El presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, está de viaje en la tierra de sus ancestros, Croacia, participando de una conferencia que casi nada tiene que ver con su tarea oficial al frente del organismo tecnológico: participa de una conferencia sobre la “emigración croata y el desarrollo económico”.
Más allá de la valoración sobre la oportunidad de dicho viaje, cuyo costo pagarían los croatas, los permisos que Bronzovich recibió para hacerlo son más bien precarios, pues tanto los funcionarios del Gobierno libertario como los dirigentes de la Mesa de Enlace se están haciendo los boludos a la hora de reimplantar los sistemas de gobernanza del Instituto. Desobedecen así las órdenes que les dieron tanto la justicia como el Congreso Nacional.
Sí, también los dirigentes rurales que tanto manifiestan valorar la institucionalidad y el debate democrático se están haciendo los distraídos y siguen sin convocar a sesionar al Consejo Directivo del INTA, que integran en su mayoría. Se trata del máximo órgano de conducción política, una pieza clave para que el andamiaje administrativo del Instituto pueda funcionar. El consejo directivo nacional debe decidir todo tipo de cosas, incluso los traslados del personal. Por caso, este viaje de Bronzovich a Croacia también debería haber sido aprobado por votación en el seno de dicho consejo. Ante la falta de reuniones, lo hizo solamente el vice.
Lo dicho: Han pasado casi dos meses desde que el Congreso Nacional derogó el mega decreto 462/2025 motorizado por el gobierno (especialmente por el ministro Federico Sturzenegger) para intervenir y degradar a todos los organismo descentralizados dependientes del Ministerio de Economía, entre ellos el INTA. La votación definitiva sucedió el 21 de agosto y días previos había habido un fallo de la justicia federal en el mismo sentido. La orden clara fue dar marcha atrás con la eliminación del Consejo Directivo del INTA que se había decidido por dicho decreto para poder concentrar así todo el poder de decisión en un presidente designado por el Ejecutivo, el mencionado Bronzovich.
Pero desde entonces, hace casi dos meses, el Consejo Directivo del INTA no se ha reunido: no fue convocado ni por el funcionario que ahora se fue de viaje ni por los directivos que lo integran, y que responden tanto al Poder Ejecutivo Nacional (con tres sillas de las diez) como a las universidades nacionales (dos sillas) como a las entidades agropecuarias (cinco sillas, con cuatro en poder de la Mesa de Enlace y una para los grupos CREA).
La consecuencia de esta insólita demora en poner en marcha los mecanismo institucionales históricos que deben comandar el Instituto es que se retrasa la necesaria formulación de una agenda de trabajo que le permita al INTA salir del marasmo en que lo han sumido los funcionarios libertarios luego de más de un año de intentar sin éxito ponerlo de rodillas, con el declarado objetivo de achicar la planta de personal un 25%, poner en venta miles de hectáreas de campos experimentales y eliminar todas las áreas de extensión y transferencia tecnológica a los productores.
Porque hasta aquí de Javier Milei y los suyos solo se conocen esas intenciones. No se ha presentado hasta ahora ningún otro plan estratégico para modernizar el INTA de parte de Bronzovich ni de los funcionarios que lo sostienen en el cargo. Mucho menos del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, de quien depende el instituto.
Como sea, el Congreso ordenó el 21 de agosto (por abrumadora mayoría) desandar ese camino autoritario y reimplantar el sistema de gobernanza colegiado, donde es visible la responsabilidad de las propias entidades gremiales de productores (Federación Agraria, Coninagro, la Sociedad Rural Argentina y CRA). El propio Poder Ejecutivo admitió que no le quedaba más remedio que reimplantar el Consejo Directivo de diez miembros como máxima instancia de decisión. Economía incluso desandó varios decretos y cerca de 300 despidos decididos en el breve lapso que duró la intervención.
El consejo directivo del INTA no necesita permiso de nadie para autoconvocarse y volver a sesionar, si al menos 6 de sus 10 miembros así lo deciden. De eso se trata ejercer la autarquía que le devolvió el Congreso: para decidir las cosas: no hay que pedirle permiso ni a Sturzenegger, ni a Juan Pazo ni a Luis Caputo y mucho menos a Iraeta o Bronzovich. En todo caso, lo normal era que el presidente del INTA convoque a reunión una vez por mes. Pero si éste no lo hace, sí se hace el otario como sucede ahora, entonces bien puede suceder que la mayoría de consejeros se autoconvoque.
Sin embargo, no está sucediendo ni una ni otra cosa. Y desde el gobierno y las propias entidades que conforman el Consejo Directivo se están burlando de la decisión emanada del Congreso. También parecen burlarse de la necesidad de unas 6.000 personas que trabajan en el INTA, muchas de ellos detrás de investigaciones importantes, que necesitan que el organismo recupere cierta normalidad y retome un funcionamiento previsible. Desde cuestiones presupuestarias hasta decisiones de rutina (como la aprobación del viaje del propio Bronzovich a Croacia) son muchas las cosas que han quedado en el tintero.
