A pesar de que tuvieron más de una semana de tiempo para trabajar (desde que cerraron el registro de exportaciones de harina y aceite de soja) y a que vienen estudiando como armar un fideicomiso cerealero desde diciembre pasado, el Decreto 132/2022 que creó el llamado “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino” es apenas un enunciado: todavía no se sabe bien cómo funcionará.
Lo único que deja establecido en la normativa firmada por el presidente Alberto Fernández y todos sus ministros (sí, todos los altos funcionarios firmando algo que desconocen cómo funcionará), es que será el secretario de Comercio Interior, el contador Roberto Feletti, quien manejará la plata. No se sabe bien ni cuánto, ni cómo, ni para qué, ni a quienes beneficiará. Pero será él quien ponga las reglas.
En los considerandos del decreto (que no tiene valor legal sino es apenas una justificación de la medida) se dice que la invasión de Rusia a Ucrania ha hecho que se disparen los precios de los alimentos, y que esta medida responde a “garantizar un patrimonio de afectación específica que contribuya a mitigar el alza del precio de la tonelada de trigo que requiere la cadena de molienda argentina, considerando los valores, anteriores al conflicto, de las mercaderías involucradas”.
También se conoce por certero que el dinero que se recaudaría de más por las retenciones por la suba temporal a las retenciones del complejo sojero (en principio regiría hasta el 31 de diciembre), se administraría bajo la fórmula de un fideicomiso, que es de muy difícil control social y está incluso a salvo de la auditoría del propio Estado.
“El Fondo estará compuesto por los recursos resultantes de la modificación temporal de los derechos de exportación en virtud de la aplicación del Decreto 131/22 (es el que eliminó hoy mismo el diferencial de retenciones en el complejo oleaginoso). Facúltase al Jefe de gabinete (por Juan Manzur), previa intervención de la Oficina Nacional de Presupuesto, a aprobar el Flujo y Uso de Fondos para el ejercicio 2022 del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino”, dispone el decreto.
En su primer artículo el decreto determina: “Créase el Fondo Fiduciario Público denominado Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, con el objetivo de estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos. Dicho Fondo será conformado como un fideicomiso de administración y financiero, que se regirá por las normas complementarias y aclaratorias que dicte la Autoridad de Aplicación”, dice el artículo primero del decreto.
El artículo 4°, un poco más allá, define que “El Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de la Secretaría de Comercio Interior, será la Autoridad de Aplicación del Fondo creado por el artículo 1° del presente decreto”.
Todo el poder a Feletti, que venía impulsando desde diciembre un fideicomiso “privado” entre exportadores y molinos para subsidiar con recursos de la exportación de trigo y maíz los paquetes de harina y fideos secos, pero que ahora quiere extender los alcances de los subsidios también a las bolsas de 25 kilos de harina que van a las panaderías. La reglamentación de ese fideicomiso se conoció hace unos diez días, pero el rechazo de los privados y la dificultad para financiarlo con los embarques de cereales provocó que el gobierno decidiera dos cosas: habrá un nuevo fideicomiso que será estatal y la plata vendrá del complejo sojero.
Por esta vía del nuevo fideicomiso de Feletti (que no determina qué productos subsidiará sino solo establece que se compensará a los molinos por la suba del precio internacional del trigo) espera recaudar unos 400 millones de dólares, según cálculos realizados por el sector agrícola. Por los trascendidos y estudios previos realizados por el Ministerio de Agricultura, se sabe que la Argentina destina unas 2,5 millones de toneladas de trigo (el 12% de su última cosecha de 22 millones de toneladas) a la producción de harina triple 000 que se distribuye en el circuito mayorista hacia la elaboración de pan, usualmente en bolsas de 25 kilos.
En sus fundamentos (pero no es su articulado), el decreto presidencial aclara que el dinero de la soja no debería ser utilizado para subsidiar los productos previstos en el anterior fideicomiso privado: “Deberán excluirse del alcance de la presente medida las 800.000 toneladas de harinas destinadas a la exportación previstas en el fideicomiso privado”, dice la norma, confundiendo todo. En realidad se referiría a las 800 mil toneladas de trigo que se requieren para la fabricación de la harina de trigo que se comercializa en paquetes de 1 kilo y la que se utiliza para la elaboración de fideos secos.
Pero da lo mismo que se diga una cosa o la otra. Incluso que quede escrita. Lo único claro que surge del decreto firmado por todo el Gabinete Nacional es que todo el poder para manejar los 400 millones de dólares que se sacarán a la industria sojera será para el contador Feletti. Y que el tipo los usará para subsidiar supuestamente solo la harina necesaria para elaborar pan.
