Un grupo de diputados del Frente de Todos presentó un proyecto para declarar la emergencia hídrica a nivel nacional, por el plazo de 180 días. La iniciativa fue redactada en consonancia con el decreto 482/2021, emitido por el Poder Ejecutivo el pasado 26 de julio, que establecía la emergencia por tres meses en la cuenca del río Paraná, ante la bajante histórica registrada. Según indicaron, dicha medida no contemplaba la situación similar que está atravesando el oeste del país, en particular la provincia de San Juan.
“Naturalmente, las razones de la emergencia en aquellas provincias (en referencia a las del noroeste del país) difieren de las de la cuenca del Paraná. La escasez de precipitaciones, de nieve y de formación de hielos en las zonas andinas ha producido en los últimos años una drástica reducción de caudales en ríos de todas las provincias desde Chubut hacia el norte del país”, indicaron los legisladores en los fundamentos del proyecto.
A continuación agregaron: “Algunos de los ríos más emblemáticos y que nacen en la Cordillera se encuentran o encontraron recientemente con mínimos históricos. Tal es el caso del Río San Juan, pilar del bienestar social y productivo de la provincia. A su vez, se cuenta con diques y embalses que aseguran provisiones, pero solo por el momento”.
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En este sentido, la iniciativa busca impulsar la adopción de medidas que aseguren la sustentabilidad social, económica y productiva en las provincias afectadas.
Para eso, se propone facultar al Poder Ejecutivo para delimitar las áreas sujetas a la declaración de la emergencia hídrica; a adoptar medidas que preserven la continuidad de la actividad productiva; a arbitrar respuestas a través del Sistema Nacional de Alerta Temprana y Monitoreo de Emergencias (SINAME), a realizar tareas de coordinación entre provincias y a efectuar las reestructuraciones presupuestarias necesarias.
Además, se establece que el Ejecutivo podrá, junto con las jurisdicciones implicadas, “determinar la autorización de habilitación de nuevos pozos y la extracción de pozos acuíferos públicos y/o privados, en la medida que sea conducente para garantizar el bienestar de la población y la continuidad de actividades productivas”.
“El uso de pozos privados se realizará por razones de solidaridad, siempre que su titular hubiere satisfecho sus necesidades y contra el pago de los gastos de explotación que correspondan”, afirmaron los legisladores.
Por otro lado, se indica que el Banco Central podrá adoptar medidas en función de que continúen desarrollándose las distintas actividades productivas, y que la AFIP “deberá instrumentar regímenes especiales para el pago de las obligaciones impositivas, y de la seguridad social de sujetos comprendidos en áreas afectadas por la emergencia hídrica, que se encontraran vencidas al momento de entrada en vigencia de la ley”.
Los convenios de facilidades de pago que se instrumenten comprenderán una tasa de interés de hasta tres por ciento (3%) mensual durante las seis (6) primeras cuotas.
Finalmente, se prevé la suspensión de juicios de ejecución fiscal y medidas preventivas para el cobro de los impuestos y obligaciones de la seguridad social, de quienes se vean afectados por esta emergencia.
“Tanto lo que ocurre en la cuenca del Paraná como en la Cordillera de los Andes obedece al cambio climático y a mayor necesidad de consumo de agua. Si bien cada emergencia hídrica tiene sus particularidades, ambas están vigentes en este momento y constituyen por sus implicancias una emergencia hídrica nacional que debe ser abordada por este Congreso y por el Poder Ejecutivo de la Nación”, concluyeron.
El proyecto cuenta con la firma de José Luis Gioja (FDT- San Juan), Lía Verónica Caliva (FDT- Salta), Rosana Andrea Bertone (FDT- Tierra del Fuego), Susana Landriscini (FDT- Río Negro), Hilda Clelia Aguirre (FDT- La Rioja), Blanca Inés Osuna (FDT- Entre Ríos), Mabel Luisa Caparrós (FDT- Tierra del Fuego), Danilo Adrián Flores (FDT- La Rioja) y Esteban Mateo Bogdanich (FDT- Santa Fe).