¿Y por qué no sesiona el Consejo Directivo? A esta altura queda claro que los máximos dirigentes de las cuatro organizaciones agropecuarias, que ya venían mostrando una pasmosa docilidad frente a la motosierra libertaria y su apetencia por la venta de campos, se están mostrado de nuevo muy funcionales a la estrategia del gobierno, que parece únicamente la de ganar tiempo para poder recomponer fuerzas y quizás volver a la carga después de las elecciones legislativas de medio término. ¿Volver a la carga para mejorar realmente el INTA o simplemente para vender los campos y despedir al personal?
Como sea, las entidades rurales y las universidades (que podrían tener mayoría automática para sesionar) han aceptado hasta aquí con llamativa paciencia los artilugios puestos en marcha por el secretario de Agricultura. Iraeta tras la votación en el Senado convocó a los dirigentes de la Mesa de Enlace el 31 de agosto, con la promesa de volver rápidamente la normalidad. Sin embargo, ha transcurrido ya todo el mes de septiembre y la mitad de octubre sin que suceda nada. Las reuniones cada quince días se repiten pero son inconducentes. El INTA no ha vuelto a funcionar.
¿Cuál es el escollo para poner manos a la obra y comenzar a reconstruir el INTA? Iraeta -que es concuñado de Juan Pazo, el mayor responsable político de este año y medio de tiempo perdido- les dijo a los máximos dirigentes rurales que antes de volver a convocar al Consejo Directivo este cuerpo colegiado se debería “oxigenar”, removiendo a algunos de sus integrantes. La excusa formal que esgrime la autoridad es que ya han cumplido con sus tiempos de mandato. Pero la realidad es que se apunta a remover a ciertos consejeros que más se opusieron internamente al ajuste feroz que proponía el gobierno.
Es decir, sin más miramientos, el gobierno exige la cabeza de los representantes de CRA, de Coninagro y de los grupos CREA. Es evidente que quiere representantes rurales menos rebeldes ante sus planes. Con miembros del ruralismo “afines” y sus tres consejeros propios, queda claro que el Poder Ejecutivo tendría la mayoría.
Salvo CRA, que ha rechazado esta pretensión alegando que su representante Sergio Melgarejo está perfectamente dentro de los plazos legales de su mandado y no será removido, y la Federación Agraria (que nombró hace pocos meses a Gustavo Tettamanti), las otras entidades han entrado en un mar de dudas, que incluso provoca grietas entre sus cúpulas y sus bases. Lo cierto es que este debate no justifica ninguna demora en reimplantar el Consejo Directivo. Perfectamente puede sesionar mientras se resuelven este tipo de cuestiones legales.
Los representantes en el CD de las facultades de Agronomía y Veterinaria, Jorge Omar Dutto y Guillermo Bernardes, también han sido tema de análisis. Hace algunas semanas, la Secretaría de Agricultura y la propia Mesa de Enlace (que en este tema, no hace más que aparecer como un anexo del gobierno), consultaron a las académicas AUDEAS y CONADEV sobre la continuidad o no de sus representantes con mandato. En estos casos, están absolutamente vigentes y no pueden ser removidos.
Lo cierto es que esta “oxigenación” actúa solo como un argumento para ganar tiempo. No es, además, algo en lo que honestamente esté pensando el Poder Ejecutivo para barajar y dar de nuevo. De hecho, Agricultura no produjo casi ninguna oxigenación propia para encarar la nueva etapa. Ratificó a Bronzovich como presidente pese al visible desgaste que sufrió todos estos meses (ya hay pocos empleados del INTA que conserven respeto por su figura), ascendió al chaqueño Carlos Alberto Vera a vicepresidente, y solo designó como cara novedosa a la productora cordobesa María Inés Amuchástegui, pero para reemplazar el lugar vacante que dejó la ex vicepresidenta María Beatriz Pilu Giraudo, quien migró hacia el Senasa.
Así que todo se trata de una excusa, queda claro. Lo cierto que ya van dos meses y el INTA no recuperó todavía el carril normal que le asegure un mínimo funcionamiento. Es una burla clara de Iraeta y compañía a las decisiones del Congreso.
“Vale destacar que la responsabilidad de quienes lo presiden es máxima. Pero también las demás instituciones que conforman este cuerpo de 10 representantes tienen exactamente la misma responsabilidad, por lo que no se comprenden las razones para que la Mesa de Enlace no haya tomado una postura clara dentro de la Ley de conformarse y sesionar inmediatamente una vez resuelta la vuelta a foja cero del Decreto 462”, comentó a Bichos de Campo un observador de esta dinámica.
Dicho observador tiene claro que todo es una estrategia del gobierno para limar las resistencias dentro del organismos tecnológico, para así poder volver a la carga: “Queda claro que estos cambios se pretenden en el sentido de conseguir mayorías que habiliten continuar destruyendo y enajenando el INTA, porque no podría esperarse otra agenda por parte del actual gobierno. De otra manera, no se comprende la dilación del funcionamiento institucional e incumplimiento de las responsabilidades fijadas por la ley”.
Por lo pronto, el presidente del INTA anda por Croacia, y nadie parece estar preocupado por lo que debería ser el objetivo de todos: poner a trabajar el INTA, corrigiendo lo que haga falta, en función de los intereses nacionales. Es algo que todos dicen querer hacer pero nadie está haciendo realmente.
