La noticia del día no es un “acuerdo” entre el Estado argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino más bien un “acercamiento de posiciones” para evitar que el país ingrese en cesación de pagos con el organismo.
El aspecto central es que en el plano fiscal se habría logrado un entendimiento entre ambas partes sobre la reducción gradual del déficit fiscal con una meta del 2,5% del PBI en 2022, del 1,9% en 2023 y del 0,9% en 2024 para llegar al 2025 con cero déficit fiscal.
“De todas maneras, esta dinámica fiscal no se alcanzaría mediante una reducción real del gasto público, sino exclusivamente como consecuencia del incremento de los ingresos del Estado derivados de la continuación de la recuperación económica”, advirtió un informe de Invecq Consulting.
Es decir: el gobierno de Alberto Fernández descarta realizar una reforma tributaria orientada a disminuir la enorme presión impositiva que debe hacer frente el sector privado. Es más: la principal fuente de reducción del gasto vendrá de la mano de una caída de los subsidios energéticos que se traducirá en un aumento de las tarifas de electricidad y gas.
Seguirán vigentes los controles de precios, las intervenciones de mercado y el cepo cambiario, con lo cual los sectores clave del sector privado, como es el caso del agroindustrial, no puede esperar –tal como viene sucediendo– incentivos para incrementar la producción.
El acuerdo con el FMI, una vez firmado, implicaría un desembolso bruto equivalente a los vencimientos que hay por delante. “Esto quiere decir que cada vez que haya un vencimiento, el FMI le giraría al país los recursos necesarios para que éste cumpla con el pago”, explica el informe.
Además, habría un financiamiento neto de aproximadamente 4500 millones de dólares en concepto de devolución de los pagos de capital hechos el año pasado y el del día de hoy por 700 millones de dólares. Ese nuevo préstamo empezaría a devolverse recién en cuatro años y medio, es decir aproximadamente en 2026.
“El objetivo inmediato que era calmar al mercado fue parcialmente cumplido. El precio de los bonos tuvo una sensible recuperación, haciendo descender al riesgo país por debajo de los 1850 puntos y los dólares paralelos bajaron entre 7 y 10 pesos según el mercado. Sin embargo, en el mercado oficial el Banco Central (BCRA) tuvo que volver a intervenir y en la rueda sacrificó 80 millones de dólares. Es decir que en principio el anuncio no fue lo suficientemente sólido como para revertir pro completo las tensiones”, comentó Invecq Consulting.
¿Qué puede esperarse hacia adelante? La consolidación de la fuerte estanflación de largo plazo que acarrea la economía argentina desde el año 2011 y eventualmente alguna inestabilidad cambiaria.
“En cuanto al horizonte corto plazo, la pregunta relevante es si con las pautas fiscales y monetarias trazadas, más el giro de aproximadamente 4500 millones de dólares en concepto de devolución de los pagos hechos hasta el momento y algún financiamiento extra que podría venir de otros organismos internacionales, es posible o no transitar los dos años hasta un posible cambio de gobierno evitando una disrupción cambiaria y una aceleración inflacionaria que nos lleve a otro ciclo recesivo”, se pregunta el documento.
“Esta sería la apuesta del gobierno y del FMI: no comprometer reformas de fondo e intentar blindar los próximos 24 meses sin exigirle un ajuste tan significativo al actual gobierno. Si esa fuera la apuesta, nuestra impresión es que el ‘puente’ no es lo suficientemente sólido como para garantizarlo. El nivel de reservas en el BCRA y las proyecciones de flujos de dólares en los próximos meses estarían indicando la necesidad de contar con mayores desembolsos por parte del FMI como para evitar una nueva crisis cambiaria”, advierte.
