Escribimos una nota el 19 de diciembre de 2019 con el título “Frankestein sigue vivo”. Solo faltaba que se incorpore.
Hacíamos referencia a que el famoso monstruo que nos atemorizaba cuando éramos niños estaba volviendo de nuevo al ataque: la ex ONCCA que en los gobiernos de Cristina Kirchner distribuyó millonarias compensaciones truchas a feedlots, molinos, frigoríficos y otras empresas alimenticias, a punto tal que debieron cerrarla en 2011 por la acumulación de sospechas de corrupción, ahora quiere volver a la carga para “subsidiar” el precio de la harina que se distribuye a las panaderías.
Esta es la esencia de los anuncios que prepara el gobierno, y que anunciará como un combate a la inflación y una defensa de la bendita “mesa de los argentinos”: se crearía una suerte de agencia estatal (como era la ex ONCCA) para compensar los precios de la harina que se utiliza para elaborar el pan y que llega a las panaderías en bolsones de 25 kilos. De esta manera se cumpliría el sueño del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, de “desacoplar” el precio local del trigo del vigente en el mercado internacional, que ha subido mucho como consecuencia de varios factores, pero que últimamente se ha visto muy afectado por la invasión de Rusia a Ucrania, ya que ambos países son importantes productores y exportadores del cereal.
En vez de celebrar ese aumento porque la Argentina también exportadora neta de trigo (solo consume 7 millones de toneladas de las 22 que produjo), el gobierno puso como prioridad la creación de este mecanismo de intervención en los mercados, que seguramente será muy mal recibido por los productores (que deben volver a sembrar trigo dentro de dos meses) y que transforma una buena noticia para la argentina en una pésima señal: ahora se sabe que para poder financiar este engendro el gobierno utilizará los 400 millones de dólares que recaudará de más por la suba de las retenciones de los subproductos de la industria oleaginosa, el aceite y la harina de soja.
Desde el domingo a la tarde se sabe que venía este nuevo zarpazo sobre la renta del sector productivo, cuando el Ministerio de Agricultura cerró el registro de declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) para esos dos productos, que son los dos principales rubros de exportación de la Argentina, con 30% de las divisas totales generadas por el país en 2021. La Argentina exporta poca soja sin procesar, como poroto. La mayoría de sus embarques son de harina de soja y de aceite de soja, los subproductos. Por eso esta suba de retenciones -que llevaría de 31% a 33% las alícuotas, unificándolas con las del grano- impactará de lleno en los números de todos el complejo agrícola.
Es un verso total lo que ha empezado a decir Martín Guzmán y otros voceros del gobierno respecto de que esta suba de retenciones no incluirá a los granos y por eso será inocua para los productores. Sin este diferencial histórico de retenciones -que implica un premio al valor agregado y pretende desestimular la exportación del poroto sin procesar- la industria aceitera pierde poder de compra y eso provocó ayer una caída abrupta de 20 u$s/tonelada en el precio de la soja 2021/22, que se está profundizando en la jornada de hoy martes.
La inminente suba de retenciones ya provocó bajas importantes en los precios de la soja argentina
¿De cuánto es el zarpazo total? Según los cálculos efectuados por la Fundación INAI, de unos 425 millones de dólares este año. Con ese dinero, según las fuentes consultadas por Bichos de Campo, la decisión del gobierno será financiar los subsidios o compensaciones a la industria molinera que vende la harina en el circuito mayorista a las panaderías.
Por el momento, queda mucho por definir sobre el monto de ese subsidio y no se sabe cuánto podría impactar en el precio final del pan. Lo cierto es que -aunque parezca mentira- hay decenas de estudios económicos que muestran que la harina es apenas un componente menor de los costos de producir pan, que además se reparten con las tarifas de luz, el alquiler de los locales, la mano de obra y sobre todo con los impuestos, que tienen mayor peso en esta estructura de costos que la materia prima.
Lo que está claro que habrá unos 425 millones de dólares adicionales para repartir en manos de una “agencia” que todavía no se sabe (oficialmente no lo han decidido) de quién dependerá o si ocupará la estructura de la ex ONCCA, hoy reconvertida en una Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario que depende del Ministerio de Agricultura. Esa dependencia es dirigida actualmente por uno de los ex interventores que pensaba designar el gobierno en Vicentin, el contador Luciano Zarich.
En el corto tramo de su gestión dedicada a repartir subsidios para cuidar la mesa de los Argentina, que va de 2008 hasta febrero de 2011, cuando Cristina Kirchner firma un decreto ordenando su disolución, la ex ONCCA fue manejada primero por Ricardo Echegaray y alguno de sus colaboradores, y luego por Juan Manuel Campillo, el contador santacruceño que también había manejado el fondo de 600 millones de dólares de regalías que había acumulado esa provincia.
