De golpe y porrazo, como cada vez que se discute de impuestos, la relación entre el gobierno y los productores agropecuarios volvió a tensarse. Sucede ahora en Córdoba, donde la Mesa de Enlace de esa provincia salió a cuestionar la fuerte suba del Impuesto Inmobiliario Rural que para el año que viene propone el gobernador Juan Schiaretti en la Ley de Presupuesto 2019.
“Lo que nos están pidiendo, desde la óptica del Gobierno, es un ajuste por inflación. Pero para nosotros es un incremento de impuestos. Lo que pasa es que en el bolsillo del productor esto tiene un impacto muy fuerte porque, más allá de la actualización del tipo de cambio y otras modificaciones que han habido, el poder adquisitivo de nuestra producción es cada vez menor. Por eso el impacto que tiene (esta suba de impuestos) sobre ese margen bruto resulta mucho mayor”, que el 42% en promedio de suba que propone la Provincia.
Quien así explicó el estado de situación es Gabriel De Raedemaeker el titular de Cartez, una de las cuatro entidades rurales cordobesas. El bloque agropecuario quiere forzar ahora una negociación con las autoridades de la provincia, para realizar un ajuste del Impuesto Inmobiliario Rural que contemple otras particularidades del sector productivo y no solo la inflación general de la economía. El único distingo que hace el gobierno local es la escala de los campos, ya que los establecimientos de más de 200 hectáreas podrían sufrir una suba del 56% si no hay modificaciones.
“Tenemos que evolucionar en la forma de hacer el cálculo de este impuesto, porque el bolsillo es uno solo, y además tenemos adelante el retorno de las retenciones”, explicó De Raedemaeker, que sugirió tomar en consideración no solo la actividad de cada productor sino también otras cuestiones que deterioran los márgenes de cada campo, como la distancia a los puertos.
Mirá la entrevista completa con Bichos de Campo del titular de Cartez:
Junto a sus pares de Coninagro, la Sociedad Rural y Federación Agraria, el referente cordobés de CRA firmó en los últimos días un comunicado en el que el sector agropecuario se quejó porque “cada día aparecen más lejanas las promesas de reducción de la presión tributaria” sobre las explotaciones rurales.
El comunicado añadía que “ante esta realidad, los dirigentes del campo cordobés deben expresar el sentir y el reclamo de sus representados sin dejar de valorar el clima de diálogo que caracteriza su relación actual con los diferentes estamentos gubernamentales. Pero ese diálogo no siempre parece fecundo. El retorno a políticas que parecían definitivamente destinadas al olvido como aquellas que castigan a las exportaciones agravan la situación y limitan la capacidad de los productores de asimilar nuevas decisiones equivocadas que atenten contra su permanencia productiva. Los tamberos son sólo el ejemplo de una realidad que se reitera en cada establecimiento productivo cordobés”.
En ese escrito, la Mesa de Enlace Regional Córdoba rechazó el nuevo ajuste impositivo que contempla el Presupuesto provincial para 2019 e instó al Gobierno y a los Legisladores a “propiciar políticas austeras y a encontrar soluciones administrativas que contribuyan a mitigar los efectos derivados de un nuevo incremento de la carga impositiva que pesa sobre nuestra sociedad”.
De Raedemaeker, de todos modos, reconoció que será muy difícil que tengan éxito en este reclamo porque “la composición de las cámaras hace que prácticamente el Ejecutivo tenga un trámite para la aprobación del presupuesto”. Luego se quejó: “Los políticos creen que el agro siempre es el sector que está dispuesto a poner”.
Por otro lado, para mostrar que hay un buen marco de diálogo con la gestión de Schiaretti más allá de estas discusiones, el presidente de Cartez relativizó algunas quejas por la ley agroforestal que en la provincia obliga a los productores a forestar hasta 5% de la superficie de sus campos en un plazo de diez años.
“La mayor parte de los campos debe forestar entre 2 y 3 %. La política de buenas prácticas son una manera de acercar el sector agropecuario al resto de la sociedad, de tender un puente. Obviamente han ocurrido excesos en la provincia, por políticas muy agresivas de producción a lo largo de muchos años. y ahora es necesario devolver y esto es lo que nosotros como dirigentes tratamos de meter en la cabeza de los productores. Hay que establecer un nuevo contrato de entendimiento”, explicó.
Además aclaró que “es difícil que en un campo promedio de Córdoba no haya un 2% de la superficie forestada, que es un piso de exigencia. No necesariamente debe se para madera industrial. Y aparte, estéticamente no es lo mismo tener un campo despoblado que otro arbolado”.
