La pesadilla de los incendios registrados en varios sectores de las provincias de Misiones y Corrientes, lejos de haber terminado, recién comienza.
Porque, más allá de las lluvias que en algún momento llegarán –ojalá pronto– para terminar con los focos activos, un nuevo marco normativo, aprobado el año pasado en el Congreso, introduce un problema adicional a los empresarios afectados.
En 2021 se aprobó una iniciativa promovida por el kirchnerismo, que terminó siendo la Ley 27.604, por medio de la cual se estableció que en caso de incendios provocados o accidentales en bosques implantados se prohíbe por 60 años “realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio”.
En el caso de los campos incendiados dedicados a actividades agropecuarias, esa restricción rige por un plazo de 30 años para impedir “cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio”.
La cuestión es que, además del daño que deberán asumir las empresas, las mismas se encontrarán con un problema adicional al momento de intentar salir a flote.
Por ejemplo: un campo forestal con un planteo silvopastoril, afectado en un 100% por los incendios, ¿debería volver a plantar toda la superficie con árboles para poder introducir nuevamente hacienda al establecimiento? ¿Y si no tiene recursos para hacer eso y solamente puede aceptar ganado en el marco de un contrato de capitalización? ¿Tendrá que dejar el campo “pelado” hasta conseguir los recursos para volver a forestarlo?
Tal ejemplo, entre muchos otros, muestra el despropósito de la legislación diseñada y promovida el año pasado por el kirchnerismo, dado que, luego del desastre productivo, las empresas afectadas tendrán muy limitadas las posibilidades de las medidas por asumir para reiniciar actividades.
Increíblemente, la norma aprobada el año pasado no introduce ninguna regulación relativa a la introducción de protocolos de acción orientados a evitar la propagación de focos de incendios, lo que introduce un interrogante importante sobre la verdadera naturaleza de la legislación.
