La Junta Interamericana de Agricultura (JIA) logró este miércoles -con la firma de 29 ministros de Agricultura de todo el continente y a pocas horas de la votación en el Parlamento Europeo de una posible prórroga hasta 2026 del Reglamento 1115/2023-, un documento regional en donde los países de América se pronuncian en contra de medidas unilaterales que puedan obstruir el comercio de productos del agro. En ese sentido, los países americanos -incluida la Argentina- apoyan la postergación de la exigencia europea sobre deforestación y se manifiestan a favor de una negociación madura con el viejo continente.
Presidida por el ministro uruguayo Fernando Mattos, pero con una activa participación también del argentino Gabriel Delgado como coordinador del CAS (Consejo Agropecuario de Sur) y representante del IICA en Brasil, la Junta mantuvo primero una serie de reuniones en el marco de la primera Conferencia Regional para la Transformación Sostenible de la Ganadería en América Latina y el Caribe, realizada hace unos días en Punta del Este, Uruguay.
La Junta Interamericana de Agricultura (JIA), presidida por el ministro Fernando Mattos, acordó documento avanzado en favor de un comercio agroalimentario más justo y con reglas claras👇https://t.co/frkPkOMpP2
— MGAP (@MGAPUruguay) November 13, 2024
Ese encuentro sirvió de marco para una reunión extraordinaria JIA en la que participaron 29 países de manera presencial y virtual, incluyendo al secretario argentino de Agricultura, Sergio Iraeta. Allí los países americanos acordaron un primer documento consensuado frente a la ofensiva europea para condicionar el comercio de soja, carne y otros productos agropecuarios al amparo del Reglamento 1115, que prohíbe la importación de esos productos si los mismos fueron producidos en tierras deforestadas en estos años recientes.
Este “primer documento de posición” de toda la región expresa lo siguiente:
En principio recalca que “los países de las Américas mantienen un compromiso permanente con la protección del ambiente, la conservación de la biodiversidad y ecosistemas y la lucha contra el cambio climático y, por ende, apoyamos la reducción de la deforestación asociada a las cadenas de valor agropecuarias”.
Luego recuerda que la región “es líder en la producción y exportación de alimentos y bioenergías, por lo que desempeña un papel clave para garantizar la seguridad alimentaria en el mundo y enfrentar la crisis climática, en un contexto en que los niveles de inseguridad alimentaria mundial han aumentado bruscamente en los últimos años”.
También remarca que “la Unión Europea es un socio estratégico del continente americano en el comercio internacional de alimentos”, ya que sus importaciones agropecuarias desde el continente americano ascendieron a más de 70 mil millones de dólares en 2023, lo que representa un 32,2% de las importaciones totales de productos agropecuarios desde el viejo continente.
El documento de la JIA no escapa del debate ambiental y reconocer que “el sector agropecuario global está siendo fuertemente impactado por el nuevo escenario climático, caracterizado por una mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, tales como sequías, inundaciones y huracanes”.
En ese sentido, reitera “la voluntad y el compromiso del sector agropecuario de las Américas de contribuir a mitigar el cambio climático y a conservar los ecosistemas y los recursos naturales”, marcando que en esta parte del mudno “hemos sido pioneros en el desarrollo y la adopción de tecnologías que promueven una producción sostenible desde la perspectiva económica, social y ambiental, incluyendo tecnologías que aumentan la capacidad de captura y secuestro de carbono de nuestros sistemas productivos y minimizan los impactos de la agricultura sobre el ambiente”.
En su Vigésima Segunda Reunión Ordinaria, realizada el 5 de octubre de 2023, la JIA ya había expresado mediante la resolución 545, un pleno respaldo a la construcción de la Alianza Continental para la Seguridad Alimentaria y el Desarrollo Sostenible, con el fin de “impulsar esfuerzos conjuntos entre los países de las Américas para enfrentar el surgimiento de reglas, regulaciones y acciones que amenazan con restringir el comercio agroalimentario de los países de la región…”.
En este contexto, volvieron a ratificar a hora que “los países de las Américas consideramos que un comercio abierto, transparente, previsible, justo, no discriminatorio, basado en ciencia y regido por las normas multilaterales es clave, tanto para construir un sistema alimentario global resiliente como para potenciar la contribución del comercio agroalimentario de la región al desarrollo sostenible y la creación de empleo decente y digno”.
En ese sentido, consideran que “no existen soluciones únicas para los problemas globales”, y por lo tanto cuestionan el Reglamento sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR) de la Unión Europea 2023/1115, puesto que el mismo “constituye una medida comercial unilateral, que no considera las realidades, capacidades y legislaciones nacionales de terceros países”.
Por eso América considera que “su implementación tendrá efectos no deseados sobre el comercio internacional, el precio de los alimentos y el bienestar de las comunidades rurales”, además de remarcar que dicho Reglamento “será de difícil cumplimiento para la mayoría de los países, incluyendo los países de la Unión Europea”, en particular porque implica que “muchos productos exportados a la UE tendrán que ser geolocalizables”.
En este contexto, el continente americano afirmó que “valoramos la propuesta de la Comisión Europea de postergar por 12 meses la implementación del Reglamento 1115, extendiendo asimismo por 18 meses su aplicación para los pequeños y medianos productores”. Urgió a su aprobación por parte del Parlamento, ya que dicha votación se producirá en las próximas horas.
“Mientras que esta postergación es un primer paso valioso, recomendamos a la Unión Europea a trabajar en forma conjunta con la región de las Américas para celebrar un debate más inclusivo y participativo y analizar las posibles implicancias del reglamento sobre el flujo de comercio y los precios de los alimentos”, sostiene el documento de la JIA, que reafirma la disposición de la región “a fortalecer los procesos de diálogo y trabajar en un marco de cooperación conjunta con la Unión Europea contra la desertificación, para el cuidado de los bosques y para la promoción de prácticas sustentables productivas, atendiendo las realidades y capacidades locales y tomando en cuenta las legislaciones de nuestros países”.
Luego de sugerir que la UE debería notificar formalmente de su reglamento a la Organización Mundial de Comercio (OMC), el ámbito multilateral donde se fija reglas comerciales justas, el documento cierra diciendo que “para alcanzar los objetivos de incrementar los niveles de seguridad alimentaria en el mundo y luchar contra el cambio climático es necesario que, además de un comercio multilateral basado en reglas claras, procuremos la efectiva y rápida movilización del financiamiento global para el sector agropecuario, en el marco de los compromisos asumidos por los países en las diferentes instancias multilaterales”.
