La jueza María Carolina Castagno resolvió este jueves ordenar el desalojo de las personas que ocupan desde el jueves 15 de octubre el establecimiento rural Casa Nueva, ubicado en el acceso a Santa Elena y perteneciente a la familia del ex ministro de Agroindustria del macrismo, Luis Miguel Etchevehere. Esa ocupación, entre muchas que se están produciendo en el país, tenía un altísimo voltaje político: los ocupantes pertenecían al llamado Proyecto Artigas, ligados al dirigente social Juan Grabois, que está alineado con el gobierno. De hecho, varios funcionarios nacionales, provinciales y municipales fueron vistos dentro del operativo.
Castagno, en segunda instancia, hizo lugar a las apelaciones presentadas tanto por los fiscales de la ciudad de La Paz como por la defensa de los Etchevehere. Como había anunciado tras una larga audiencia que fue televisada e incluyó la presentación de todas las partes en litigio, lo que hizo ahora es leer directamente una larga sentencia, en la que explicó las razones objetivas que la llevaban a ordenar el desalojo de los ocupantes actuales del campo.
La magistrada le dio credibilidad a todos los documentos presentados por la defensa en esta causa, que habían sido inicialmente desestimados por el juez Héctor Flores, cuyo fallo solo dilató los días de desalojo. Desde la toma han pasado 13 jornadas. En todas ellas fue creciendo el voltaje político alrededor de esta toma.
El ex ministro y presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) se instaló junto a sus hermanos en la tranquera de acceso al campo. Allí se sucedieron dos movilizaciones de productores inquietos por este avasallamiento de la propiedad privada; una marcha de militantes sociales que apoyaron la toma protagonizada por el Proyecto Artigas; un enorme despliegue policial para evitar incidentes entre ambas partes; y múltiples episodios de tensión. Algunos que llegaron al grotesco.
En la lectura de la sentencia, Castagno fundamentó básicamente que, más allá de que pudieran corresponderle algunos derechos hereditarios que no se estaban dirimiendo en ese juicio, el ingreso de Dolores Etchevehere y de 40 militantes del denominado Proyecto Artigas al predio rural el pasado 15 de octubre fue realizado “de modo absolutamente inconsulto” con los propietarios legales del establecimiento de unas 1.300 hectáreas, la empresa Las Margaritas SA. Por eso ordenó el “reintegro inmediato” del campo a esa firma.
La firma de la familia Etchevehere maneja ese campo desde los años 70, entre otros establecimientos en la provincia de Entre Ríos. En 2009, cuando murió el padre del ex ministro, Luis Etchevehere, la hermana díscola inició una serie de reclamos y denuncias. Según la versión de la familia, este litigio haría concluido en 2018, cuando se llegó a un acuerdo extrajudicial para el reparto de las propiedades. Luego Dolores habría vendido los bienes recibidos a una empresa llamada Mirus.
Pero la jueza, más allá de tomar en consideración esas pruebas, aclaró terminante que no estaba en discusión si a Dolores Etchevehere le correspondía todavía parte de la herencia o si había sido defraudada por su propia familia, como ella sostiene. Dijo Castagno que lo que se discutía allí era una intrusión en bienes que eran de otros. Y por eso ordenó el desalojo. En las próxima horas se sabrá si será de modo pacífico o si requerirá el uso de la fuerza pública.
