Se espera que el Senado de la Nación comience a debatir hoy el proyecto de ley Ovina presentado por el legislador oficialista José Miguel Ángel Mayans.
Esta ley surgió hace 20 años con la intención de fomentar a la actividad primaria y su industrialización. Para eso se previó un fondo de 20 millones de pesos que, convertibilidad mediante, equivalían a 20 millones de dólares. La normativa fue renovada a los 10 años cuando venció pero ahora, inflación mediante, esa cantidad de dinero es exigua.
El proyecto de Mayans establece un fondo de 850 millones de pesos, que es diez veces superior al actual en pesos. Según los productores es mejor que nada, pero no los deja para nada conformes. Si se mide ese dinero en dólar oficial serían cerca de 10 millones de dólares, la mitad que en su inicio.
El punto es que la moneda local pierde valor a diario y si se calcula la inflación que habrá este año en el primero de vigencia de la normativa que sería 2022, ya se habrá achicado su poder de ayuda a los productores en 40% siendo optimistas.
Pero además, si se toma como referencia el otro dólar, que vale cerca de 160 pesos, el dinero que se estaría asignando sería de sólo 5 millones de dólares, la cuarta parte del destinado al sector cuando surgió la ley que tantos beneficios le dio a la actividad “y al país, porque de cada dólar que puso el Estado, inversiones mediante, se generaron seis”, según dijo Marcos Williams coordinador de la Mesa Ovina Nacional.
Lo que se pide es que la normativa contemple un mecanismo de actualización anual por inflación o que determine aumentos por etapas; nada de eso fue por ahora contemplado aunque como la discusión recién arranca no se pierden las esperanzas.
Por eso los dirigentes de la Mesa Ovina Nacional, Carlos Vila Moret y Daniel Lavayén, reclamaron a los legisladores en una carta que: “resulta imperioso que durante su abordaje se incluya también en su articulado un mecanismo de ajuste por inflación del presupuesto asignado, fijado por el proyecto en 850 millones de pesos, puesto que, de otro modo, la tasa de depreciación de la moneda hará que cuando entre en vigencia la nueva ley, dichos fondos vayan perdiendo su valor original, tornándolos insuficientes para los fines que fueron concebidos”.
Marcos Williams también expresó su preocupación sobre el tema: “Nos preocupa que salga con este monto y sobre todo sin mecanismo de actualización que puede ser por inflación, valor producto u otro. El que más necesita de esta ayuda es el pequeño y mediano productor que encuentra en ella formas de financiamientos para su subsistencia y crecimiento. Hicimos varias propuestas en tal sentido a senadores y diputados, esperamos que nos escuchen”.
Williams sostiene que además de favorecer al crecimiento productivo, esta ley favorece al desarrollo federal por las características propias de la actividad y genera arraigo social en zonas despobladas, por eso espera que la opinión de los productores sea tomada en cuenta.