Tras su disolución se reconvirtió en la UCESCI, que dependía directamente del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, hasta que Agricultura recuperó algunas facultades en 2016. Antes, la ex ONCCA repartió en compensaciones una suma aproximada de 3.500 millones de dólares, gran parte a empresas fantasmas o a empresas reales que sobrefacturaban a mansalva. No había controles formales sino que bastaba con una simple “declaración jurada” de los gastos de cada empresa que iba a ser subsidiada. Y era vox pópuli que funcionaban oficinas paralelas donde se pedían coimas del 15% para destrabar los pagos.
Todavía hoy el Ministerio de Agricultura no sabe que hacer con los reclamos judiciales de varias decenas de empresas que reclaman el pago de esas compensaciones supuestamente adeudadas por una cifra de 3.000 millones de pesos de aquella época, que debe ser actualizada.
La decisión de elevar las retenciones al complejo sojero y rapiñar del fondo de la olla esos 425 millones de dólares adicionales fue confirmada en las últimas horas por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y el vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, a las empresas agroexportadoras. estas ya habían avisado el mismo domingo -tras el cierre del registro de DJVE- que esta decisión alteraba las reglas acordadas y que en consecuencia dejarían de aportar recursos a los fideicomisos ideados por Roberto Feletti para subsidiar el costo de la materia prima en ciertas cadenas alimenticias que colaboran con el programa de Precios Cuidados.
Uno de esos fideicomisos ya tiene varios meses de vida y apunta a subsidiar las botellas de aceite comestible: representa una transferencia desde la cadena agrícola a las empresas fraccionadoras de unos 190 millones de dólares anuales.
Luego de varios meses de negociaciones entre Comercio Interior, Agricultura y las Mesa de Trigo y de Maíz, la letra chica de un segundo fideicomiso “cerealero” se conoció hace un par de semanas: pretendía obtener aportes de los exportadores de trigo y maíz para compensar el precio de los paquetes de 1 kilo de harina triple 0 y los paquetes de medio kilo de fideos secos vendidos bajo Precios Cuidados. Implicaba una nueva erogación de entre 25 y 50 millones de pesos, pues se pretendía subsidiar la diferencia entre un precio “desacoplado” del trigo fijado en 23.000 pesos y el real de mercado, que ya se ubica cómodo por encima de los 40.000 pesos. Todo eso, para las 800 mil toneladas de trigo anuales que se utilizan para dichos destinos.
Pero el 45% del trigo que se consume en el mercado interno (unas 2,4 millones de toneladas) se destinan a la harina mayorista para panaderías, que es el producto que ahora quiere subsidiar el gobierno al crear esta agencia de intervención y asignarle los 425 millones de recaudación adicional. Es decir, que la factura inicial calculada en el fideicomiso cerealero se multiplicaría al menos 5 veces.
Hasta ahora, los sectores más moderados del gobierno nucleados en el Ministerio de Agricultura habían logrado convencer a Comercio Interior de moderar sus ambiciones compensatorias solo a los paquetes de harina de 1 kilo. Pero una “supuesta” presión de las panaderías (que se han reunido con Feletti en varias ocasiones y han firmado sendos acuerdos de precios difíciles de cumplir) obligó a dejar abierta la posibilidad de poder ampliar la lista de productos beneficiados. Es lo que anunciaría ahora el presidente Alberto Fernández, que contentaría así a Feletti con el dinero adicional que recaudaría Guzmán elevando los dos puntos de retenciones a los subproductos de la soja.
Soja que ya aporta el tope autorizado por el Congreso al Poder Ejecutivo a fines de 2019: 33 puntos, con estos dos puntos menos a favor de los productos procesados. Y que representa el 75% de todos los fondos por retenciones cobrados por el Fisco, que en 2021 rondaron los 8.500 millones de dólares y que este 2022 podrían ser de hasta 8.900 millones, a pesar de la caída de la cosecha por la sequía. Esto porque los precios internacionales son realmente altos y favorecen a la Argentina con una nueva inyección de dólares.
Se estima que por el efecto precios, la recaudación inicial de retenciones que esperaba el sector para este años creció en nada menos de 1.200 millones. La gran pregunta que se hacen los industriales aceiteros es por qué Economía no saca de allí el dinero necesario para compensar a quien se le de la gana. Pero no, el titular del Palacio de Hacienda ya destino esa plata impensada para otra cosas y por eso vuelve a apelar a una suba de retenciones.
¿Y todo para qué? Para despertar a Frankestein.
Uhhh, todo seria mas simple con La Junta Nacional de Granos, un valor que beneficiaria al productor chico pero le resultaria incomoda a los gigantes, con el regreso de la Junta no haria falta las cochechas en negro, ni las ventas a media noche con recibos en papel higienico