Una resolución judicial dejó en evidencia que el Estado nacional abona a las empresas elaboradoras de bioetanol de maíz un precio 27% inferior al correspondiente por el biocombustible destinado a la mezcla obligatoria con nafta, el cual, según la legislación vigente, debería ser del 12%.
El gobierno de Mauricio Macri pesificó el factor “amortizaciones” en el fórmula de cálculo del precio del bioetanol con el propósito de reducir el valor del mismo, al tiempo que la administración de Alberto Fernández este año directamente intervino el precio para congelarlo en un contexto de aceleración inflacionaria.
Cansados de reclamar que se aplique la normativa vigente, los directivos de la empresa cordobesa Bioetanol Río Cuarto (Bio4) presentaron un amparo para lograr que el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, dicte una medida cautelar orientada a que el Estado nacional pague el precio en función de la modalidad del cálculo establecido en la legislación vigente.
Así es como desde fines de noviembre pasado Bio4 recibe 44,9 pesos por cada litro entregado a las compañías petroleras refinadoras, mientras que el resto de las empresas del sector obtiene apenas 32,7 $/litro.
El resto de las industrias elaboradoras de etanol de maíz también recurrieron a la justicia para intentar seguir los pasos de Bio4. En ese sentido, la puntana Diaser tiene ya una cautelar a favor y la semana que viene debería comenzar a comercializar etanol con el precio actualizado.
El titular de Diaser, Sergio Szuchet, dijo a Bichos de Campo que, tal como ocurrió en el caso de Bio4, “la Justicia determinó que el precio que debemos cobrar es de casi 45 pesos por litro”. Y remarcó que con el valor vigente de 32,7 $/litro “nuestra empresa está totalmente paralizada porque con ese precio se pierden al menos 8 pesos por litro producido”.
Szuchet indicó que esperan que en estos días las autoridades nacionales actualicen el valor que debe cobrar Diaser en la página web de la Secretaría de Energía en función de lo dispuesto por la medida cautelar “porque si no estarían incumpliendo una orden judicial”.
Las otras empresas que realizaron sus presentaciones judiciales son ACA Bio (controlada por la Asociación de Cooperativas Argentinas) y Pro Maíz (un joint venture entre Bunge Argentine y Aceitera General Deheza). La única que no lo hizo fue Vicentín SAIC por estar concursada.
