Los hermanos José y Pablo Lorenzo son tercera generación de ganaderos. La familia tiene su campo en Roversi, un pueblo ubicado en el noroeste de Santiago del Estero, cerca del límite con Chaco.
La tradición familiar de criar y engordar bovinos de la raza Brangus está por cortarse debido a los reiterados robos de hacienda que sufren.
“Hace un año y medio que nos entran todos los meses en 3 o 4 motos, nos cortan el alambrado menos el último hilo (para que no se caiga) y puedan salir con facilidad. Nos faenan de 1 a 4 vacunos por mes y nos dejan las patas, cabezas y vísceras tiradas”, relataron los Lorenzo.
En los últimos 18 meses les carnearon cerca de 40 animales. Suponiendo que fueran todos novillos de 430 kilos y con un valor promedio actual de 180 pesos, la pérdida acumulada asciende a 3 millones de pesos.
Y todo sucede a pesar de que el campo no queda muy a mano. Para ingresar al establecimiento hay que hacer 15 kilómetros de camino rural desde la ruta provincial 89. “Van en motos y con escopetas. Cuando los parás te dicen que van a cazar, pero también tienen una camioneta de apoyo con la que sacan la carne. Pensá que de cada animal sacan 200 kilos”, relató uno de los hermanos. .
Y añadió: “En el campo encontramos también cartuchos que rellena con bolilla de plomo tamaño de una arveja. Con eso le disparan al ganado. Les apuntan a diez centímetros de la cabeza porque son animales muy mansos”.
Los Lorenzo cuentan que los delincuentes también entran muy seguido a otras dos explotaciones familiares de la zona, de las pocas que siguen con ganadería en la región porque el resto se fue reconvirtiendo a la agricultura. Es algo que ambos hermanos están analizando con seriedad a raíz de los reiterados robos.
“Nos estamos replanteando muchas cosas. La idea es cambiar el manejo o dejar la actividad y pasarnos a la agricultura, alquilar el campo… Esto lleva a que la productores y empleados se vayan de los campos, porque la gente que trabaja con nosotros también tiene miedo de tener un ‘encuentro’ con los delincuentes”, explicó José (en la primera foto, junto a su hija).
Pablo (foto) confirmó: “Los mismos empleados nos dicen que dejemos porque también tienen miedo, ya que entran armados con escopetas. Tenemos una gran sensación de inseguridad y vulnerabilidad. Todos los meses hacemos las denuncias, la policía hace su trabajo pero nos dicen que la ley termina amparando a esta gente”.
“Es una organización bien armada y deben tener aceitado donde comercializar la carne. No se sabe de dónde vienen, pero están bien organizados. Acá hace falta un respaldo más fuerte para que la policía pueda hacer su trabajo y detenerlos”, afirmó José.
