Santiago del Solar es un empresario agropecuario de la zona oeste bonaerense y ex Jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura de la Nación. En el presente artículo plantea sus dudas sobre las verdaderas intenciones que pueden estar detrás del proyecto de fomento agroindustrial promovido por el gobierno nacional.
¿Como convencer a un empresario agropecuario, acostumbrado a las planillas de Excel, a invertir con instrumentos que funcionan como una referencia circular?
Con el muy atractivo objetivo de crear 700 mil puestos de trabajo, y exportar 100 mil millones de dólares se redactó un proyecto de ley denominado “Régimen de fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable y exportador” (sic). Un objetivo muy ambicioso, que, tal como se observa, requería de un pomposo título de nomenclatura casi imperial.
Este proyecto viene acompañado de la creación de un nuevo ente burocrático encargado de asegurar de materializar la ecuación que conjuga la referencia circular. El nuevo “buroducto” se denominará “Registro nacional de fomento al desarrollo agroindustrial, federal, inclusivo sustentable y exportador” (sic), en el cual se supone se anotarán empresarios del agro para intentar comprobar que van a superar una determinada “línea de base” productiva medida en cantidades físicas en relación a años anteriores, para luego, si es que la “autoridad competente” autoriza, y si hay partida presupuestaria, poder acceder ex post a una promesa evanescente de futuras desgravaciones impositivas.
Al no ser los beneficios para el total de los productores agro, y solo para los aspirantes anotados en tal registro, el nuevo ente de control analizara, CUIT por CUIT, para ver quién es el beneficiario (o no) de estas gracias. Desde ya que auditar para cada caso cantidades de fertilizantes utilizadas, aumento peso promedio de hacienda vendida, stocks, etcétera, etcétera, es impracticable, ya que esa información no surge de los balances impositivos o DDJJ de las empresas del sector.
La “teoría de los juegos” estudia cuáles pueden ser las reacciones probables ante una determinada situación con distintos participantes. Y el cómo se toman las decisiones en el ambiente empresario, encaja perfectamente en la “teoría de los juegos”.
Un razonamiento para un empresario ganadero sería el siguiente: ¿Cuál es el incentivo para invertir en fertilizar pasturas o construir nuevos corrales si la exportación de mi producto (carne) está cerrada o condicionada? Evidentemente hay un problema previo a la posibilidad de eventualmente desgravar la compra de un fertilizante o acogerse a la remota probabilidad de amortización acelerada de bienes de capital.
La implacable planilla de Excel del empresario, frente a un proyecto intrincado como el mencionado, “tira error”, ya que la ecuación es una “referencia circular”. Caemos repetidamente y hasta el infinito en la “celda” inicial de la planilla, en la cual hay un problema irresuelto.
Así como mencioné la actividad carnes, lo mismo sucede con maíz, trigo y lácteos, entre otros productos. Intervenir el mercado es el “tapón” de la inversión. Saber que hay un mercado intervenido es una certeza que muestra la estrechez del camino o bien anuncia el frustrante callejón sin salida.
Ahora, y volviendo a la “teoría de los juegos”, quienes diseñaron este proyecto de ley, se puede decir que quizás no conocen los “drivers” auténticos que movilizan la inversión en la mente de los empresarios agropecuarios. Ese desconocimiento sería una posibilidad y no hay que descartarla.
La otra posibilidad es que quizás realmente son conscientes que esto es así y el hecho de saber que es un proyecto de ley intrascendente y de “suma cero” permite desviar la atención de los temas cruciales. Con lo cual, si el objetivo central es dejar contento al Poder Ejecutivo, la propuesta no es mala para quienes la impulsan.
Si el contenido del proyecto de “ley agroindustrial” promovido por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) omite hablar de derechos de exportación, diferencias de tipo de cambio (“retenciones cambiarias”), apertura de la economía, mercados no intervenidos, presión impositiva y, de esa manera, logra conformar al gobierno, se pueden lograr los otros objetivos buscados, una vez instalada la discusión en temas irrelevantes, quitando presión a los gobernantes.
Una vez que esta iniciativa entre a debatirse, como si realmente fuese el “proyecto del campo”, se comenzarán a discutir nimiedades de cómo se van a registrar las “líneas de base” o alguna de las otras “abstracciones”. De esa manera, se puede seguir trabajando en la agenda interna particular para lograr lo que cada cámara agroindustrial propone para su micro-interés. Y ahí sí, se corre el velo, y tiene sentido toda esta movida.
Sin tener en cuenta el interés global real de la agroindustria de nuestro país, pero sí el interés particular de alguna cámara, parecería cerrar que esta ley sea presentada como el “proyecto del campo”.
Posiblemente ese sea el “juego” al que estamos sometidos. Partido hay, pero por lo visto se juega en otro tablero fuera de la vista de la discusión pública.
