Ni bien asumió el cargo en diciembre de 2019, el presidente Alberto Fernández mandó eliminar aquel invento del ministro Nicolás Dujovne por el cual parte de las retenciones se calculaban a 4 pesos por dólar exportado. Así se produjo de inmediato una suba de casi 4% en los derechos de exportación descontados a los productores de granos, que en el caso de la soja pasaron de 26,5% a 30%. A los tres meses, además, el nuevo gobierno subió ese tributo a la soja del 30% al 33%.
Todo indicaría que la presión fiscal subió este último año y que los productores de soja, maíz, trigo y girasol pagan ahora más impuestos que en diciembre de 2019, cuando Mauricio Macri dejaba el poder. Pero aunque parezca increíble no es así. O mejor dicho, pagan más pero lo sienten menos.
Los últimos resultados del Índice FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina), que mide la presión fiscal sobre una hectárea agrícola de la región pampeana cada tres meses, confirman esto que parece tan difícil de comprender. ¿Cómo va a bajar la presión fiscal sobre esta actividad si lo primero que hizo Alberto fue subir los impuestos? Pero sí… Sucedió.
Lo que pasó es que en los últimos meses de este año los precios de los granos comenzaron a subir, y con eso mejoró la rentabilidad de los productores. Como el Índice FADA mide cuánto de la rentabilidad (el margen bruto) de una hectárea sembrada con granos se va luego en pagar impuestos, la suba de las retenciones se diluyó bastante y la presión fiscal cayó. Al menos en la fotografía correspondiente a diciembre de cada año.
A un año de Alberto, ese índice dió ahora 59,2% de la renta (ingresos menos costos) de una hectárea agrícola. “En otras palabras, de cada 100 pesos que genera el productor, 59,2 pesos quedan para los distintos niveles de gobierno”, según explicó David Miazzo, economista jefe de FADA.
Un año atrás, cuando Macri se iba y venía Alberto, ese mismo indicador sobre la presión fiscal había sido superior al de ahora por unas pocas décimas: arrojó un 60,4%. Es decir que la voracidad fiscal, si bien sigue siendo muy elevada, retrocedió 1,2 puntos porcentuales.
No implica que Alberto o los gobernadores de la zona centro sean buenos y mucho menos que hayan bajado los impuestos para el sector agrícola. Por el contrario, como ya se dijo, los subieron. Pero el peso de esos impuestos en la ecuación agrícola ha sido menor debido a la mejora notable de los precios de los granos este último trimestre, y por efecto además de la devaluación contante del peso y la apreciación del dólar oficial.
La mejor prueba de que en el fondo nada mejoró ha sido la medición hecha por la propia FADA realizó cada tres meses a lo largo de 2020, con el nuevo esquema de retenciones y sin esta suba de los precios. En junio pasado, por ejemplo, la presión fiscal llegó a ser del 68,3%. Es decir nueve puntos más que ahorra y ocho puntos más que en el final del mandato de Macri.
En su nueva presentación, FADA reconoce que la presión fiscal se redujo en el marco de nuevas condiciones para quienes producen granos. La principal ha sido la fuerte suba de las cotizaciones internacionales. “Respecto a diciembre de 2019, el precio FOB de la soja ha mejorado un 35%, el del maíz 31% y el trigo 28%. Esto también trajo incrementos de los precios en el mercado interno”, precisó.
Por otro lado, en los últimos 12 meses el incremento nominal del tipo de cambio oficial fue del 36%. “Que el tipo de cambio nominal no se atrase respecto a la inflación es importante en actividades exportadoras para proteger la competitividad cambiaria, aunque en contextos de brecha cambiaria cercana al 100% estos análisis de tipo de cambio real multilateral pierden vigencia”, aclaró Miazzo.
El 59,2% de participación actual del Estado en los ingresos por hectárea está compuesta por impuestos de diversos orígenes y con distintos destinos. Los impuestos no coparticipables son el 61% del total que afronta una hectárea agrícola en Argentina. En esta categoría se encuentran principalmente los derechos de exportación y el impuesto a los créditos y débitos bancarios.
Los impuestos coparticipables con las provincias absorben el 34%. Acá se ubican principalmente el impuesto a las ganancias y el IVA. Las provincias reciben parte de este 34% a través de la coparticipación y, a su vez, aplican otros impuestos. Los impuestos provinciales representan el 4,5% de los impuestos totales. Por último, los municipios aplican sus cargas impositivas y representan el 0,5% del índice FADA promedio nacional. El componente central de estos impuestos municipales son las tasas viales.
La presión fiscal es mucho más alta en la soja que en otros cultivos, por el simple hecho de que el poroto tributa 33% de retenciones, contra 12% o 9% de otros granos. Así, la participación del Estado en soja es del 64,6%, mientras que cae en maíz 49,7%, trigo 55,2% y girasol 49%.
Si el promedio nacional es de 59,2%, Córdoba registra un 58,7%, Buenos Aires 60,7%, Santa Fe 58,4%, La Pampa 58,7%, Entre Ríos 62,3% y San Luis 57,1%.
Para esas mediciones se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales y los fletes. También se tiene en cuenta cuánto de cada cultivo se produce en relación al territorio cultivado de la provincia. “Por ejemplo, en el caso de San Luis, que tiene el índice más bajo, se debe a que se produce una mayor cantidad de maíz, que es el cultivo con menos participación del Estado, no a una menor presión fiscal en sí”, explicó Miazzo.
