El hombre es muy poderoso, tiene amigos influyentes y no debería tener miedo: En cualquier otro lugar del mundo, nunca podría ocupar el papel de la víctima. Pero estamos en la Argentina y las enormes extensiones de campos del empresario se ubican nada menos que en la Provincia de Santiago del Estero, donde desde la explosión de la agricultura se denuncia con frecuencia la complicidad de las autoridades locales -casi evidente- con grupos de abogados y de militantes campesinos que se dedican a la usurpación de campos, en nombre de la justicia social y otras promesas que a la gente sencilla nunca se le cumplen.
El hombre es un verdadero terrateniente, además de desarrollador inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires. Sus empresas poseen nada menos que 131 mil hectáreas en la zona más fertil del este santiagueño, que su padre Ricardo fue comprando -aclaran ellos- de manera totalmente lícita. Las primeras 30 mil hectáreas las obtuvo entre 1942 y 1944, nada menos que de Federico Zorraquín. En 1964 compró varios campos más, enormes, el más significativo de ellos a Otto Bemberg. Finalmente en 1974 y 1977 completó su dotación, según el listado de escrituras que se exponen ante Bichos de Campo. Es mucho campo el que acumuló este hombre, y que su firma Los Mimbres explotaba incluso desde antes de que en los 90 se supo que la soja y la ganadería podían ser tan lucrativos allí como en la pampa húmeda.
En esos hallazgos, que multiplicaron varias veces los valores de esos campos ubicados en inmediaciones de Los Juríes, cerca de Bandera, de Añatuya y de Qumilí, en el floreciente este de Santiago del Estero, el hombre se permitió lujos impensados, como fue el de desafíar al poder político de la provincia encarnado en el gobernador Gerardo Zamora y en su eterno jefe de Gabinete, Elías Miguel Suárez, que curiosamente aparece nombrado en cada conflicto de tierras que haya en la provincia.
Hace algunos años este terrateniente, con 131 mil hectáreas en su haber, las que equivalen a casi siete veces la ciudad de Buenos Aires, seguramente creyó que era hora de renovar la política local, y entonces apoyó el nacimiento del PRO a nivel provincial de la mano de su abogado Rodrigo Posse, quien incluso llegó a ejercer un periodo como diputado provincial. En el entorno del empresario no ocultan estas simpatías políticias e incluso reconocen que hoy es el principal aportante para la campaña presidencial de Patricia Bullrich. Lo dicen como algo bueno, están convencidos de que ella y Macri son el camino. Tienen derecho a pensarlo.
El hombre se llama Guillermo Masoni, el hijo de Ricardo, heredero de una verdadera fortuna en tierras y otros negocios. Actualmente estaría fuera del país porque si vuelve a la Argentina es muy probable que termine en una prisión santiagueña acusado de liderar una asociación ilícita. En sus oficinas de la avenida Libertador, no las que le prestó a Macri sino otras igualmente suntuosas que quedan a unas cuadras de distancia, sus colaboradores temen seriamente ante esa posibilidad. En cualquier otro país sonaría disparatado. Pero estamos en la Argentina.
La apuesta de Masoni en la política local, el mencionado Posse (en la foto con Macri), a fines de septiembre fue encerrado por 48 horas en un calabozo por los mismos motivos y en un trámite judicial que al parecer fue altamente irregular. Lo fueron a buscar a la casa ocho policías de civil que ni siquiera le permitieron hacer un llamado. Posse dice con todas las letras que lo detuvieron sin darle derecho a defensa, sin avisarle a sus familiares y que a 45 días de aquel incidente todavía no pudo ver el expediente en que se lo acusa. A él y a Masoni. Apunta sin vueltas hacia el juez Darío “Lalo” Alarcón como el responsable de semejante injusticia. Lo tilda como servil del poder de Zamora y todos sus alrededores.
Uno diría que son solo chicanas de la política y que no vale la pena detenerse demasiado en estos pormenores, pues finalmente la gente rica tiene abogados y termina resolviendo sus pleitos de alguna manera y no como los pobres que se llevan sus cuitas hasta la tumba. Pero hay mucho más detrás de esta historia que solo podría ocurrir en la Argentina: la del terrateniente que en vez de usurpar más campos termina siendo usurpado por grupos de campesinos sedientos de reparación. O lo que es peor, por los políticos, abogados y militantes -de uno y otro lado- que abrevan de esa gente humilde y hacer negocios a partir de sus necesidades.
