En la última campaña 2021/22 los productores argentinos de soja invirtieron 4476 millones de dólares para obtener una cosecha de 42,2 millones de toneladas del poroto.
El dato, estimado por el equipo técnico de la Bolsa de Comercio de Rosario, muestra que la “corporación sojera”, integrada por decenas de miles de pequeñas, medianas y grandes empresas agrícolas, es una de las mayores fuentes de inversión que tiene la economía argentina.
Sin embargo, el gobierno argentino, a través del Banco Central (BCRA), acaba de tomar una medida insólita que margina a las empresas agrícolas en general y productoras de soja en particular en el mercado de créditos bancarios.
Por medio de una resolución, dispuso que las empresas agrícolas que no acepten vender el 95% de la última cosecha de soja deberán afrontar tasas de interés desproporcionadamente elevadas respecto de otros sectores económicos. Una medida claramente discriminatoria.
La cuestión es que –parece que nadie les avisó– los empresarios agrícolas están en pleno proceso de diseño de la campaña de soja de primera (que comienza a sembrarse a mediados del próximo mes de octubre) y de segunda (en noviembre o diciembre, luego de la cosecha de trigo o cebada).
El financiamiento bancario, a través de líneas directas o tarjetas agropecuarias, es todos los años la principal fuente de recursos que emplean las empresas para encarar una campaña agrícola. En un segundo plano están los créditos comerciales.
Por ende, atentar, en este momento del año, contra la principal fuente de financiamiento del cultivo que representa la mayor fuente de divisas de la economía argentina luce como una política pensada por gente que evidentemente no abusa de su inteligencia.
Además del daño directo provocado a las empresas agrícolas, el mensaje implícito en la medida puede terminar resultando aún más perjudicial, dado que los productores podrían recortar a la mínima expresión la inversión en tecnología ante el riesgo comercial, jurídico y financiero potencial derivado de decisiones del gobierno nacional.
Si a todo eso le sumamos un posible efecto dañino de una tercera fase “Niña”, que provoque caídas importantes en los rendimientos agrícolas esperados, entonces es posible advertir que el año 2023 podría representar un auténtico desafío en lo que respecta a gestión de las principales variables macroeconómicas.
