Mientras localidades como Cafayate, en Salta, y Concordia, en Entre Ríos, festejan haber sido declaradas por Senasa Áreas Libres de Lobesia botrana, más conocida comúnmente como “la polilla de la vid”, la región del Cuyo continúa dándole pelea a esta plaga que amenaza la producción de vid. Tal es el caso de la provincia de Mendoza, que solicitó al gobierno nacional asistencia económica urgente para afrontar la próxima campaña de control de este insecto.
“El Comité Técnico abocado a este severo problema ha determinado que una campaña de control de dimensiones necesarias para evitar pérdidas significativas a causa de la plaga y avanzar hacia su erradicación, requiere un presupuesto de 1.382.000 pesos”, afirma la carta que con fecha del 22 de junio el ministro de Economía de Mendoza, Enrique Vaquié, le envió a Luis Basterra.
La Lobesia botrana es una plaga cuarentenaria que produce pérdidas en los volúmenes de producción, menor rendimiento por planta y afecta además la calidad de la fruta. Asimismo, favorece el ataque de diversos hongos patógenos que provocan la podredumbre del racimo.
En 2010, el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana del Senasa declaró la Emergencia Fitosanitaria y estableció una red de monitoreo en todas las zonas de producción vitivinícola del país.
Como pasaban los días y la cartera agropecuaria nacional no emitió respuesta al pedido de Mendoza, que suele repetirse todos los años, Vaquié comenzó a utilizar las redes sociales para vehiculizar su mensaje.
“La inversión y el trabajo para hacer retroceder la plaga de la Polilla de la Vid no puede quedar inconcluso. Por eso le solicitamos a Basterra asegurar los fondos para darle la continuidad necesaria al programa de erradicación”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.
La inversión y el trabajo para hacer retroceder la plaga de la Polilla de la Vid no puede quedar inconcluso. Por eso le solicitamos a @LEBasterra asegurar los fondos para darle la continuidad necesaria al programa de erradicación @rodysuarez pic.twitter.com/tpjJxHtfFY
— Enrique Vaquié (@evaquie) July 13, 2021
En otra publicación agregó además que “junto a la nota oficial, le enviamos los avales al Ministerio de Agricultura de la Nación de las principales entidades vitivinícolas de la provincia. Creemos que a la par de la recuperación de los precios es imprescindible sostener el volumen que producen las fincas de Mendoza”.
¿A qué se destinará ese dinero? Principalmente a la compra de difusores de feromonas que se utilizan en la Técnica de Confusión Sexual (TCS). Esta consiste en difundir permanentemente, durante el vuelo de adultos, la feromona sintetizada por las hembras en las cepas para “confundir” al macho y dificultarle su localización y acoplamiento, para evitar que la hembra sea fecundada.
Ahora bien, ¿debe el Estado Nacional sostener esta campaña sanitaria? Para responder eso hay que recordar que en noviembre de 2015 se aprobó la ley nacional 27.227, que obligaba al gobierno a destinar un aporte progresivo durante cuatro años, para financiar la campaña. Si bien ese plazo ya fue superado y en teoría no hay un marco normativo vigente que avale este pedido, lo cierto es que la legislación no se cumplió como corresponde. De hecho en 2018 la misma todavía no había sido reglamentada y este gasto no se incluía en el presupuesto nacional.
De nuestro archivo: Lobesia: La privatización de una lucha sanitaria y una ley apolillada
Recordemos brevemente lo que ocurrió con esos fondos. Según la ley, en 2016 el Estado iba a aportar un presupuesto de 300 millones de pesos para enfrentar la plaga y permitir que los productores de menos de 25 hectáreas quedaran exentos de cualquier costo de insumos. Pero ese año los fondos se demoraron y llegaron a Mendoza solo algunos pocos recursos.
En 2017 se habló de 400 millones de pesos que nunca figuraron en el presupuesto nacional. En 2018 Alfredo Cornejo tuvo que intervenir en las negociaciones, para destrabar un aporte de 100 millones de pesos de la Nación, al cual la propia provincia sumaría otros 50 millones. Esto fue celebrado desde el gobierno pero lo cierto es que los fondos se redujeron considerablemente. Un dato no menor es que en este cálculo la provincia de San Juan, la otra importante productora de vid, no recibió un centavo.
Esta mala gestión normativa de alguna forma habilita que este sector productor reclame esta asistencia monetaria, aunque los funcionarios provinciales tampoco aclaran cuánto podrán aportar de su propio tesoro.
“Buscamos que los productores tengan previsibilidad y mejores condiciones para seguir generando empleo, mantener al vino como bebida de los argentinos y proyectar al país en el mundo con la calidad que nos identifica. Solo los esfuerzos conjuntos construyen grandes resultados”, señaló Vaquié.
“La demora en la resolución necesaria respecto a lo planteado implicaría la pérdida en la oportunidad de realizar las acciones de control en el momento en que efectivamente se precisan, y con ello, se perjudicaría sustancialmente respecto a los estándares de control que en las últimas campañas se han podido alcanzar”, concluyó.
