La Asociación de Productores de Soja y Maíz de Mato Grosso (Aprosoja-MT) presentó una demanda judicial contra la legalidad de denominada “moratoria de la soja” y exigió compensación económica a las principales empresas agroexportadoras.
La acción, presentada ante el Juzgado Especializado de Acciones Colectivas de Cuiabá, se dirige contra 33 acusados, entre las cuales se incluyen las filiales brasileñas de ADM, Bunge, Cargill y LDC, además de la Asociación Brasileña de las Industrias de Aceites Vegetales (Abiove) y la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (Anec).
La “moratoria” consiste en un acuerdo firmado en 2006 que prohíbe la compra de soja cultivada en áreas del bioma amazónico deforestadas después de julio de 2008, independientemente de que esa deforestación haya ocurrido dentro de los límites permitidos por el Código Forestal de Brasil. La legislación ambiental autoriza la eliminación de hasta el 20% de la vegetación en propiedades de la Amazonia, pero la moratoria impone una restricción toral.
La demanda, según artículos publicados por los sitios brasileños Agro Estadao y DBO, señala califica a la moratoria como una “restricción anticompetitiva, ilegal, abusiva e inconstitucional” y busca el fin de las exigencias que impone el acuerdo.
“Los actos realizados por los demandados en el ámbito del acuerdo sectorial denominado moratoria de la soja consisten en delitos anticompetitivos, violando diversas normas del Sistema Brasileño de Defensa de la Competencia”, argumenta el escrito de la demanda.
La asociación acusa a las empresas de formar un cártel que controla más del 95% de las exportaciones de soja brasileña. Uno de los aspectos más controvertidos que destaca la acción es la selectividad del acuerdo. “Si un determinado productor plantara otro producto (como por ejemplo poroto o arroz) en una zona desmontada en los términos del Código Forestal, la prohibición impuesta abusivamente por la moratoria no se aplicaría y las mismas empresas comercializadoras adquirirían ese otro producto originario de la misma zona cuya producción está prohibida para la soja”, destaca la petición.
La acción también cita la existencia de “listas de restricciones secretas, controladas y compartidas sólo entre empresas comerciales” que incluirían a productores considerados que no cumplen con las reglas de la moratoria.
“A través de estas listas de restricción, creadas sin la participación de los productores rurales, con parámetros y criterios de inclusión y exclusión absolutamente desconocidos, las empresas comercializadoras vienen actuando de manera coordinada/conjunta para impedir la adquisición de soja de determinados productores”, denuncia.
Aprosoja-MT sostiene que el impacto de la restricción se amplifica con el intercambio de estas listas con otros actores de la cadena del agronegocio, como financiadores, distribuidores y proveedores de insumos agrícolas, perjudicando no sólo la venta de la producción, sino incluso la siembra.
Un componente importante del argumento es la cuestión de la soberanía nacional. La entidad destaca que el pacto está liderado por empresas de capital extranjero, citando en concreto que Cofco está controlada por el gobierno chino y LDC tiene el 45% de su capital controlado por el fondo soberano de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos).
Cofco se compromete a enviar a dos compañías lácteas chinas soja brasileña libre de deforestación
“La soberanía, como si no bastara con ser también el fundamento de la República, es un principio que condiciona la libre iniciativa y la pone al servicio de garantizar una existencia digna y autónoma”, destaca la acción.
La asociación solicita a la Corte que ordene el cese inmediato de las prácticas relacionadas con la moratoria de la soja, reconozca su inconstitucionalidad y condene a las empresas al pago de indemnizaciones por daños materiales y morales colectivos.
La suma reclamada a los acusados es de 1100 millones de reales (195 millones de dólares) por daño moral colectivo a los asociados de Aprosoja-MT. Para justificar el valor, la entidad argumenta que el monto representa apenas el 0,05% de la facturación combinada de las principales compañías agroexportadoras en 2024.
Las tensiones entre las partes se han intensificado a medida que se acerca la implementación en 2026 del reglamento 1115 de la UE-27, que exige la trazabilidad georreferenciada de los productos agropecuarios para descartar a aquellos que provienen de zonas transformadas desde el 31 de diciembre de 2020.
Aprosoja-MT estima que la moratoria afecta a alrededor de 65 municipios y 2,7 millones de hectáreas en Mato Grosso, con un impacto económico de más de 20.000 millones de pesos. Las empresas mencionadas en la demanda aún no han comentado oficialmente el proceso.
Europa no tiene derechos sobre países soberanos que precisamente se independizaron de estos territorios para ser libres y tomar sus propias decisiones sin tener que preguntarles justamente a ellos! Están totalmente equivocados si piensan en que nos van a colonizar nuevamente!