La prohibición del herbicida glifosato mediante una ordenanza sancionada en la localidad entrerriana de Gualeguaychú le trajo a la actividad agropecuaria de la zona varios dolores de cabeza, en medio de un embate muy fuerte desde el sector ambiental.
“La prohibición de la venta, uso y distribución de este insumo implica dejar de producir unas 33.000 hectáreas en la zona. La agricultura que realizamos y hasta la siembra de un verdeo en un tambo requiere de este insumo. Por eso acudiremos a la Justicia para declarar inconstitucional esta ordenanza”, informó Elvio Guía, director de Federación Agraria Argentina (FAA) de Entre Ríos.
Guía aclaró que “no es que tampoco queremos hacer lo que se nos plazca. Primero y principal, sí hay Buenas Prácticas Agricolas (BPA) en la zona. Se pueden instalar zonas buffer o de amortiguamiento como solución, o se pueden hacer controles urbanos y periurbanos, pero de ningún modo restringir tantas miles de hectáreas como se hizo. Para mi esto tuvo un tinte más político, y esta acción le dio mas votos al intendente”, criticó.
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Con respecto a la última campaña agrícola en Entre Ríos, el dirigente dijo que “esta es una cosecha para el olvido y una de las peores de los últimos 40 años. No creo que lleguemos en soja al promedio de los 1.000 kilos por hectárea. El maíz de primera, aunque no anduvo mal, también registra rindes bajos”.
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“No sólo los productores lo pasan mal sino también las cooperativas, y consideremos que el 70% de la agricultura en la provincia se financia a través del sistema cooperativo”, advirtió el funcionario de FAA.
El único que no está en emergencia en Entre Ríos, según Guía, es “el sector arrocero, el cual sí atraviesa problemas como costos de producción en cuanto al aumento de la tarifa eléctrica. Lo que salva al arroz es que esta campaña hubo rindes aceptables. Pero tengamos en cuenta que hoy un productor arrocero entrerriano paga el doble de lo que abona un productor correntino” en materia de electricidad.
A su vez, Guía se refirió a la actividad citrícola de la provincia, y la calificó como “muy dinámica y con mucha de obra y galpones de empaque, pero que atraviesa problemas por la seca. La fruta tempranera vino de muy mala calidad, y hubo mucha fruta caída”.
“Por ende, la ganadería, la agricultura y todas las economías regionales, a excepción del arroz, están en emergencia”, resumió.
Teniendo en cuenta lo que le cuesta al país mantener un modelo a base de insumos dolarizados, sumado al mantenimiento de rutas, puertos, subsidios directos e indirectos, fósforo y potasio que se exporta regalado detrayéndolo del suelo cada vez más empobrecido, más los costosos tratamientos, principalmente oncológicos por las enfermedades que producen los químicos agrarios y los transgénicos que vienen mezclados con los alimentos como pollo, leche en polvo, barras de cereal y un largo etcétera, que no se “produzcan” mercancías con glifosato en 33 mil hectáreas significa un gran ahorro para el erario público que puede aplicar ese dinero ahorrado a otras áreas más necesarias para el desarrollo humano. Es una gran noticia. La agricultura industrial, como en todo el mundo incluido EEUU, no sobreviría sin los permanentes aportes estatales. Argentina no es la excepción, obviamente.
De acuerdo con Horacio. Además, en esas 33.000 hectáreas que no seguirán siendo envenenadas con plaguicidas, se pueden producir alimentos agroecológicos de cercanía, garantizando la seguridad, la salud y la soberanía alimentaria de las poblaciones cercanas. También producir alimentos de calidad agroecológica con alto valor nutricional y alto valor agregado, para ofertar a los centro urbanos más alejados.
Para eso los productores necesitan capacitarse y cambiar al sistema productivo agroecológico. Necesitamos que dejen de ser aliados de las corporaciones privadas que se benefician con el envenenamiento de la población y del ambiente, y vuelvan a ser aliados de las poblaciones de donde son originarios.