El Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (CADE) decidió, como medida preventiva, suspender la denominada “moratoria de la soja” e inició un proceso administrativo contra las empresas y asociaciones firmantes del acuerdo.
La “moratoria” consiste en un acuerdo firmado en 2006 por las principales compañías agroexportadoras que prohíbe la compra de soja cultivada en áreas del bioma amazónico deforestadas después de julio de 2008, independientemente de que esa deforestación haya ocurrido dentro de los límites permitidos por el Código Forestal de Brasil. La legislación ambiental autoriza la eliminación de hasta el 20% de la vegetación en propiedades de la Amazonia, pero la moratoria impone una restricción toral.
La decisión de CADE responde a una solicitud presentada por la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA), la Cámara de Diputados, el Senado y la Asociación de Productores de Soja y Maíz de Mato Grosso (Aprosoja-MT), que en mayo pasado presentó una demanda judicial contra las empresas firmantes del acuerdo.
El procedimiento administrativo iniciado por CADE fue interpuesto contra la Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove) y la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (ANEC), así como contra 30 empresas agroexportadoras, entre las cuales se incluyen ADM, Bunge, Cargill, CHS, Cofco, LDC y Viterra, entre otras.
Según la investigación de CADE, las empresas crearon un “Grupo de Trabajo de la Soja” para monitorear el mercado y facilitar un acuerdo que estableciera las condiciones para la compra del producto en el país. El organismo brasileño entiende que ese acuerdo constituye una conducta anticompetitiva entre competidores que perjudica las exportaciones de soja.
“Ante esta situación, se adoptó una medida preventiva, determinando que el Grupo de Trabajo de la Soja se abstuviera de recopilar, almacenar, compartir o difundir información comercial sobre la venta, producción o adquisición de soja, así como de contratar procesos de auditoría”, señaló CADE por medio de un comunicado.
“Sus miembros también deben abstenerse de compartir informes, listas y documentos que sustenten el acuerdo, así como de eliminar de sus sitios web cualquier documento relacionado con la moratoria”, añadió.
Las partes representadas en el procedimiento administrativo han sido citadas a presentar su defensa. Al concluir la investigación, la Superintendencia General de CADE emitirá un dictamen concluyente y remitirá el caso al Tribunal de ese organismo. En caso de condena, las asociaciones pueden enfrentarse a multas que oscilan entre 50.000 y 2000 millones de reales, mientras que las empresas puede ser sujeto de multas que oscilan entre el 0,1% y el 20% de sus ingresos brutos del último ejercicio fiscal anterior al inicio del procedimiento administrativo.
