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“Europa no quiere ser más causa de la deforestación”, dice el consultor belga León Merlot, sobre las exigencias comerciales que prepara la UE para los productos que importa

Diego Mañas por Diego Mañas
14 octubre, 2025

Mientras en Gobernador Virasoro, Corrientes, se desarrollaba la reunión anual de la Fundación ProYungas, un encuentro que reunió a empresarios, técnicos, ambientalistas y productores para debatir cómo compatibilizar la producción agropecuaria con la conservación, el tema europeo volvió a colarse con fuerza. En enero iba a comenzar a regir el nuevo Reglamento Antideforestación (EUDR), que exigirá a quienes exporten a la Unión Europea demostrar que sus productos no provienen de áreas desmontadas después del 31 de diciembre de 2020, además de cumplir con requisitos laborales y legales estrictos. El reglamento 1115/2023 se postergó, y comenzará a exigirse a partir de 2027.

En medio de esas discusiones, uno de los disertantes fue León Merlot, consultor belga especializado en mercados agropecuarios y sostenibilidad. Vive hace varios años en Bolivia, desde donde asesora a empresas y organizaciones sobre producción responsable. Su acento lo delata, pero sus palabras muestran que conoce bien la realidad de esta región.

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“Yo vengo del sector ambiental, aclara al comienzo. Soy especialista en áreas protegidas, en producción sostenible y en adaptación al cambio climático. Pero lo necesario, viniendo de este sector, es ver cómo compatibilizar la conservación del medio ambiente con la producción, porque la producción es indispensable, obviamente”.

Para Merlot, el programa de Paisajes Productivos Protegidos que impulsa ProYungas representa un ejemplo poco frecuente de diálogo entre dos mundos que suelen mirarse con recelo.

“Es una de las únicas iniciativas que conozco que logró captar el interés del sector privado. Nosotros nos acercamos desde el punto de vista ambiental, pero buscando compatibilidad con un sistema productivo rentable, que tenga cierta consideración hacia las necesidades de conservación”, explica.

La clave, dice, está en tender puentes. “Lo difícil en realidad es acercar las posturas. Muchos ambientalistas son netamente ambientalistas y muchos productores son netamente productores. Es muy difícil ponerse en los zapatos del otro. Se miran con recelo. Hay algo en el medio, y eso es lo que estamos buscando”.

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Desde su visión, la sostenibilidad puede ser también una ventaja competitiva. “Si trabajás de manera sostenible, aumentás tu resiliencia. Y cuando tenés una imagen de productor responsable, eso te da una ventaja comercial, porque el público tiene cada vez más preocupación ambiental. Además, las líneas de financiamiento verde son cada vez más numerosas, y una producción sostenible te permite acceder más fácilmente a créditos o préstamos con condiciones favorables”.

Merlot menciona incluso los casos de ganadería regenerativa, donde los cambios en las prácticas pueden traducirse en mejoras de productividad. Pero advierte que no todos los productores están en condiciones de asumir esos costos iniciales.

“Implementar nuevas prácticas requiere inversión, tiempo y recursos. Si sos una empresa grande, podés hacerlo. Pero si no, es clave acercar al sector financiero para que ayude a través de préstamos o subsidios. Los Estados también podrían jugar ese papel. Sin ese apoyo, no es fácil, y no todos los productores pueden hacerlo. No hay soluciones milagrosas”.

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La conversación avanza hacia el nuevo reglamento europeo que empezará a regir en pocos meses. Más allá de la reciente prórroga, Merlot advierte que “tarde o temprano se va a poner en funcionamiento”.

En ese sentido, distingue entre países: “En el caso argentino, el problema no es tan grande, porque solo alrededor del 1% de la soja se produce en tierras desmontadas después del 31 de diciembre de 2020, que es la fecha tope. Los que van a estar afectados son los pocos productores que desmontaron después de esa fecha. Yo estaría más preocupado si fuera productor boliviano, paraguayo o brasileño de la zona amazónica”.

De todos modos, el impacto se sentirá. “Los productores van a tener que hacer un proceso de due diligence, es decir, demostrar que su producción viene de zonas que no han sido deforestadas. Y no es solo eso: el reglamento también exige probar la legalidad de la producción, que los trabajadores tengan derechos, que no haya trabajo infantil, que se cumpla con toda la legislación local”.

Mirá la entrevista completa con León Merlot:

Antes de cerrar, le planteamos una pregunta que divide aguas: si esta normativa no implica, en los hechos, una nueva forma de imposición europea sobre los países productores.

Merlot lo piensa un momento y responde con calma: “Primero, cuando hablamos de desventaja, hay que pensar también en los productores europeos, que ya están sujetos a esas mismas reglamentaciones. Entonces, cuando dejamos entrar productos a Europa, no podemos crear una competencia desleal hacia ellos. No tendría sentido que los productores europeos cumplan reglas que otros no”.

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Luego, ofrece una comparación que resume su postura: “La Unión Europea no le está diciendo a Argentina ‘no te voy a comprar más’. Lo que dice es: ‘yo me di cuenta de que soy parte del problema de la deforestación y no quiero serlo más’. Es como si yo me volviera vegano y le dijera a mi amigo carnicero: ‘ya no te compro más carne, pero el resto de tus productos sí’. Es un poco eso. Europa dice: no quiero seguir comprando productos que provoquen deforestación. Si no querés venderme a mí, podés venderle a otros mercados. No es una imposición: es una decisión sobre qué tipo de consumo queremos tener”.

Y cierra con una frase que deja abierta la discusión: “Yo he tenido esta conversación muchas veces, y a menudo no me aceptan esta explicación. Pero es la que puedo dar”.

Etiquetas: ambientalismoanti deforestacióncarnedeforestaciónEuropaexportacionesleón merlotmercado europeoproyungasreglamento 1115/2023sojaunión europea
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