El inicio en Rosario del juicio contra siete productores agropecuarios de Pergamino reavivó la tensión en torno a la regulación de las aplicaciones de fitosanitarios. Los imputados llegan a esta instancia acusados de haber infringido una ordenanza municipal que fija restricciones específicas para las pulverizaciones cerca del casco urbano, pese a que ellos sostienen que actuaron bajo los criterios y distancias establecidos por la normativa provincial y nacional.
El proceso adquirió un fuerte tono mediático desde el primer día, impulsado por la presencia de organizaciones ambientalistas y vecinos denunciantes, así como por el acompañamiento de entidades rurales que cuestionan la validez técnica y jurídica de la ordenanza local.
El caso se convirtió así en un símbolo de la disputa entre regulaciones municipales, marcos provinciales y prácticas agronómicas profesionales, con un juicio que promete impacto político, productivo y social más allá de Pergamino.
Al respecto, la Asociación De Ingenieros Agrónomos del Norte de Bs. As (AIANBA) emitió un comunicado de prensa aportando conceptos técnicos, que podrían ayudar a entender la problemática de las aplicaciones de herbicidas en cercanías de los cascos urbanos.
“Frente a las exigencias de los mercados internacionales y de la sociedad en su conjunto, AIANBA, junto al sector productivo agropecuario destaca la integración de tecnología, buenas prácticas y marcos regulatorios como la fórmula para garantizar alimentos seguros y un ambiente protegido”.
Ver esta publicación en Instagram
El comunicado, firmado por Carlos Sosa y Alberto Peper, presidente y vice la entidad, fue además respaldado por entidades como las cooperativas nucleadas en Coninagro y UNNOBA, la Universidad del Norte de Buenos Aires, que tiene raíces en Pergamino y Junin, regiones agrícolas por excelencia.
Carlos Sosa, presidente de la entidad técnica, agregó en declaraciones con Bichos de Campo: “Nosotros no queremos opinar del juicio porque es una alternativa que está en la justicia y la justicia va a decidir si las cosas se hicieron bien, se hicieron mal, etc. Por supuesto que lo estamos siguiendo porque es de interés de toda la sociedad básicamente. Lo que vamos a decir es que hoy hay medios para poder hacer aplicaciones que sean relativamente seguras, con mínimo impacto en el medio ambiente y en la sociedad. Eso es lo que queremos salir a decir”.
Para aportar argumentos técnicos al debate, los agrónomos explicaron: “En un contexto donde la demanda global de alimentos de calidad y con trazabilidad es creciente, Argentina se posiciona como un actor clave en el suministro de estos productos. Para alcanzar los estándares de volumen y excelencia requeridos, el sistema productivo nacional se apoya en una gestión técnica integral que combina el uso de productos fitosanitarios dentro de un esquema de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)”.
Empero, los agrónomos de AIANBA expresaron: “Este enfoque asegura que la actividad se desarrolle de manera profesional, mediante el uso de recetas agronómicas firmadas por Ingenieros agrónomos matriculados, uso de equipos aptos y aplicaciones realizadas bajo condiciones ambientales adecuadas”.
“Este conjunto de conocimientos, procesos y tecnologías constituye una herramienta fundamental para potenciar la productividad y, al mismo tiempo, mantener e incluso mejorar el ambiente productivo. A este esquema se integran la capacitación del personal y el control de los organismos gubernamentales, conformando un sistema robusto que garantiza el cumplimiento de la ley vigente y la seguridad en cada etapa del proceso”, aportaron desde el norte de Buenos Aires.
El presidente de la entidad subrayó que hoy existen productos que están aprobados por el SENASA, que esos productos tienen que estar recetados por un ingeniero agrónomo matriculado, que se deberían comprar en un acopio o en una agronomía que esté autorizada para vender y para hacer la trazabilidad de los productos que se están aplicando, que los aplica una máquina que está homologada con un operador calificado para poder operarla, que las condiciones de clima deben ser las adecuadas para poder aplicar. “Y que después vos te asegures una buena deposición de los envases vacíos. Si vos cumplís estas condiciones, creo que estamos con la posibilidad de poder hacer aplicaciones relativamente seguras con mínimo impacto”, agregó.
Sin embargo, Sosa fue enfático al recordar: “No hay una legislación nacional que abarque todo esto. Hay poco en la legislación provincial y hay muchas ordenanzas municipales. Por ejemplo, acá en Pergamino, pasando los 3.000 metros podés hacer aplicación por avión de distancia de la escuela o del centro rural o de donde vos quieras. Podés hacer aplicaciones por avión con cualquier producto. Pero en Ramallo no. En Ramallo no podés aplicar por avión. Acá en Pergamino, a raíz de este juicio, el juez, con muy buen criterio de preservar la vida, decidió poner 1.095 metros de exclusión. A 1.095 metros de la ciudad no podés aplicar nada. ¿Por qué puso 1.095 y no 1.096. 2.000, 2.500 o 1.430? En Europa, en Francia, que son los lugares más complicados de todo esto, tenés entre 3 y 50 metros. Cuando en Estados Unidos tenés entre 3 y 30 metros. ¿Por qué puso 1.095?”.
Sosa, además, aprovechó la ocasión para exponer lo que entiende como una arbitrariedad: “Acá en el partido de Pergamino, con esta decisión del juez, a 1.095 metros no podés aplicar. Pero en Peña, que es el partido de Pergamino y está a 10 kilómetros de la ciudad de Pergamino, vos podés aplicar a partir de los 100 metros hasta los 600. Y de los 600 metros en adelante podés aplicar lo que quieras. Banda roja, trinitrotolueno, lo que sea de carne. Cualquier producto. Entonces, ¿qué pasa? Se genera también una desigualdad porque vos me decís, la vida de la persona que vive en Peña vale menos que la que vive en Pergamino. Se generan todo este tipo de situaciones porque no hay un marco normativo claro”.
El comunicado de los agrónomos cierra con una elocuente frase del acervo cultural nacional: “Como bien expresa el legado de José Hernández en el Martín Fierro, no es para mal de ninguno sino para el bien de todos. Esta premisa sintetiza el espíritu de un campo que apuesta por la profesionalización y la ética productiva como base del bienestar común y el crecimiento del país”.
