Por 19 votos a favor y solo una abstención, y mientras el palacio municipal era atacado a piedrazos por manifestantes furiosos por la muerte de un joven que murió tras ser atropellado por un funcionario local que además se dio a la fuga, el Consejo Deliberante de Tandil aprobó una actualización de la ordenanza sobre aplicaciones de agroquímicos.
Más allá del contexto, fue este un caso extraño de coincidencia y trabajo compartido entre los bloques mayoritarios de Juntos y Todos, que soportó una fuerte presión de asociaciones ambientalistas que ya habían logrado demorar esta sanción.
El proyecto de ordenanza aprobado por abrumadora mayoría surgió de un largo trabajo de la Comisión de Trabajo, Producción y Medio Ambiente, que preside la concejal Maridé Condino y que buscaba modernizar una ordenanza anterior de 2011, y sobre todo superar un escenario en el que la justicia había determinado zonas en las que estaba prohibido utilizar este tipo de insumos agrícolas. Se trataba de votar antes del recambio de ediles del 10 de diciembre, justamente para poder dar conclusión a ese largo proceso.
El diario local La Voz de Tandil publicó hace unos días el texto de la ordenanza finalmente votada este lunes, y que iba a ser aprobada en realidad el 25 de noviembre pasado, cuando la sesión fue interrumpida por manifestantes de la llamada Asamblea Tandil, que reclamaba una audiencia abierta que finalmente se realizó la semana pasada. Hoy ese grupo de vecinos volvió a manifestarse, pero la crisis social por la muerte del joven provocó incidentes frente al municipio de los que ellos no participaron.
La nueva ordenanza tuvo un amplio proceso de discusión y consenso que los concejales iniciaron el 22 de junio de 2020, reuniéndose con distintos actores involucrados en la temática, como científicos, vecinos, la Mesa Agropecuaria: con representantes del Colegio de Ingenieros Agrónomos, el Círculo de Ingenieros Agrónomos, AAPRESID y aeroaplicadores. También expusieron los integrantes de la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable Tandil, que habían promovido el amparo ante la justicia.
La nueva normativa modifica y amplía la zona de exclusión y la zona de amortiguamiento para la aplicación de los productos fitosanitarios, que serán de 60 y de 800 metros respectivamente. Las áreas de prevención se modifican sobre distintos espacios que comprenden las urbanizaciones especiales, las banquinas de rutas, los cursos de aguas, los campos deportivos, la circunscripción 1, las zonas A y B de los Centro de servicios rurales de 1ra categoría y los de 2da categoría (establecimientos educativos rurales, centros de salud y los establecimientos elaboradores de productos alimenticios).
Con respecto a los establecimientos educativos rurales se intensificaron los cuidados al momento de la aplicación. Habrá que mantener una distancia de 150 metros de exclusión y hasta 500 metros de amortiguamiento, además de la obligación a tener una barrera forestal, de acordar con las instituciones el horario de aplicación y como fundamental tener la escuela vacía.
Los concejales agregaron varias obligaciones para los aplicadores, referidas a la carga de agua del mosquito, la obligación de tener VTV de la maquinaria, la responsabilidad del ingeniero agrónomo, la responsabilidad compartida de la aplicación, la obligatoriedad de tener un certificado de aptitud física, el registro de operarios, la obligatoriedad de instalar en las maquinarias tecnología de aplicación selectiva y de georreferenciación de la trayectoria del equipo, la creación de una comisión de seguimiento y un artículo específico para realizar denuncias a quien esté incumpliendo la presente ordenanza.
Por otro lado, prohíbe la siembra en banquinas de todas las rutas nacionales y provinciales del partido de Tandil. Y se agregó la necesidad de trasladar los envases de fitosanitarios vacíos al Centro de Acopio Transitorio de la zona.
Este es el dictamen de comisión que se aprobó:
