El gobierno argentino, en junio pasado, decidió establecer un sistema de cupos de exportación de carne que, de un plumazo, redujo de 100 a solo 60 los exportadores habilitados de ese alimento, pues dejó afuera a las empresas que no tenían planta propia y faenaban sus bovinos en instalaciones alquiladas a terceros. Era algo normal que se cortó de modo más que discrecional y sospechoso. Los que negociaron el sistema fueron el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, únicamente con el titular del Consorcio ABC, Mario Ravettino. Claramente ganaron los frigoríficos exportadores.
Luego, con la llegada del nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se habilitó un nuevo cupo de exportación para la carne de vaca vieja que iba dirigida a China. Aunque se pensó en principio que ese nuevo reparto iba a subsanar la injusticia cometida antes con los “exportadores sin planta”, volvió a suceder lo mismo y los nuevos cupos quedaron “atados” al reparto original. Matarifes y grupos de productores se quedaron de nuevo con la ñata contra el vidrio, mirando como otros se apoderaban de todos los resortes del negocio.
En la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya) se quedaron mascullando bronca. Y lo hicieron saber este viernes en una carta enviada al coordinador de la Mesa de Ganados y Carnes, Dardo Chiesa, a la que accedió Bichos de Campo. Allí recordaron que, como si fueran narcotraficantes o algo parecido, a “partir de la Resolución conjunta 5/2021 del Ministerio de Desarrollo Productivo y del Ministerio de Agricultura, prácticamente se ha prohibido exportar carne a los exportadores que no cuentan con planta de faena propia”. Como si matar vacas, producir carne y exportarla fuera una actividad ilícita.
En la nota, los matarifes marcaron con todas las letras que a partir de ese andamiaje legal “en las áreas operativas del Ministerio de Agricultura (en referencia a la ex ONCCA) se regulan las exportaciones mediante la administración de cupos y matrículas trabando o impidiendo las operaciones de exportación genuinas de empresas con probada trayectoria en el mercado de carnes”.
“Esta política además de afectar fuentes de trabajo e ingresos de divisas raya la ilegalidad y se presta a la decisión arbitraria de los funcionarios de turno”, enfatizaron los matarifes, que reclaman “un trato igualitario al que se les da a las plantas exportadoras de carne y a las exportaciones de otros rubros”.
Quienes hace posible esta discriminación tan obvia, además de los ministros que firmaron las resoluciones que favorecieron la concentración del negocio exportador solo en manos de los frigoríficos que ya exportaban, barriendo de la cancha al resto de los operadores, son el secretario de Agricultura, Jorge Solmi, y el actual director de la ex ONCCA, Luciano Zarich, responsable de administrar las Declaraciones Juradas de Exportación de Carnes (DJEC). Ambos entraron juntos al gobierno en marzo de este año, con la decisión tomada por el gobierno de comenzar a meter mano en el negocio de la exportación de carne.
“Cuando llegue a la Secretaría a fines de febrero me encontré con un problema muy complejo respecto a la carne. Había muchas empresas fantasmas actuando que presumiblemente exportaban carne y los dólares no ingresaban nunca por el circuito legal, lo cual era una competencia desleal para los frigoríficos. Las resoluciones que sacamos fue para ir ordenando el mercado de la carne, hoy no hay intermediarios que le agreguen precio a la carne. Con esto buscamos que nuestras políticas sean transparente para la cadena”, declaró esta semana el secretario Solmi en una visita a Tres Arroyos.
En realidad, es falso que el Ministerio de Agricultura haya eliminado a una gran cantidad de operadores ilegales, como dice Solmi. En rigor, no hay denuncias judiciales presentadas desde el Ministerio por esas presuntas irregularidades. Y a las sucesivas consultas hechas por Bichos de Campo sobre este asunto se contestó apenas con tres casos de empresas que habrían intentado exportar unos pocos contenedores, que representaban menos del 1% del total de carne exportada. Pero el argumento se utilizó como excusa para dejar fuera de competencia a unas 40 empresas sin planta legalmente constituidas.
En ese sentido, en la carta a Chiesa la CAMyA recordó que una vieja resolución de Agricultura, la E-21 del 2017, estableció la categoría de Matarife Abastecedor “entendiendo por tal a quien faena hacienda de su propiedad para el abastecimiento propio o de terceros con destino al consumo interno y/o exportación”. Es decir que el propio Ministerio que ahora los deja afuera reconoció “al matarife abastecedor con la categoría de exportador en la asignación de matrículas sin plantear exigencia de contar con planta propia”.
Para cualquier observador atento resulta muy visible que la asignación de los cupos -tanto los originales como los nuevos para vaca conserva- se limitaron a los operadores que cuentan con planta para sacar competidores del mercado y dejarle el camino allanado a los grandes frigoríficos del Consorcio ABC. En rigor, los tonelajes de carne disponibles para exportar se distribuyeron en base a los números de habilitación de las plantas en Senasa, dejando afuera los CUIT de exportadores sin planta del reparto. El principal asesor del ministro Kulfas para diseñar esta estrategia, además de Solmi y Zarich, fue el vicepresidente del Senasa, el santacruceño Carlos Milicevic.
Para los matarifes que quedaron fuera del negocio, la serie de normas que conformaron los diversos cupos de exportación “restringen esta posibilidad a algunos operadores al exigir una past-perfomance exportadora arbitraria y fuera de toda lógica, ya que solo reconoce la faena realizada por las plantas faenadoras y no por cada matrícula, con lo que se ha transferido a las plantas un derecho a cupo que no es de ellos”.
“Además se impide la operatoria de exportadores con y sin planta que se inician en la exportación y que, pese ha haber realizado importantes inversiones en adecuación de las plantas, desarrollos comerciales y logística, lógicamente no cuentan con antecedentes en este campo”, agregaron los matarifes, denunciando que también algunos frigoríficos nuevos quedaron fuera de los cupos.
Esta situación había sido reconocida por el ministro Domínguez, quien prometió corregir la situación de “5 o 6 plantas a pedido de los gobernadores” en la nueva distribución de la vaca conserva para China. Pero nada de eso sucedió. Se volvió a repetir la misma matriz injusta.
Para la asociación que agrupa a los matarifes, esta conjunto de medidas “van en sentido contrario a favorecer la producción y el trabajo, promueve la concentración en grandes plantas desalentando a las Pymes violan las normas legales vigentes, y afectan los derechos constitucionales que nos asisten para trabajar todos en igualdad de condiciones”.
En la carta se solicitó a Chiesa “que se incorpore a la agenda de la Mesa de Ganados y Carnes la problemática planteada y se analice que camino tomar para su solución, por afectar esta situación los intereses de toda la cadena de valor”.
