El Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) sigue sumando denunciados e imputados. Luego del fracaso de la medida que intentaba compensar el precio de la harina en el mercado interno, diputados de la Coalición Cívica fueron denunciando a los secretarios de Comercio Interior que mantuvieron dicho sistema, Roberto Feletti en primer término y luego su sucesor, Guillermo Hang. Por estas horas esa denuncia se amplió para incluir a Molino Cañuelas, principal beneficiario de la maquinaria financiera que se ideó para subsidiar la harina.
Lo que se está discutiendo es grave: De acuerdo a lo denunciado por los legisladores del ala de Elisa Carrió en en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 12, la empresa molinera habría transferido a sus filiales brasileñas, mediante mecanismos ilegales, los fondos recibidos en concepto de subsidios provenientes del FETA, que debían destinarse a reducir el precio de la bolsa de harina.
Ante esta cuestión, los legisladores denunciantes señalaron que luego de la denuncia realizada en primer término, se requirió que se presentara documentación que justifique el destino de los más de 1.500 millones de pesos transferidos desde el FETA, y esa información no fue presentada.
Para la diputada nacional Marcela Campagnoli, ”es gravísimo que una empresa que recibió una millonaria cifra de fondos públicos se niegue a rendir cuentas y justificar el destino de los recursos. Por esta razón es que, como ya habíamos previsto, decidimos ampliar la denuncia contra Molinos Cañuelas”.
En base a la denuncia original, desde el espacio de Carrió señalan: ”De los más de 160 molinos existentes en el país, sólo tres adhirieron al fideicomiso. De esos 3, dos pertenecen a la empresa Molinos Cañuelas, la cual se encuentra en convocatoria de acreedores por USD 1.300 millones en deudas”.
Ahora, ante la suspensión de los subsidios a molinos anunciado por Tombolini en la última semana (el dinero iría a partir de octubre a subsidiar a las panaderías), los legisladores solicitaron se adopten “medidas cautelares a fin de evitar que se continúen abonando sumas millonarias desde las arcas públicas y las que son percibidas por empresas que se encontrarían en flagrante violación a los requisitos para contratar con el Estado, más aún, se encuentran en procesos concursivos en los que además no brinda la totalidad de la documentación”.
Es por esto que Luciano “Lucho” Bugallo, diputado de la Provincia de Buenos Aires y denunciante explica: “Con esta ampliación de denuncia estamos requiriendo premura en la investigación sobre el destino de los fondos del FETA, y por otro lado le pedimos a la Justicia que frene un nuevo desembolso a Molinos que estaría preparando Tombolini en torno a los 4 o 5 mil millones de pesos. Se tratan de recursos que son de los productores agropecuarios, recaudados mediante retenciones confiscatorias a la soja y que terminan en manos de empresarios lobbistas del poder, que hacen negocios a puertas cerradas con funcionarios del Gobierno nacional”.
La denuncia completa:
ampliación
Frente a esta nueva ofensiva judicial, Molinos Cañuelas decidió contestar y anticipó que será ella la que denunciará a los diputados ahora por “difamación”.
En un comunicado, la mayor empresa molinera del país sostuvo: “Negamos categórica y rotundamente la denuncia presentada por Diputados de la Coalición Cívica, en la medida que todos y cada uno de los hechos mencionados resultan falsos y carentes de veracidad”.
“En primer lugar, Molino Cañuelas, conforme nuestra legislación, al estar en concurso preventivo, tiene un control minucioso sobre su administración, por parte del Juzgado interviniente y de la sindicatura designada, lo cual desmiente en gran parte de la denuncia presentada”.
“Respecto a la referencia que hacen los Diputados en la denuncia donde hablan de una supuesta negación de información a la sindicatura del BICE, hay un error conceptual porque es la sindicatura interviniente en el concurso y no del fideicomiso la que requirió información, y ya solicitó 3 informes referidos al FETA, los cuales fueron respondidos en tiempo y forma. A su vez, la Sindicatura procesó la información y presentó los informes correspondientes al Juzgado”.
Molinos Cañuelas, que cobró un anticipó en mayo de 1.300 millones de pesos y ahora reclama cerca de 5.000 millones de pesos por las compensaciones pendientes, anunció que “hemos decidido presentarnos de manera espontánea para ponernos a disposición del Juzgado interviniente, a los fines de aclarar todo lo que consideren necesario y presentar la documentación que sea requerida a estos efectos. Asimismo, hemos decidido iniciar las acciones legales que correspondan por estas difamaciones”, avisó.
En su defensa, y a pesar de que la inmensa mayoría de los molinos no ingresaron al fideicomiso, entre otros cuestionamientos, la empresa ratificó que “el sistema es equitativo y tiene las mismas condiciones para todos los molinos que se adhieran al mismo. Hasta la fecha, 10 molinos han completado los requisitos exigidos por la Secretaría de Comercio Interior y están trabajando con ese régimen y más de 20 estarían esperando ser aprobadas”.
