Se espera que en la próxima semana los interventores de la concursada Vicentin SAIC terminen de establecer los contratos comerciales que permitan reactivar la actividad en las plantas industriales de San Lorenzo, Ricardone y Avellaneda.
Las empresas que aportarán granos para restablecer la operatoria son Unión Agrícola Avellaneda –que tiene un convenio vigente para procesar girasol–, Viterra, Bunge, Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro, Cargill, LDC y Commodities SA (Grupo Grassi).
Viterra, Bunge, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y el Grupo Grassi tienen interés en participar del proceso de cram down, mientras que Molinos Agro, Cargill y LDC participan de la iniciativa para contribuir a promover la “paz social” en el sector.
Si bien los trabajadores de Vicentin aún no terminaron de cobrar los salarios del pasado mes de abril, se espera que en los próximos días, con el inicio de los fazones, esa situación pueda regularizarse.
La reactivación de las plantas de Vicentin no sólo representa una buena noticia para lo trabajadores de la empresa santafesina, sino también para los productores agrícolas, dado que el bache de demanda dejado por la interrupción de la operación de la concursada tuvo un impacto desfavorable en las cotizaciones internas de la soja.
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El juez concursal Fabián Lorenzini dispuso convocar a una asamblea a los accionistas de Vicentin el próximo 3 de julio, que estará presidida por el interventor Guillermo Nudemberg, en la cual se expondrá la situación actual de la sociedad con el fin de que “los accionistas evalúen, propongan o autoricen alternativas para la viabilidad de la empresas y sus distintas unidades de negocios”, además de definir la “venta de activos ociosos o ‘non core’ de Vicentin (que no comprometan su negocio principal tales como oficinas, silos, participaciones accionarias etcétera)”.
También –en el evento que se llevará a cabo en Avellaneda– se podrán en consideración los acuerdos desvinculatorios celebrados con posterioridad al 31 de agosto de 2024 y la gestión del directorio intervenido judicialmente.
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