Se termina diciembre y la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) publicó su tradicional índice trimestral que mide la participación del Estado en la renta agrícola. Según los datos analizados en los últimos tres meses de este año, de casa 100 pesos que el productor obtiene de renta (algo que se calcula restando los costos a los ingresos en una hectárea agrícola) hay 63,20 pesos que son para los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Es decir que al productor le queda menos del 40% de su rentabilidad.
“Este informe nos muestra que luego del esfuerzo de producir alimentos en Argentina, después de pagar todos los costos y lograr vender los granos, los impuestos se llevan el 63,2% de lo que le queda a quien produce en el campo”, explicó David Miazzo, economista jefe FADA.
Si se analizan los principales cultivos por separado, se observa que la participación del Estado en la soja (el cultivo con mayor alícuota de retenciones) es del 67,9%, en el maíz es del 53,4%, en trigo del 62,0% y girasol del 49,3%.
Teniendo en cuenta los informes previamente publicados por la fundación, el porcentaje de renta perdido por los productores parece haberse mantenido igual desde 2018, aunque teniendo en cuenta las devaluaciones y la inflación la pérdida en términos reales ha aumentado. Vale recordar que el ciclo de crisis económica actual que vive la Argentina arrancó en ese entonces: durante el gobierno de Mauricio Macri se produjo una gran crisis de las cuentas fiscales que obligó a la Argentina a retomar la senda de endeudamiento con el FMI.
En diciembre de 2018, por cada 100 pesos obtenidos por el productor, 60,50 pesos fueron para el Estado. La participación del Estado en los cultivos aquel año fue en soja del 66%, en maíz del 51,1%, en trigo del 51,3% y en girasol del 68,4%.
En diciembre de 2019 la participación en la renta agrícola cayó diez centavos, llegando a los 60,40 pesos. En cuanto a los cultivos, en soja el Estado se llevó el 64,5%, en maíz el 53,9%, en trigo el 53,5% y en girasol el 62%.
En diciembre de 2020, por otro lado, por cada 100 pesos el valor impositivo fue de 59,2 pesos. La participación del Estado en la soja fue del 64,6%, en maíz del 49,7%, en trigo del 55,2% y en girasol del 49,0%.
Volviendo al 2021, ¿cómo se repartieron esos impuestos? Los nacionales no coparticipables representaron el 68,1% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina, el mayor nivel desde junio de 2019. Se trata principalmente de los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.
Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales, representaron el 26,9% de los impuestos medidos, mayormente dado por el impuesto a las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y los saldos técnicos de IVA.
Las provincias recibieron parte del 26,9% como coparticipación, y también recaudaron diversos impuestos. Los impuestos provinciales explican el 4,5% de los impuestos totales.
Los impuestos municipales representaron, por otro lado, el 0,5% de los impuestos. El componente central fueron las tasas viales o las guías cerealeras, de acuerdo a la provincia.
“Como la mayor parte de las tasas municipales y el inmobiliario rural son impuestos fijos que se actualizan a comienzos de cada año, con la devaluación suelen ir disminuyendo su participación en el total de impuestos entre la medición de marzo y la de diciembre”, indicó Nicolle Pisani Claro, economista de FADA.
A nivel provincial, el Índice FADA discriminó el porcentaje de participación estatal en las distintas localidades. En Córdoba la renta registra una participación estatal del 62,9%, en Buenos Aires y Santa Fe registran un 61,3%, en La Pampa un 62,5%, en Entre Ríos un 66,1% y en San Luis un 61,5%.
Para ese cálculo se conjugaron los rindes, los impuestos provinciales y locales, los fletes -que generan efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos- y la participación de cada cultivo en el área sembrada de cada provincia.
En todas las localidades analizadas se paga el impuesto inmobiliario rural y el impuesto a los sellos para la compraventa de granos. En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se paga además Ingresos Brutos. La alícuota es del 1% en los casos de Buenos Aires y San Luis, 0,75% en Entre Ríos y 0,5% en La Pampa. En Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta.
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Otra de las variables analizadas fue el tipo de cambio y la variación los costos, ya que el precio del dólar se atrasó respecto a la inflación, lo que produjo un aumento de los insumos para la producción.
Si se analiza la estructura de costos de los cultivos de acuerdo a la moneda en la que están expresados, se puede identificar que un 57% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados mientras que el restante 43% están pesificados. Si se considera el costo de la tierra pasa a ser el 68% la parte dolarizada.
En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 61% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 38%. Si se considera el costo de la tierra, los costos dolarizados ascienden al 67%.
Desde FADA alertaron que los principales aumentos se dieron en el precio de los fertilizantes, que llegó a ser de hasta 129% en dólares; en el precio de los fitosanitarios que alcanzó el 190% en dólares para el glifosato y el 60% para el 2.4.D. Los costos laborales, por otro lado, se incrementaron 10 puntos por encima de la inflación.
