Días atrás, Bichos de Campo dio a conocer los detalles de la decisión judicial que paraliza la actividad maderera en Chaco y vuelve a generar rispideces entre el sector productivo y referentes ambientalistas. Pero no fue esa la única gran novedad que trajeron los últimos días del 2025, porque, en paralelo, la megacausa penal de la “mafia de los desmontes” también tuvo un avance significativo.
Se trata del señalamiento a un entramado de empresarios, funcionarios y legisladores provinciales, acusados de propiciar el avance sobre el bosque nativo con fines económicos e incurriendo en otros delitos, como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias, malversación de fondos y asociación ilícita.
La causa, que ha motivado ya varios recursos de amparo en Chaco y hasta ha logrado iniciar acusaciones personales contra ciertos empresarios y funcionarios, acaba de ser ratificada bajo la órbita de la Cámara Federal de Casación Penal, tras los intentos de declararla incompetente en instancias previas.
“Esta es la causa que, en definitiva, va a marcar el rumbo”, expresó, en diálogo con Bichos de Campo, Fabián Maggi, que es miembro de la ONG Abogados Ambientalistas y uno de los promotores de la investigación presentada a mediados del 2024.
Lo cierto es que, por la gravedad de las acusaciones y los delitos que se imputan, la de la “mafia de los desmontes” es la causa que, en cierta medida, funciona como marco para las demás acciones que se impulsan desde el sector ambientalista. Por eso celebran la sentencia del pasado 17 de noviembre, en la que el juez de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, determinó que la investigación reviste un carácter interjurisdiccional y que, por lo tanto, continuará en la órbita de esa máxima autoridad.
La decisión responde a los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal general Federico Martín Carniel, y la querella, representada por el presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Enrique Viale. Anteriormente, el Juzgado Federal Nº 1 y la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia habían determinado que la justicia federal era “incompetente” en esa causa, y la decisión de Hornos revierte esa decisión.
“El carácter de interjurisdiccionalidad se encuentra fehacientemente acreditado en las actuaciones, donde se demostró la afectación que el resultado de los sucesos investigados provoca en la región, abarcando el ecosistema regional en su totalidad, no solo a la provincia de Chaco”, fundamenta el juez federal en su fallo, al que accedió este medio.
Con esa decisión, Hornos confirmó que la máxima autoridad penal volverá a retomar la investigación que había sido frenada en tribunales locales, pues considera que los desmontes en Chaco -que, de acuerdo con la Dirección Nacional de Bosques, superó ampliamente las 450.000 hectáreas los últimos 15 años- afectan también a la ecorregión compartida con las provincias de Santiago del Estero y Formosa.
En ese sentido, el magistrado apeló a la Ley 25.675 de Política Ambiental Nacional, que dispone en su artículo 7 que la competencia será federal en los casos en que se vean afectados los recursos ambientales interjurisdiccionales. Mientras avanzan las investigaciones y peritajes para dar cuenta del daño ecológico provocado por la pérdida de bosques nativos, la justicia federal tendrá intervención.
“Ese fallo es central porque tiende una mirada hacia el futuro, teniendo en cuenta que el Tribunal de Casación Penal es la máxima autoridad en el país y que todo lo que suceda dentro de la causa del Chaco va a ser revisado por ese organismo”, destacó Maggi.
Eso es justamente contra lo que se elevan voces de peso dentro del sector empresario, que desde hace tiempo cuestionan la injerencia de jueces y ONGs radicados en Capital Federal sobre lo que ocurre en la provincia del norte. Desde el sector ambientalista aseguran que, si no fuera por ello, las irregularidades generadas por el mecanismo de la “puerta giratoria” serían aún mayores.
De hecho, señalan, las decisiones vertidas por las anteriores instancias judiciales -tendientes a desacreditar la competencia federal- dan cuenta de ello. Ahora, esperan que el fallo de Hornos funcione como una herramienta en futuras acciones.