En las últimas semanas, desde la detención de Posse y el escape del terrateniente para ponerse a salvo de la justicia santiagueña, se han producido diferentes tomas, ataques y amenzas sobre diversos campos de propiedad de los Masoni, al menos hasta que la justicia dictamine lo contrario. La firma denuncia que ya ha perdido el control de unas 4.000 hectáreas, lo que es un 4% del total. Pero también advierte que están amenazando a sus encargados, de modo de asustarlos para que se alejen de los lugares que todavía conservan. Hay denuncia policial por todos estos casos. Pero eso no quiere decir que la polcía santiagueña vaya a moverse rápido.
- 27/10/2022 Lote 62-B (La Rinconada). El puestero informa la presencia de personas ajenas a la empresa en el lote. Cuando les preguntó qué hacían, le contestaron que “no se moverían del lugar y que pronto irian a ayudarlos gente del Mocase por orden del Gobierno de la Provincia”. Es lo que hicieron horas más tarde. }
- 28/10/2022 Lote 53-a-1-A (El Destino): Se le encarga a la empresa contratista que se ocupa de la fumigación de cierto campo sembrado. El contratista encontró la puerta de ingreso atada con alambre porque habían roto el candado. Luego, el 5 de noviembre, el encargado del campo informa “movimientos ajenos” y encuantra a varias personas que “han usurpado el campo”. De nuevo identificaron a gente de Mocase, que “tomaron el campo para recuperarlos porque les pertenece”.
- 01/11/2022 – Lote 2 y 1-c-2 (La Esperanza): La puerta estaba sin candado y clausurada. Un lote está usurpado y han hecho tala raza
- 02/11/2022 Lote A-6-A (La Simona): Un lote de 16 hectáreas cedido a un poblador sobre la zona urbana del pueblo de La Nena fue usurpado.
- 07/11/2022 – Lote 3 (la Esperanza): En una recorrida de rutinase encuentra a dos personas cortando los alambres de una puerta. “Al ser consultado “qué hacía?” manifestó “que iba a entrar al que era su campo, que lo iba a recuperar, que va a limpiar el campo donde vivía y que iba a hacer un alambrado en el lote 5 del campo La Esperanza, sobre la cortina para recuperar su antigua entrada”. Luego toman otros dos lotes sembrados. El sabado 12 de noviembre incluso se encontró un silobolsa con semilla de soja dañado.
Frente a estan saga y luego de la “arbitraria” detención del abogado de la familia y la acusación contra sus dueños por asociación ilícita, los Masoni creen que existe una ofensiva clara contra la empresa, que podría implicar la pérdida de más territorio si nadie pone freno a esta situación y detiene la pelota, especialmente en momentos en que el Mundial de fútbol distrae todas las miradas. El que debería intervenir es el poder judicial de la provincia, queda claro. Pero el entorno del terrateniente desconfía mucho y ha pedido que las denuncias se repliquen en el ámbito federal. También, ¡a quién se le ocurre desafíar el poder de los políticos santiagueños y además apoyando activamente a Macri y a Bullrich!
Las masas campesinas enroladas en el Mocase (un movimiento político ligado al kirchnerismo que alguna vez luchó por los derechos campesinos pero que ahora viene acumulando denuncias de otros campesinos a los que se les están quitando sus tierras) parecen avanzar con la evidente complicidad del poder político local. Es momneto de revancha. Al menos es lo que afirma el abogado Posse, que pudo recuperar su libertad pero todavía afirma desconocer de qué se lo acusa.
En algunos medios locales el juez Alarcón ha brindado una explicación muy sonora: los Masoni y sus colaboradores estarían siendo acusados de hacer lo que ahora padecen, que es usurpar campos. En años remotos, la supuesta asociación ilítica que los acusan de integrar habría quitado 250 mil hectáreas de campos (el doble de las que figuran en las escrituras que ellos dicen poseer) a campesinos y poblaciones indígenas. Es lo que les cuenta el juez a los medios locales. Incluso ordenó allanamientos en las oficinas porteñas de los involucrados.
