“La Asociación de Viñateros de Mendoza y el Chiqui Tapia, un sólo corazón”, expresó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en sus redes sociales. Una curiosa metáfora futbolística que viene a colación de dos conflictos judiciales que el gobierno hoy enfrenta, tanto con el líder de la AFA como con el sector vitivinícola.
Lo dice luego de que las entidades más importantes se hayan presentado ante la Justicia para que se dé marcha atrás con algunos incisos del nuevo cuerpo normativo aprobado días atrás por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que deroga el 80% de las disposiciones que regían a la actividad y regirá a partir de enero del 2026.
Recurrir a los tribunales cuando una medida gubernamental no es bien recibida, dice Sturzenegger, es el mismo modus operandi que supo emplear el presidente de la AFA, en particular cuando, a través del DNU 70/23, el propio funcionario intentó reflotar el viejo proyecto de convertir a los clubes en sociedades anónimas (SAD).
La comparación parece caprichosa, pero la metáfora también lo es por definición. Para el funcionario, los manejos del “Chiqui” Tapia al frente del fútbol argentino -en detrimento de los hinchas- son los mismos que las asociaciones de viñateros y la Coviar para con los productores.
ASOCIACIÓN DE VIÑATEROS DE MENDOZA Y EL CHIQUI TAPIA, UN SOLO CORAZÓN. Cuando el DNU 70/23 permitió que los socios de los clubes de fútbol elijan si querían ser sociedades anónimas, la @afa y el @tapiachiqui, recurrieron a la justicia para prohibir la opcionalidad. Es decir, no… pic.twitter.com/dzQKctzR4y
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) December 17, 2025
Estrictamente, el sector vitivinícola festejó que gran parte de las normas que regían a la actividad, unas 973 para ser exactos, hayan sido derogadas por la resolución 37/2025, que modifica la mayoría de las funciones, trámites y controles en manos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
El punto de disputa fue, en realidad, en torno a dos cambios muy específicos a los que sí se opone el sector en su conjunto: la no obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU) y la eliminación de la declaración jurada CEC-05. Eso fue lo que motivó la presentación de un recurso de amparo ante el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, a cargo de Pablo Oscar Quirós.
“Como buenos discípulos del Chiqui Tapia”, evaluó Sturzenegger en la red social X. Cabe destacar que, previo a acudir a la Justicia, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA), en conjunto con otros organismos provinciales, se habían reunido con el funcionario para expresarle su preocupación al respecto.
Lo cierto es que, si algo caracteriza a esta administración, es que no suele dar marcha atrás fácilmente. Aunque incluso los propios bodegueros alegan que contar con el CIU no es una carga burocrática y que permite darle trazabilidad al vino que producen, evitando que sufra de adulteraciones, mezclas o diluciones, para el ministro Sturzenegger su actitud esconde negociados y manejos espurios. Del mismo modo que, asegura, sucede en la AFA.
“Vamos a pegarle al chancho para que aparezca el dueño”, expresó, y aseguró que detrás del recurso de amparo hay dos interpretaciones posibles. Por un lado, que el CIU “facilita el control y la cartelización del mercado, y permite la implementación de prácticas anticompetitivas”, ya que es un certificado que sigue el recorrido de la uva desde que es cosechada hasta que llega a la góndola en forma de vino.
Lo curioso es que, para justificar esa primera lectura, Sturzenegger echa mano a un argumento que también dan los viñateros desde la vereda de enfrente y reconoce que “el CIU reúne información valiosa”.
Gracias a que ese documento fue siempre obligatorio, argumenta el sector, es que esa información existe y que se conoce qué uva, en qué cantidad, con qué porcentaje de azúcar y muchos otros parámetros más detrás de cada botella de vino. No hay razones para que sea obligatorio, responde Sturzenegger, que lo califica como una “carga burocrática” que 45% del sector no usa (pero un 55%, sí).
La segunda razón detrás de esa férrea postura, asegura el funcionario, es económica, ya que la Coviar cobra un tributo al sector privado por esa gestión. “Resulta que, sin el CIU, se les dificulta el cobro de esa tasa. Ahhh…”, expresó, alegando que llegó a esa conclusión por la vía de siempre: un mensaje de un productor.
Tras mostrar sus dientes, el gobierno da cuenta de que, del mismo modo que está haciendo en su enfrentamiento con el presidente de la AFA, irá a fondo en el conflicto judicial con el sector vitivinícola.
Incluso, el funcionario no se privó de echar mano a otro antiguo vicio de la política: la presión al Poder Judicial. “Esperemos que la justicia se ponga del lado de la producción y la libertad, y no del lado de la regulación, las prácticas anticompetitivas y los intereses de una o dos corporaciones”, concluyó en su mensaje de redes sociales.
