El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió entregar con carácter definitivo al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) la posesión definitiva de dos estancias ubicadas en Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, que habían sido decomisados en el marco de la causa de “los narcoaviones”. Según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal, en aquella causa se juzgó a una organización transnacional que ingresaba cocaína a nuestro país mediante vuelos clandestinos.
El organismo técnológico ya se había hecho cargo de la administración de esos dos campos que suman unas 9.000 hectáreas.
Ahora, un tribunal integrado por los jueces Manuel Alberto Jesús Moreira, Víctor Alonso González y Fermín Amado Ceroleni, hizo lugar el jueves pasado al pedido presentado por el director del INTA Mercedes, el ingeniero agrónomo Jacques Kraemer, y por el director del Centro Regional Corrientes del INTA, el médico veterinario José Rafart Anton, como depositarios y administradores judiciales de las fincas “Santa María del Aguapey” y “Santa Úrsula”, de 7.000 y 1.889 hectáreas respectivamente.
En la presentación, los representantes del organismo habían solicitado gestionar ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE) la transferencia definitiva de los inmuebles debido a que el INTA logró “poner en orden” estos establecimientos una vez que se inició ese proceso. Expresaron además que en un futuro los destinarán a la explotación y utilización con fines de educación, investigación, producción y ambientales.
Desde la Fiscalía aceptaron este pedido tomando en cuenta que el decomiso de las estancias ya está firme sino además que ha sido correcta “la administración que lleva adelante el organismo en calidad de depositario judicial”. Recordaron además que el proyecto del INTA presentó adhesiones del Ministerio de Producción de Corrientes, la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes y la Universidad Nacional del Nordeste.
Por estos motivos, consideraron pertinente que “se provea favorablemente respecto de lo solicitado por el INTA, otorgando el traslado del dominio definitivo de las fincas”.
Los jueces, en su resolución sobre el asunto, recordaron que los inmuebles fueron administrados desde su entrega en depósito judicial por el INTA y elogiaron que los técnicos del organismo “recuperaron el establecimiento rural que le fue cedido vacío, y con los alambrados e instalaciones en muy mal estado”.
De esta forma, destacaron que resultó “valiosa” la labor ejecutada por el organismo durante los seis años en los que lo tuvieron a su cargo, “con un cuidado responsable”, monitoreado por la Cooperadora del INTA Mercedes y con el aporte de distintas organizaciones provenientes de sectores sociales, agrícolas y ganaderos, a las que se sumó en algunas oportunidades la comunidad universitaria, lo que ha dado como resultado un “aprovechamiento con expansión y contenido social de los campos decomisados”.
Por este motivo, y en línea con lo planteado por los fiscales, el tribunal aprobó el plan propuesto para su ejecución y consideró que corresponde que se haga la entrega definitiva de los inmuebles.
Los magistrados explicaron que el organismo deberá cumplir con dos condiciones estipuladas por el artículo 39 de la Ley 23.737. Por un lado, destinar un predio para poner a disposición de la Gendarmería Nacional, que contenga en preferencia un lugar mínimamente edificado, a fin de ser utilizado para eventuales operativos de vigilancia, recorridas y/o apostar hombres, patrullas u otros elementos de manera provisoria o permanente para la lucha contra el narcotráfico en la región.
Por otra parte, implementar en algún sitio del inmueble el acondicionamiento de un lugar, de alrededor de 10 hectáreas, a disposición del Estado provincial o nacional, para el funcionamiento de una institución dedicada a la rehabilitación de los afectados por el consumo de estupefacientes.
En el expediente, intervinieron el titular de la Fiscalía General de esa provincia, Carlos Schaefer; el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias; el fiscal auxiliar de la procuraduría, Martin Uriona y la responsable de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación (DGRDBA), María del Carmen Chena.
La causa se había iniciado en abril de 2017, cuando un tribunal de Corrientes -condenó a penas de entre 8 y 20 años de prisión a diez integrantes de una organización transnacional que ingresaba cocaína a nuestro país mediante vuelos clandestinos hacia la localidad correntina de Santo Tomé. Los aviones utilizaban esas estancias para aterrizar y descargar la droga.
En aquella ocasión, la fiscalía había manifestado que en la sentencia se ordenó el decomiso de la totalidad del inmueble “por ser instrumento del delito”. Explicó que si bien en principio fueron entregados los dos inmuebles en depósito judicial a los hijos de la imputada María Hilda Calabrese, ellos incumplieron con las obligaciones de informar todas y cada una de las operaciones económicas y financieras realizadas.
Por ese motivo, debieron ser reemplazados en ese rol por el INTA, para que las estancias sean conservadas y administradas “de manera eficiente, transparente y orientada hacia fines de utilidad social de modo de reparar el daño causado a la sociedad y al Estado”.
los 2 aviones tambien fueron cedidos a INTA.