La policía formoseña, que responde al gobierno local de Gildo Insfrán, volvió a quedar bajo la lupa, esta vez por su accionar durante un remate organizado por la consignataria Ganaderos de Formosa SRL el viernes pasado. El episodio, que incluyó denuncias de ganaderos por hostigamientos, hacienda decomisada y camioneros imputados, se enmarca en la disputa que mantiene enfrentados desde hace tiempo a aquel gobernador peronista con el senador Francisco Paoltroni, alineado con La Libertad Avanza.
El legislador, que pese a crecer en Buenos Aires desde hace tiempo se estableció productivamente en esa provincia, es actualmente dueño de aquella firma consignataria, que regularmente realiza remates en la localidad de Comandante Fontana. La última cita estaba pactada para el pasado viernes 27 de marzo, y se esperaba una participación de 2.500 cabezas. Sin embargo, 1.100 animales, propiedad de unos 50 productores, jamás ingresaron al establecimiento de la Sociedad Rural de Fontana.
Los problemas comenzaron dos días antes, en la mañana del miércoles 25, cuando la policía se apostó en la entrada del predio y comenzó a revistar a los camiones de hacienda que se disponían a ingresar.
“Los que tenían marca líquida no tenían mayores inconvenientes. Ahora bien, cuando vos no tenías a todos tus animales con marca liquida porque, por ejemplo, acopiabas hacienda, te pedían que las guías tuvieran lo que se conoce como remanente, los datos de los dueños anteriores. Esos son datos que carga el veedor del registro civil de la provincia, que no son responsabilidad ni del productor ni de la provincia”, contó a Bichos de Campo Emilia Maciel, productora ganadera y abogada, que envío hacienda a esa feria y estuvo presente durante esos controles.
De no contar con aquella información, la policía podía avanzar con el decomiso de los animales. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, con las 280 cabezas enviadas por el ganadero León Chavez, cuyos animales hoy siguen bajo la custodia de la provincia.
Pero eso no fue todo. Según señaló Maciel, otros ganaderos recibieron “aprietes” para no participar de la feria.
“Sutilmente te dejaban el mensaje de que si vos le debías algo al gobierno, si tenían algún tema con el título de tu campo, porque recordemos que muy pocos lo tienen, o si consumías agua de alguna aguada pública, mejor no asistir a la feria. Y ahí mismo, como cinco o seis camiones directamente pegaron media vuelta en la ruta. Otros, en cambio, quedaron imputados bajo el argumento de que transportaban hacienda de manera deficiente”, relató la también legisladora provincial, por el espacio de Paoltroni, quien denunció el caso en el menguado remate.
Insfran pone a la policia de Formosa a sabotear los remates de la consignataria de @PaoltroniF, con el unico objetivo de destruirlo, es su enemigo publico. pic.twitter.com/les8HLipzq
— Max a secas 🦔 (@Max_a_secas) March 29, 2026
La situación se tornó todavía más tensa cuando la policía labró las actas pero impidió a los imputados leerlas o tenerlas en su poder. Por el contrario, las autoridades las leyeron a viva voz –incluso con errores graves que quedaron registrados en varios videos, donde se mencionaba que la hacienda transportada era equina y no vacuna- y pretendían su firma de igual forma.
“Nos decían que no nos podían dar los papeles y yo les decía que ellos no eran ni ciegos ni analfabetos como para no dejarlos leer. Previo a que yo llegué, a algunos incluso los amenazaron con comerse hasta diez años por falso testimonio. Un montón de versos y los choferes aterrados”, indicó Maciel.
Según consta en la Ley 1314, que instaura el Código Rural en la provincia de Formosa, además de las guías y DTe emitido por Senasa, se deberá contar con la aclaración del mencionado “remanente” cuando se realizaran “ventas parciales entre un punto y otro”.
“Cuando se efectuaran ventas parciales, la autoridad de la localidad donde ellas se realicen recogerá la guía originaria y expedirá una nueva guía por el remanente. Al margen de la guía originaria la que deberá ser remitida al organismo competente con los certificados recogidos, se harán constar las ventas efectuadas, cantidad y marcas así como el número de orden y demás características de la nueva guía expedida”, detalla al artículo 233 de la norma.
Sin embargo, de acuerdo con Maciel, y tal como denunció luego el propio Paoltrini, aquella norma es ambigua y fue utilizada para “perjudicar a los productores”.
“Cambiaron todos los criterios de usos y costumbres que teníamos ese día en el remate. La hacienda hasta de llegar ahí pasó por un control de la policía de origen, tenía su DTe, tenía los papeles emitidos por el registro civil tal como demanda la ley. Es decir, pasó por tres organismos antes de la carga. ¿Vos me estás queriendo decir que todos ellos hicieron mal su laburo? En todo caso, la responsabilidad es de ellos”, indicó la abogada.
Pero como si eso fuera poco, la policía también consideró que la documentación estaba incorrecta en los casos en que el registro civil colocó aquellos remanentes abreviados, ante la falta de espacio en la hoja, acompañados de la firma del responsable que la certificada.
Según pudo saber Bichos de Campo, lo que yace de fondo a este conflicto es la “competencia” que existe entre el remate que organiza la propia provincia –en colaboración con una casa consignataria en particular, “Ganadera Don Raúl”, y el que lleva adelante Paoltroni, que actualmente opera con más de 600 ganaderos.
“A todos los productores nos conviene mandarle hacienda a Francisco porque es más eficiente el proceso, hay inmediatez en los pagos, mientras que con la provincia tenés que esperar hasta 3 meses para cobrar. Y hay que decir que sus instalaciones no están controladas, no tienen ni cerca los controles que atraviesa la consignataria de Francisco, a quien hoy se toma como enemigo público solo por estar en contra de la reelección indefinida de Gildo”, afirmó Maciel.
La formoseña apuntó también contra la propia Sociedad Rural de Formosa, que no salió a defender a los productores “ni se encuentra representando al sector en cuestiones de interés”.
En cuanto a los animales que permanecen incautados, uno ya falleció. Según el gobierno provincial, muchos de ellos presentaban “problemas sanitarios como desnutrición, bicheras y alta carga parasitaria”, algo que los productores negaron.
“El gobierno dice que encontraron deficiencias pero la policía no certifica nutrición animal ni nada por el estilo. Es todo muy raro”, concluyó Maciel.
