Escala un nuevo conflicto en la industria láctea: El Ministerio de Trabajo bonaerense inspeccionó Arsa y constató que el reclamo de los trabajadores lecheros es legítimo

Desde el mes de diciembre la industria láctea Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima está concursada. Una situación compleja para una empresa que intenta encontrar alternativas para mejorar su condición, no encuentra un espacio de diálogo adecuado para adaptar sus posibilidades a las necesidades de más de 500 trabajadores.

Esta firma que surgió luego de la salida del fondo de inversión BAF Capital de la SanCor Cooperativas Unidas Limitada, primero con una parte del negocio de postres, yogures y flanes, para luego obtener la totalidad, le corresponde a Vicentin Family Group, que de alguna manera tiene la intención de cederlo, pero en las condiciones actuales resulta más complejo.

No fue bueno el paso inicial de Maralac, una firma de capitales venezolanos, en la administración, pero tampoco la gestión gerencial en cuanto a la baja en la calidad de los productos, que tuvieron en los últimos tres años una menor participación en el mercado, y no sólo por las condiciones del consumo. Esto se complejizó en el último año con los efectos del dólar soja y la sequía en la producción, con una baja en el recibo de leche y la necesidad de elevar el precio a los productores, mientras la condición salarial de los trabajadores no cesó en su ajuste al ritmo exacto de la inflación.

Trabajadores lecheros de ARSA siguen sin cobrar su salario de mayo y la crisis se profundiza

El negocio de frescos funciona cuando se tracciona con más productos, para tener una mayor llegada a los comercios de cercanía y a los supermercados. Por eso sólo con el uso de la marca SanCor no fue suficiente para sostener una estructura enorme, que a la vez enfrenta una competencia que parece imbatible.

Tiempos complejos en la economía hacen que la demanda sea menor y así se fueron complejizando los acuerdos iniciales de pago de salarios desde hace varios meses que según pudo saber Bichos de Campo, “se fueron cumpliendo como se pudo”.

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) jamás se presenta de forma flexible ante estas situaciones, a pesar que esto represente el riesgo en los puestos laborales.

Hace dos semanas hubo una reunión en la que se ofreció acordar un “procedimiento preventivo de crisis”, con un cronograma de ajuste de los turnos de trabajo, con un recorte en los salarios que llegarían al 60% del total con pagos semanales del 15%. Sin embargo, no se aceptó esto, pero muchos menos el gremio propuso negociar.

De nuevo Atilra está frente al mismo dilema: ARSA le pidió poder suspender parte del personal, pero el gremio se negó y la empresa quedaría al borde de un cierre

Hoy no hay nada concreto, y lo cierto es que el personal a esta altura del mes de junio cobró sólo el 15% del salario de mayo. Esto fue corroborado el martes pasado por inspectores del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, que llegaron a la planta de Arenaza. La otra planta de la ex SanCor que ahora corresponde a Arsa está ubicada en Córdoba.

El titular de la cartera laboral, Walter Correa, que está muy ligado a las autoridades de Atilra en la provincia de Buenos Aires, se involucró directamente en el tema, sin generar acercamiento alguno de las partes, a pesar que el tratamiento del conflicto recae sobre la Secretaría de Trabajo de la Nación, porque son plantas de dos provincias las que están en conflicto.

Este sábado a las 11 hay una convocatoria de apoyo a las 200 familias que dependen de la planta de Arenaza, en la plaza Rivadavia de Lincoln.

Por ahora lo que hizo el Ministerio es admitir un reclamo genuino del sindicato, mientras que por parte de Atilra se dejaron trascender posiciones de los trabajadores. Decían: “Es una situación límite, necesitamos cobrar. Pedimos por los salarios, trabajamos por ello y la empresa está dejando sin comida a nuestras familias”. La situación se tensa aún más porque la semana próxima se espera el pago de los aguinaldos.

Mientras se aguarda una audiencia ante autoridades nacionales, Atilra sostiene el esquema de “retención de tareas”, que incluye algunas presiones a quienes prefieren seguir trabajando con la escasa cantidad de materia prima que está ingresando, para lo cual la empresa reforzó la seguridad en las plantas de Arenaza y de Córdoba, sin permitir el ingreso a quienes no trabajan. Lo que ya es parte de un método de protesta visto en casos similares recientes, se continuará con el envío de telegramas intimando a la empresa al pago de salarios.

Lo cierto es que la negociación debe existir, se deben balancear las posibilidades y las necesidades, para no caer en la posibilidad de una quiebra de la empresa, porque en definitiva lo importante es el impacto que esta crisis puede provocar sobre las 500 familias que dependen de forma directa de Arsa.