“Si se siguen dando estas cadenas de arbitrariedades en los tribunales del Chaco, que fallan en contra de la ley, nosotros vamos a impugnar hasta llegar al Tribunal de Casación. Eso es central”, agregó el referente de Abogados Ambientalistas.
En resumidas líneas, Abogados Ambientalistas denuncia que el modus operandi de la “mafia de los desmontes” -en la que incluyeron nombres propios importantes de la provincia- es el de la “puerta giratoria”. Es decir, empresarios forestales que ofician de funcionarios o legisladores y que, cual “zorro en el gallinero” -así lo describe el propio Maggi-, ocupan puestos de control o fiscalización en sectores vinculados a su misma actividad.
Eso es lo que ha motivado el señalamiento a figuras como el propio ex director de Bosques provincial, Miguel Ángel López, incluido en la causa por supuestas recategorizaciones prediales de las cuales luego, como empresario forestal, se habría visto beneficiado.
“Me denuncian por un desmonte del año 2018 que se dio en una en otra gestión. Yo ya no tenía nada que ver, hace 5 años que no era director de bosques” , dijo a Bichos de Campo el referente del sector aserradero, respecto a la acusación de, bajo esa dinámica, haber tejido acuerdos con el actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
“Ni siquiera se toman el trabajo de verificar lo que dicen, y difunden por todos los medios nacionales y provinciales, acusándome de corrupción, deshonrando mi nombre y honor, liviana e impunemente”, había expresado anteriormente en un entrevista con Diario Norte.
Lo cierto es que, más allá del caso de López y de las muchas otras recategorizaciones de predios registradas indistintamente en los gobiernos de Jorge Capitanich y de Leandro Zdero, la causa judicial también investiga el uso de la estructura estatal para sostener una cadena de desmonte ilegal en territorios protegidos.
De hecho, en el marco de esa misma causa, la ONG Abogados Ambientalistas ha logrado que la jueza Zunilda Niremperger, del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, dictara sucesivas medidas cautelares que suspendieran los desmontes ilegales en la provincia. Desde el empresariado juzgaron esa decisión de innecesaria, señaló López en más de una ocasión, “todos los desmontes son ilegales desde el año 2021”.
Así y todo, lo cierto es que la orden judicial, que perdió vigencia meses atrás, permitió imputar a empresarios particulares. El caso más saliente fue el del empresario carbonero Alesio Roberto Nardelli, que fue imputado penalmente por incumplir esa prohibición. Cabe destacar que Nardelli integra el círculo de allegados al gobernador Zdero.
“Estamos intentando que el Tribunal de Casación restituya la prohibición de desmonte que regía hasta hace pocos meses atrás”, aseguró Maggi a este medio, luego de la decisión de la jueza Niremperger de no prorrogar la medida cautelar y de restituir el control a la Dirección de Bosques chaqueña.
“Pero ahí está el gran problema”, replica el abogado, que hace eco de los argumentos del sector ambientalista contra ese organismo, acusado de no actuar ante el “entramado mafioso” de los desmontes.
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En ese sentido, Maggi apuntó directamente contra el Ministro de Producción chaqueño, Oscar Pablo Dudik, que tiene a su cargo la mencionada dirección y, como productor agropecuario, fue denunciado por las ONGs por infracciones detectadas en sus campos. Lo mismo se había dicho respecto al ex ministro Hernan Halavacs, acusado de gestionar permisos de cambio de uso del suelo para desmontar casi 38.000 hectáreas en total.
“Y no lo decimos nosotros, sino que lo dice la propia Dirección Provincial de Bosques, que él ahora lo tiene bajo su control. Obviamente esos expedientes han quedado planchados y muchos de ellos archivados. Es una denuncia que en términos institucionales es gravísima”, puntualizó Maggi, que recuerda que por ello debe celebrarse la intervención federal en el caso que hace más de un año moviliza a la actividad en Chaco.