“Las investigaciones surgieron en el año 2013 a raíz de las denuncias presentadas por la fallecida abogada Leticia Mabel Bravo y, posteriormente por el Dr. Carlos Weyembergh en forma acumulativa y en representación de cientos de familias damnificadas contra una presunta asociación ilícita integrada por Guillermo Masoni, Horacio Masoni, Eduardo Miguel Carlón, Miguel Cabrera, los abogados Rodrigo Posse y Juan José Díaz y una escribana”, resume la prensa santiagueña, dando a entender que -a casi diez años del inicio de la causa-, el magistrado Alarcón tiene de dónde agarrase para pedir las detenciones de todos los involucrados.
Posse, el abogado de los Masoni, dice que es todo una gran fantochada. Y revisa la historia reciente para tratar de encontrarle una explicación a semejante desaguisado político y judicial. Él mismo fue contratado por los Masoni cerca de 2012, cuando eran frecuentes los conflictos por la usurpación de campos en un Santiago del Estero conmovido (y tentado) por las mieles de la soja. En aquella ocasión, la compañía del terrateniente sufrió la toma en un establecimiento llamado Campo San Martín, que nunca pudieron recuperar pero por el cual siguen litigando. En aquel momento, acusaron judicialmente de motorizar esa usurpación a un grupo de abogados cercanos al poder político, liderado el mencionado Carlos Weyembergh, con quien colaboraba la otra letrada de nombre Mabel Bravo.
No pasó nada con aquella denuncia y un año después, en 2013, fue la abogada Bravo (hoy fallecida) la que inició -afirman que “como vendetta”- otra denuncia penal contra los Masoni, acusándo a los terratenientes de ser quienes habían usurpado las improbables 250 mil hectáreas de campos. Es aquella causa la que el juez Alarcón ha resucitado después de una década y que le ha permitido pedir la detención de todos los involucrados desde septiembre pasado. Pero en declaraciones al diario Perfil, el abogado Weyembergh defendió su denuncia y explicó que los Masoni “armaron los papeles truchos para quedarse con los campos en 1964 y 1965. Recién en 1989 ellos aparecen por Santiago y presionan a los pobladores para echarlos de sus viviendas. Empezaron a armar causas a la gente”.
Como sea, desde que esta causa estalló se vienen sucediendo las usurpaciones denunciadas por del empresario amigo de Macri. Acumulan las mencionadas 4.000 hectáreas. El supuesto usurpador es ahora el usurpado. Y nadie en Santiago parece estar moviendo un dedo para evitarlo.
Esta es la versión, claro, de los supuestos damnificados de la injusticia que estarían cometiendo la justicia santiagueña, complotada con dirigentes campesinos y digitada por altos funcionarios de Zamora en contra de un grupo empresario que dice tener todas las pruebas (las escrituras) para demostrar que los campos son de su propiedad desde mucho antes que comenzaran estas trifulcas en los tribunales e incluso antes de la existencia del Mocase. Sería muy fácil de probar o desmentir. Pero creen los empresarios que todo este plan para quitarles miles de hectáreas se originó en su filiación claramente macrista. “Es política”, dicen.
Esta ofensiva contra Masoni, desde esta mirada, comenzó a fines de 2021, cuando una empresa del grupo llamada Cilsa Agro SA, puso en venta varios miles de esas hectáreas que poseían entre las estancias ubicadas en los departamentos Ibarra y General Taboada, en el este santiagueño. A partir de esa decisión, dicen sus abogados, fue imposible entenderse con el sector público santiagueño. Primero la Oficina de Catastro les rechazó durante varios meses los pedidos de registro de esos campos. Luego apareció la orden del juez Alarcón de no mover ningún expediente vinculado al grupo. Finalmente todo terminó en septiembre con la orden de detención contra Masoni y varias personas, entre ellas el abogado Posse.
