A fines de julio pasado Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, países integrantes del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), emitieron una declaración para solicitar a la Comisión Europea que postergue la implementación del reglamento 2023/1115 “antideforestación”.
“Esa petición va a ser respondida por las autoridades (de la UE-27)”, adelantó este miércoles Viktoria Lövenberg, jefa de la Sección Económica y Comercial en la Delegación de la Unión Europea en la Argentina, durante una charla ofrecida en el Congreso Internacional del Maíz que se está realizando en la ciudad de Córdoba.
“Los productores porcinos europeos necesitan la soja (importada) y nuestro mayor interés es que después del 30 de diciembre de este año no se trabe el comercio”, se esperanzó Lövenberg, para luego añadir que, con la plataforma Visec, “Argentina está muy bien parada (para cumplir con el reglamento 1115) y eso le puede dar una ventaja competitiva”.
“En la Argentina vemos grandes esfuerzos: fue el primer país que realizó envíos de soja y carne a la Unión Europea para testear el funcionamiento de la plataforma diseñada para cumplir con el reglamento”, remarcó.
El nuevo marco normativo establece que clasificará a los países, o incluso a regiones dentro de ellos, como de riesgo “bajo”, “estándar” o “alto”. Los productos de países de bajo riesgo estarán sujetos a un procedimiento simplificado de control, el cual se intensificará de manera proporcional en las siguientes dos categorías. Todos los países serán considerados inicialmente como de riesgo “estándar” y luego serán recategorizados por la UE-27 en función de la documentación y garantías presentadas por los mismos.
Al respecto, Lövenberg dijo que el sistema de evaluación comparativa para clasificar a los países en categorías de riesgo bajo, medio y alto “es un ejercicio que sigue en desarrollo y está progresando más lentamente de lo que se esperaba”.
En el mismo panel que la funcionario europea participó Federico Zerboni, empresario agrícola y presidente de Maizar, quien resaltó que con la nueva normativa lo que está en juego es mucho más que un certificado de deforestación”.
“En enero (del año que viene) se empieza a discutir (la inclusión en la normativa europea de) humedales y pastizales ¡Imagínense! ¿Tenemos que discutir todo esto? ¿Quién va a pagar todas estas certificaciones?”, se quejó.
Zerboni señaló que la cadena agroindustrial argentina en su conjunto debería tomar una decisión sobre la materia porque lo peor que puede suceder son las posiciones diferenciadas al respecto.
“Está faltando una definición del sector productivo argentino por sí o por no. ¿Nos conviene abrir la puerta a esto o tenemos que pedir más dialogo?”, preguntó.
“Yo no quiero discutir estas cuestiones con el Unión Europea porque creo que no corresponde. Es un reglamento unilateral e impuesto y eso no corresponde porque debería ser consensuado”, remarcó el presidente de Maizar.
Debemos aprovechar posibilidad de.postergar la norma propuesta. Para los del norte argentino es muy perjudicial.