuna de esa empresa hace más de 90 años, este martes por la tarde iba a realizarse una movilización de vecinos convocada por el propio intendente de la ciudad, Dionisio Scarpín. También iban a sumarse muchos vecinos y trabajadores de la vecina Reconquista. Allí ya desembarcó el subinterventor designado por el gobierno, Luciano Zarich.
La reacción de la mayor parte de la comunidad agropecuaria comenzó siendo muy negativa. La principal crítica de los dirigentes rurales es que se trata esta intervención sorpresiva en la aceitera de un avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre una empresa privada. En este comunicado de Cartez (imagen) se argumenta que el único habilitado por ley para intervenir una empresa es un juez, y siempre y cuando tenga motivos válidos para hacerlo.
“A través de este DNU, el Gobierno Nacional no hace más que quebrantar la división de poderes. Se supone que sólo un juez puede disponer la intervención de una sociedad comercial. Pensemos entonces en tantas otras empresas en la misma situación. ¿En qué nos convertiríamos en un futuro?”, se preguntaron los ruralistas cordobeses.
Muy mala noticia la intervención / expropiacion de Vicentin por Decreto. El Estado se mete en una aventura empresarial que ya sabemos que termina con todos los argentinis pagando la fiesta.
— Luis Etchevehere (@lmetchevehere) June 8, 2020
También la Sociedad Rural Argentina (SRA) manifestó “suma preocupación” ante la intervención de Vicentin vía DNU. “La historia nos demuestra que las intervenciones del Estado en el comercio de granos en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones, que terminaron provocando problemas más graves que los que se pretendía solucionar”, sostuvo la entidad que preside Daniel Pelegrina.
La Sociedad Rural de Pergamino también se expresó: “Consideramos que no es función del Estado hacerse cargo de empresas privadas, tengan o no problemas económicos y/o financieros. Para eso están las leyes de convocatoria y eventualmente quiebra”, sostuvo.
Vicentín SA está en Concurso ante el Poder Judicial.
La Constitución (palabra: existe) dice en su art. 109:
“En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.
Pero los “k”…— Alejandro Fargosi (@fargosi) June 9, 2020
Desde Salta, La FEDERSAL (Federación a Entidades Rurales Salteña) también cuestionó el fondo y la forma de los anuncios de expropiación. “Los argumentos expuestos por el Presidente de la Nación al anunciar esta decisión faltan a la verdad y esconden otros objetivos. Plantear la expropiación para asegurar la “soberanía alimentaria”, “mantener puestos de trabajo”, “que los pequeños productores puedan seguir vendiéndole” o “crear una empresa testigo” nos parece poco serio y alejado de la realidad”, indicó.
Pero no todas fueron críticas al anuncio del gobierno entre los dirigentes del campo. Ni bien se conocieron los anuncios de intevención a Vicentín, el titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto, apoyó; “Es clave sostener las fuentes de empleo, mantener la cadena de pagos, asegurar que el productor esté a salvo, en particular el tambero de esa zona”. Pero a la vez aclaró que “hay preocupación en productores por si hay colisión o alguna relación entre el proceso jurídico legal y administrativo y el proceso político detrás del anuncio sobre el caso Vicentin”.
Desde la Federación Agraria, que usualmente es más proclive a la intevención de los estados en la política agropecuaria, no hubo ningún pronunciamiento formal.
Me gustaría saber la opinión de Matias en cuanto al nombramiento de sub interventor de Luciano Zarich, que si mal no recuerdo habría estado vinculado (estando en el RUCA) al otorgamiento de ROES a través de la Capeco en la última gestión K. Gracias!
Ya sabés lo que pienso. Vos mismo lo acabás de contar.