Más allá de la ofensiva judicial, está el avance de la militancia campesina, que marcha por caminos paralelos. Su relato puede leerse con claridad en la publicación Al Revés sobre este caso. Allí los voceros del Mocase acusan al terrateniente de utilizar “títulos de propiedad falsos para engañar y desalojar a muchas familias campesinas y pueblos originarios que habitan el lugar desde hace más de 100 años”. Hacen referencia concreta a otro de los campos del grupo empresario, La Simona, que el mismo grupo dice haber adquirido en agosto de 1974. Las fechas no cierran por ningún lado.
“En diálogo con Al Revés, Antonio Campana -integrante del grupo de abogados del Mocase y militante de la organización- aseguró que los Masoni tiene una fijación esas tierras desde hace años. Las amenazas, los hostigamientos y el engaño son las estrategias implementadas”, dice esa crónica que -por cierto- aporta pocas pruebas. Luego cita a Adolfo Farías, uno de los principales dirigentes nacionales del Mocase, quien declara que “mi viejo no sabía leer y le querían hacer firmar con el dedo”. Farías aprendió a leer y escribir. Desde hace años es funcionario en la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del gobierno nacional. Bien podría tener acceso a las escrituras para desenrrollar este pesado ovillo.
Como sea, no es la primera vez que La Simona, uno de los establecimientos en el cual ahora se denuncian usurpaciones, aparece envuelto en un conflicto. En septiembre de 2000 son los campesinos de la zona los que denuncian una avanzada de las topadoras enviadas por el empresario al lugar, con pretensión aparente de queres arrebararles 4.500 hectáreas que las comunidades locales reclamaban como propias. “Los propósitos del terrateniente Masoni no pudieron consumarse por la firme resistencia de hombres, mujeres, niños y jóvenes que se pusieron delante de las máquinas para impedir su avance. Desde entonces, La Simona se convirtió en un símbolo de la movilización y resistencia campesina, pues allí se instaló, a la sombra de quebrachos y algarrobos, la Carpa Negra Campesina” del Mocase, dice una crónica de aquellos tiempos.
“Nunca desalojamos a nadie, a pesar de tener las escrituras desde muchos años antes”, se defienden desde las oficinas del grupo empresario en el partido de Vicente López. Según esta versión, la mejor prueba de ello es que ellos donaron cerca de 3.000 hectáreas a los pobladores que vivían en el lugar para resolver este tipo de conflictos. Todo ese proceso de conciliación quedó consagrado en un acuerdo firmado en octubre de 2015 en la Sala de Gobierno de Santiago del Estero, con la presencia de Masoni, el jefe de Gabinete Elías Suárez; y nada menos que la esposa de Gerardo Zamora, Claudia, que por entonces oficiaba de gobernadora y mantenía la silla caliente.
En aquella ocasión,en rigor, Suárez resaltaba “la disposición política del ex gobernador doctor Gerardo Zamora, quien al poco tiempo de asumir su gestión, me dio la instrucción de encontrar mecanismos institucionales para establecer mecanismos de diálogo y debate de todos los sectores de la sociedad, en especial de los sectores más postergados. Así se generaron las mesas de diálogo”.
Zamora regresó al cargo y Suárez sigue continúa siendo una suerte de monje negro del gobierno. El Mocase sigue muy activo y mueve las piezas en el territorio, frente a la inacción de la justicia que no termina de definir quién realmente es el usurpador. Porque el terrateniente Masoni ya no es amigo del poder ni merecedor del diálogo: su evidente filiación macrista lo ha convertido en víctima de una serie de ataques que parecen habilitadas desde el poder político santiagueño.
-¿Y por qué no le piden ayuda a su amigo Macri, que con un tuiter puede instalar el problema en la agenda pública de inmediato?- preguntó Bichos de Campo a quienes se presentan como damnificados.
-Macri nos pidió información y está al tanto de todo lo que sucede. Pero ahora está con el Mundial. Seguramente a su regreso se involucrará- fue la respuesta.
La causa es muy simple, si Masoni tiene las escrituras en donde dice que es dueño de las tierras se termina la causa… Pero como los papeles que tienen son truchos buscan politizar la causa. En Santiago no se jode, por mas presion mediatica y tweet de Macri.