Un grupo de trabajadores e investigadores irrumpió en una reunión del Consejo Directivo del INTA y, ante la atenta mirada del presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, expresó en voz alta una serie de reclamos y advertencias que desde hace tiempo buscan plantearle de manera directa al funcionario y productor identificado con el ideario libertario.
La reunión del Consejo, realizada este jueves, tenía previsto abordar un paquete de propuestas consideradas altamente nocivas para el organismo de ciencia y técnica. Se trata de iniciativas que se inscriben en una estrategia más amplia del gobierno de Javier Milei, orientada al desmantelamiento del sistema científico-tecnológico y a la virtual entrega de sus capacidades estratégicas.
Entre los puntos en discusión, el gobierno nacional impulsa, a través de la conducción del organismo, una fuerte reducción de las líneas de trabajo, el cierre de 11 centros regionales, la implementación de retiros voluntarios que dejarían al INTA con una dotación de personal severamente debilitada y la venta de unas 42.000 hectáreas de tierras pertenecientes al organismo.
Mientras este ajuste se debatía entre las autoridades del INTA y las entidades de productores como Sociedad Rural, Federación Agraria, Coninagro y CREA, un grupo de trabajadores ingresó “sin golpear la puerta” -según Bronzovich- y vociferó una serie de cosas que los trabajadores se venían guardando hace al menos un año, cuando comenzó el férreo intento de desmantelamiento del organismo.
Gracias a una filmación tomada por otro de los trabajadores, se pudo conservar registo audiovisual del hecho, que ya circula ampliamente por redes sociales y WhatsApp y no deja bien parado a Bronzovich, a quien se lo ve escuchando el reclamo atentamente.
El primero en manifestarse fue José Perea, delegado de ATE en INTA Castelar, que esgrimió: “Le queremos decir que retrocedan, que nos dejen a nosotros incluso ser parte de todo lo que ustedes pueden hacen. Queremos conocer las actas, queremos conocer las reuniones y queremos conocer sus planes. No puede ser que nos lleguen las medidas y que nos lleguen cada uno de los planteos por cartas o por notas, que de alguna manera se descubran o se cuelan por abajo de la puerta. Nosotros queremos explicar que en definitiva el INTA debe ser salvado, porque debe ser salvado la familia INTA, porque deben ser salvados los trabajadores del INTA, pero también porque el INTA es necesario para la comunidad. Es una verdadera joya y nosotros la vamos a defender con uñas y dientes”.
A su vez, Perea manifestó: “Queremos que nos den sus opiniones sinceras, que se pongan la mano en el corazón y que digan qué es lo que piensan hacer”.
Luego, quien tomó la palabra fue la veterinaria Paula Olaizola, investigadora en el Instituto de Agricultura Familiar (IPAF INTA), quien expresó su preocupación por la falta de respuestas sobre el plan oficial respecto a la agricultura familiar.
“¿Qué piensan hacer con la agricultura familiar? ¿Qué piensan hacer? ¿Van a desconocer la cantidad de agricultores familiares que lo único que llega es el INTA de los diferentes territorios del país? ¿Lo van a desconocer? ¿Con cuál es su objetivo? ¿Que habla de innovación, epicentro de ciencia y tecnología? ¿Para quién? ¿Para algunos pocos? Eso es lo que ustedes están escribiendo, ¿no?”, le preguntó Olaizola a Bronzovich, que miraba desconcertado.
“¿Por qué están reunidos solo para destruir? ¿Por qué no están reunidos para construir? Todavía no ha habido ni una sola propuesta de construcción. De nada. No. Eso es lo que venimos a pedir. Eso es lo que venimos a pedir. Somos todos profesionales. Con doctorados, con maestrías. Profesionales en serio del agro. Y ustedes se sientan acá. Representantes de organizaciones, perfecto. No está representada la organización de la agricultura familiar tampoco en el Consejo. Algo que hemos pedido durante años para que la conozcan por lo menos. No son beneficiarios ni clientelares. Son los que producen alimentos. ¿Y contra eso qué? Derogación de los institutos, del CIPAF (Centro de Investigación para la Agricultura Familiar), que es lo único que hemos logrado reforzar, cuando el INTA crece en Latinoamérica, en el mundo. Es un ejemplo. Todos nosotros hemos hecho misiones, hemos trabajado. Somos un ejemplo de cooperación internacional. Y se lo llevan puesto porque ahora valen más las tierras”, espetó Olaizola al ex directivo de Aapresid y productor agropecuario de Buenos Aires.+
Mirá el video completo:
En los últimos días comenzó a circular un documento interno entre trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que es lo que se estaba debatiendo al momento de que ingresen los investigadores. El documento revela el alcance del plan de ajuste que el Gobierno nacional pretende imponer al organismo técnico, pese a la resistencia de gremios, organizaciones rurales y decisiones judiciales previas.
El temario que aspira a aprobarse en el renovado Consejo Directivo del INTA propone un retiro voluntario masivo, cierre de estructuras territoriales y venta de activos estratégicos, configurando una reducción estructural del organismo con impacto operativo y científico.
Según el documento, que no fue desmentido por las autoridades de la entidad, se plantea la venta de alrededor de 42.000 hectáreas de campos experimentales, incluidos terrenos en uso y sin uso.
En materia de personal, se prevé una convocatoria a retiro voluntario incentivado, con pagos de hasta 1,1 salarios por año de servicio, y la eventual puesta “a disponibilidad” del personal de áreas eliminadas, lo que podría traducirse en la salida de entre 1.500 y 2.000 trabajadores.
La propuesta oficial elimina 11 centros regionales, reconfigura la estructura organizativa —reemplazando el esquema matricial por uno jerárquico centralizado— y suprime 293 Agencias de Extensión Rural, además de clausurar unidades vinculadas a la agricultura familiar y otras líneas de investigación consideradas “no estratégicas”.
También se apunta a reducir de 134 a aproximadamente 50 programas de investigación, priorizando sólo 25 directamente vinculados a sectores agroindustriales, mientras se eliminan programas orientados a agricultura familiar, estudios territoriales y áreas regionales.
Gremios como APINTA denuncian que estas medidas no son un ajuste transitorio sino un proceso de desmantelamiento del INTA, que afectará la capacidad estatal de asistencia técnica, investigación y presencia en el territorio.
Este plan se produce al cabo de meses de secretismo y falta de comunicación oficial sobre el futuro del organismo, y se inscribe, según analistas y trabajadores, en una lógica de subordinación del INTA a prioridades productivistas y de mercado, al tiempo que se debilita su misión pública.
