Mientras se agudiza el conflicto en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, por los sucesivos sabotajes propiciados por miembros de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el Senado dio ayer media sanción al proyecto que busca prorrogar la ley 26.160 de Emergencia de las Tierras Indígenas, creada por Néstor Kirchner en 2006. Por 43 votos afirmativos, 2 negativos y 7 abstenciones, la iniciativa que suspende los desalojos hasta que se finalice el proceso de relevamiento catastral de las tierras, proceso que viene por demás demorado, fue aprobada y enviada a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
El proyecto, que propone extender hasta el 2025 la vigencia de la ley y otorgar una asignación de 290 millones de pesos al fondo de ejecución de la norma, fue presentado por la senadora salteña del Frente de Todos, Nora del Valle Giménez, quien consideró que se trata de un tema de “derechos humanos muy básicos como el derecho a la tierra, al agua, a la alimentación, a la salud y a la educación”.
Giménez afirmó que es importante completar los relevamientos técnicos y consideró que la próxima discusión será “el debate sobre la definición de la tierra comunitaria para garantizar en base a estos relevamientos la entrega definitiva de la tierra”.
Las tensiones en la reunión llegaron de la mano de las intervenciones de senadores del interbloque de Juntos por el Cambio, que pidieron varias modificaciones como el establecimiento de una fecha límite para la realización de los censos de las comunidades.
“No puedo continuar con prórrogas que se demoran desde 2006. Esta ley no puede excluir la realidad que se está viviendo al sur del país con la actuación de la RAM y la posibilidad de brindarle excusas para que prosigan con su acción terrorista. Si el país pudiera dividirse y excluir de la norma a Río Negro, Chubut y Neuquén tal vez la votaría. Pero esto no es posible. Y, frente al desafío de la RAM, votar esta prórroga es un verdadera suicidio institucional para nuestro país”, dijo Ernesto Martínez, senador del PRO por Córdoba.
En el mismo sentido, la cordobesa Laura Rodríguez Machado manifestó: “Los argentinos están sufriendo un ultraje de bienes en el sur de la Patagonia debido a una falsa y mala aplicación, que nació con un buen sentido que es proteger derechos ancestrales. Pero hace dos años que esta norma se convirtió en un escudo de protección para cometer ultrajes y que la Justicia no pueda actuar”.
Desde el oficialismo, el chubutense Juan Mario Pais explicó que “no se puede poner una fecha límite porque desde la Constitución Nacional se los protege como un derecho ancestral preexistente y, por más que uno le ponga un límite para manifestarse como población originaria, cuando estos lo hagan están en su derecho siempre para serlo”.
Por su parte Alfredo Luenzo, también desde Chubut, señaló que “bajo ningún punto de vista esta prórroga implica dar consentimiento a grupos minúsculos que no representan a las comunidades aborígenes” y que “la respuesta no la tendría que dar el poder político, sino la Justicia, investigando y metiendo presos a quienes son responsables”.
Finalmente el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, defendió a la ley al indicar que con ella “ya tenemos reconocidos 32 pueblos indígenas, divididos en 1600 comunidades, y hubo un reconocimiento de casi seis millones de hectáreas”.
El encuentro -del que llamativamente no participaron los senadores Silvina García Larrabru (FDT) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que venían sufriendo presiones en su provincia a raíz de este conflicto- culminó con la aceptación por parte del oficialismo de algunos cambios propuestos por la oposición, como la exigencia de que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) presente anualmente un informe en el Congreso sobre el avance del relevamiento.
El proyecto fue girado a Diputados y aguarda por su tratamiento.
