Las tres entidades que nuclean a las empresas molineros se opusieron desde el día uno al fideicomiso denominado “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino” (FETA) al sospechar que se trata de una herramienta diseñada para favorecer a una sola empresa del sector. Y no se equivocaron.
Las pymes molineras, integradas en la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras (Apymimra), denunciaron que el gigantesco subsidio cobrado por dos empresas controladas por la familia Navilli (Molinos Cañuelas y Molinos Florencia), generó una distorsión de mercado que ameritaría la intervención de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).
“Solo tres molinos adhirieron al FETA para ofrecer ‘harina subsidiada’: uno con baja incidencia en el mercado y los otros dos, en cambio, pertenecientes al único grupo molinero que desde el inicio manifestó su adhesión al sistema y que ya cobró casi 1300 millones de pesos a través del Fondo. Este grupo está en plena instancia de concurso de acreedores y tiene un pasivo de 1320 millones de dólares”, indicó hoy Apyminra por medio de un comunicado.
Los representantes de los pequeños molinos –localizadas en su mayor parte en la región pampeana argentina– señalaron que, durante la primera semana de vigencia del FETA, el grupo Cañuelas vendió bolsas de harina subsidiada a precios menores a los mercado, lo que generó, obviamente, gran irritación entre sus competidores.
Pero la cuestión es que, para poder recibir la harina con precios subsidios, el grupo Cañuelas dispuso que sus clientes –fundamentalmente panaderías y fábricas de pastas frescas– deben saldar todas las deudas anteriores a la compra de harina subsidiada y mantener las cuentas corrientes en cero, además de reducir a 7-10 días el plazo de cobro de la mercadería, cuando lo usual en el mercado es 20-30 días.
“Los panaderos para poder comprar la harina subsidiada (más barata) deben priorizar los pagos a ese proveedor (grupo Cañuelas) y postergar los pagos a otras empresas”, denunció Apyminra. “Esa práctica redujo los fondos disponibles de los panaderos para el pago a molinos pymes, que mantienen su modalidad de venta con plazos de pago a 30 días efectivos en la entrega siguiente de harina”, añadió.
Los pequeños molineros indicaron que esa distorsión de mercado provocada por el FETA, es decir, por el Estado nacional, provocará un “derrumbe de ventas de los molinos pymes, ruptura de la cadena de pagos, reducción de actividad o parada de plantas y paralización de las economías regionales, ya que los molinos pyme son la principal fuente de trabajo directo e indirecto de sus pueblos”.
Es decir: todas cuestiones que habilitarían una investigación de oficio por parte de la CNDC relativa a determinar la existencia de una conducta anticompetitiva estipulada en la Ley Nº 27.472.
Los molineros pymes solicitaron al nuevo secretario de Comercio Interior, Guillermo Hang, que suspenda el FETA de inmediato porque el mismo puso en riesgo la cadena de pagos y perjudicará a muchas empresas del sector.
Los integrantes de Apyminra no aceptaron integrar el FETA porque, según explicaron, “los molinos pequeños no podemos vender harina más barata que el costo real y esperar esta diferencia mediante el subsidio del FETA”.
“Ocurre que no tenemos márgenes de rentabilidad y el capital de trabajo suficiente para esperar el pago diferido, que no sabemos cuándo llegará. Repetimos nuevamente que el FETA no cumple con el objetivo de bajar el precio del pan para los sectores más vulnerables y genera situaciones contrarias al objetivo solidario de su creación”, insistieron.
Con sentido común, propusieron que el gobierno resuelva el problema del acceso a alimentos básicos generado por la inflación (es decir, por una política monetaria irresponsable del Estado) por medio de ayudas directas instrumentadas a través de la Tarjeta Alimentar.
Tres legisladores de la Coalición Cívica presentaron una denuncia penal contra el ex secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, por la sospecha de comisión de los delitos de defraudación contra la administración pública, fraude al comercio y la industria, y lavado de activos, en la administración del FETA.
