“Otórgase la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior, a la Administración General de Puertos (AGP)”.
Con ese artículo, el segundo del Decreto 427/2021, el gobierno cumplió con su amenaza de una estatización parcial de la concesión de las tareas de dragado y balizamiento de la Hidrovía, la principal vía de salida de las exportaciones del sector agropecuario argentino hacia el mundo, el ducto por el cual pasan el 75% de las exportaciones nacionales y también buena parte de las importaciones.
El primero artículo del decreto es casi una admisión de lo mal que está planeada esta aventura estatista de una gestión que cada vez es menos de Alberto Fernández y más de Cristina Fernández de Kirchner, quien desde el Instituto Patria y otras usinas de pensamiento político, vino dando forma a este tipo de audacias administrativas.
En ese artículo se le concede a la AGP una función para la que no fue creada y que no tenía: el organismo encargado de manejar las concesiones del puerto de Buenos Aires de golpe y porrazo ahora podrá “asumir la concesión de obras y/o la administración, prestación de todo tipo de servicios de mantenimiento y operación de las vías navegables que se le otorguen y/o se le encomienden, realizando los actos que le corresponda ejecutar en tal carácter, por sí o a través de terceros”.
Nada en este gobierno es permanente ni duradero, ya se percibe. Como todo el mundo sabe que la AGP no está en condiciones operativas de dragar el río Paraná para asegurar la navegabilidad de los grandes buques que ingresan allí para buscar los granos y subproductos de la Argentina, pues ni siquiera tiene una miserable draga, el decreto firmado por Fernández, su jefe de Gabinete Santiago Cafiero, y el ministro de Transporte que reemplazó al fallecido Mario Meoni, llamado Alexis Guerrera, pone plazos a esta aventura estatista: 12 meses en principio. Posiblemente en ese periodo se convoque a una nueva licitación internacional, como debería haberse hecho desde un principio. +
Pero posiblemente no. “La AGP en calidad de concesionario deberá celebrar, siguiendo los principios y lineamientos de su propio régimen, las contrataciones necesarias para garantizar la navegabilidad de la Vía Navegable Troncal, manteniendo el actual nivel de prestación del servicio”, se instruyó a ese organismo. Señal clara de que también podría imponerse un sistema donde el Estado recauda pero subcontrata las tareas con otros, posiblemente el mismo concesionario que ahora.
DECRE-2021-0427-APN-PTEEl contrato de concesión a celebrar con la Administración General de Puertos, un ámbito donde tallan fuerte sindicalistas como los del SOMU, los de Dragado y Balizamiento o el propio camionero Hugo Moyano, tendrá en principio una duración de doce meses a partir del plazo de 90 días establecido por la Resolución N° 129/21, que prorrogó de facto la concesión del dragado a la empresa Hidrovía SA, formada por la empresa belga Jan de Nul y la local EMEPA.
En los hechos, la AGP ahora debería salir a subcontratar el servicio de dragado y balizamiento de ese canal navegable, y muy probablemente tome los servicios de la propia Jan de Nul hasta resolver la cuestión de fondo: ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno con la hidrovía?
En los hechos, la diferencia con lo que sucede ahora es que será el Estado, a través de la AGP, el que comience a cobrar el peaje a cada uno de los buques que ingresan al río Paraná para cargar o descargar mercaderías en territorio argentino.
Ese cobro estaba en manos de la concesionaria Hidrovías desde 1995, cuando Carlos Menem decidió privatizar el dragado del lecho del río y su balizamiento para que los barcos nos e salgan del cauce. Muchos años después, en su segundo mandato, la ahora vicepresidenta Cristina Kichner decidió renegociar el contrato y estiró su vida útil hasta 2021, incluso autorizando una suba en dólares de los peajes a cobrar. Ahora es la propia Cristina la que mas a impulsado, a través de su acólitos, una estatización parcial. En el medio, Gabriel Romero, el empresario que ancabeza EMEPA, reconoció haber pagado millonarias coimas para esa renegociación.
Bichos de Campo ya había anticipado que esta sería la estrategia oficial el 4 de junio.
Hay dos cosas novedosas que establece el nuevo decreto. Por un lado habilita la posibilidad de “delimitación de los ríos, canales, zonas, tramos, trazas y/o secciones en las que se conformará o segmentará la Vía Navegable Troncal, para que dichos tramos en cualquier momento se puedan afectar o desafectar respecto del alcance y el objeto del contrato, total o parcialmente, con relación a los distintos servicios que se prestan en los mismos”.
Por otro lado, promete un proceso “para la eventual revisión de tarifas y/o peajes, contemplando la participación u opinión de los usuarios, entidades representativas de los sectores afines y obligados al pago”.
Es decir que respecto de la situación actual, además del Estado cobrando podrían aparecen nuevas cabinas de peaje (metafóricamente, porque no existen tales en el río y lo que se envía es una factura a los buques que lo recorrieron) y el valor de ese recorrido. Usualmente, el costo final de dicho peaje es descargado por las empresas navieras y las exportadoras en los productores y otros dadores de carga.
Un guiño a los trabajadores vinculados a las tareas de dragado y balizamiento es que el gobierno instruyó a la AGP para que “mediante los contratos que celebre como concesionario de la concesión otorgada por el artículo 2° del presente decreto, incluya como condición la incorporación del personal que, a la fecha de finalización de la actual concesión, se desempeñare en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 1366/14, prestando servicios para la misma.
“El presente decreto entrará en vigencia en el día de su publicación”, define en su quinto artículo el decreto de marras.
Así las cosas, ahora mismo, mientras usted lee esta crónica, ya pasó a manos estatales la autopista fluvial por la que sale el grueso de la mercadería que luego genera las divisas que tanto necesita la Argentina para sobrevivir en medio de una economía desquiciada.
Ahora habrá que ver qué hace el Estado con ella.
Me parece muy bien que el estado retome el control de un recurso estratégico como el río Paraná y en honor a los s caídos en Vuelta de Obligado y Punta Quebracho , como así también controlar todo lo que sale de forma fehaciente por esa vía troncal , se terminó la época de la declaración jurada en manos de contrabandistas cereales , las dragas existen y son argentinas..
El estado debe dragar, cobrar peaje y controlar lo que sale de ” contra” ,las cerealeras evaden continuamente, la droga entra y sale , los “liberales” ponen el grito en el cielo porque dicen que atenta la libertad de comercio, eso mismo decían los que nuestros patriotas enfrentaron en La Vuelta de Obligado.
Días pasados en un documental, se vio el estado de la única draga que está en el Parana a la altura de Santa Fe. Estimo que sirve para chatarra. Seguramente terminarán contratando a la misma empresa belga que lo hace ahora. Por lo menos mientras se haga la licitación. definitiva dentro de un año.
Pues que bien, que seamos los argentinos quienes controlemos y cobremos por el uso de nuestro río. A usted parece le cabria bien lo contrario. Pero muchos entendemos de la importancia que tiene la palabra soberanía. Dios quiera que después del año estipulado se logre una solución en el tiempo que no perjudique los intereses nacionales.