En julio del año pasado se aprobó en el Congreso la nueva Ley de Biocombustibles (Nº 27.640) que reducía a la mitad (del 6% al 3%) el cupo de corte de bioetanol de maíz garantizado para mezclar con nafta comercializada en el mercado argentino, mientras que en el caso de biodiésel el corte obligatorio comprometido pasaba del 10% al 3%.
La iniciativa, promovida por el equipo económico del gobierno de Alberto Fernández, estaba destinada a mejorar la situación de la empresa estatal YPF, además de consolidar la recaudación tributaria generada por derechos de exportación agrícolas.
Por entonces advertimos que esa decisión era por demás temeraria, porque en ninguna nación responsable del mundo la política energética se sustenta en cuestiones coyunturales porque, sencillamente, los precios relativos de las diferentes fuentes energéticas tienen una enorme variabilidad, mientras que las inversiones realizadas en el sector se instrumentan con un horizonte de décadas.
¿Por qué el gobierno argentino desarmará el programa de promoción de biocombustibles?
Ayer, en la sede porteña del Banco Nación, el presidente de esa entidad estatal, Eduardo Hecker, organizó una surrealista reunión con referentes del sector de biocombustibles para “analizar alternativas de asistencia financiera para el sector que permitan aumentar la producción nacional de biodiésel y bioetanol y, de ese modo, contribuir con la matriz energética en el país”.
Es decir: en menos de un año el gobierno pasó de querer licuar al sector de biocombustibles a buscar herramientas para impulsarlo. Todo muy lógico para quien tiene a la improvisación como ingrediente básico del diseño de políticas públicas.
¿Y qué pasó? Pues el escenario internacional cambió violentamente y la política (o antipolítica) energética del gobierno quedó trastocada. Al 31 de marzo pasado, según cálculos realizados por la consultora Montamat & Asociados, el precio en surtidor –sin considerar impuestos– de la nafta era del orden de 80 $/litro, mientras que la paridad de importación se ubicaba en más de 120 $/litro.
Al revisar los números de comercio exterior, podemos ver que solamente en el primer trimestre de 2022 Argentina empleó 308 millones de dólares para importar nafta, mientras que en todo el año 2021 esa cifra había sido de 346 millones. Es decir: al paso actual vamos hacia a una verdadera sangría de divisas (que no tenemos).
La cuestión es que, mientras que la paridad de importación de nafta se ubicaba en más de 120 $/litro, la secretaría de Energía estableció para marzo pasado un precio de venta del bioetanol cañero y maicero destinado al corte con nafta de 73,1 $/litro.
Las empresas que integran la Cámara de Bioetanol de Maíz comunicaron al gobierno nacional que dejarían de proveer el biocombustible a las empresas petroleras porque el precio del mismo establecido por la Secretaría de Energía era inviable para sostener la actividad.
Así fue como el lunes pasado, por medio de un decreto, el gobierno, en un trámite exprés, procedió a cambiar la metodología de cálculo del precio del bioetanol de maíz ante la urgencia por evitar la salida de las empresas del sector en un contexto en el cual las etanoleras cañeras, por una cuestión estacional, están produciendo un escaso volumen del biocombustible.
En los próximos días se publicarán nuevos precios oficiales del bioetanol, los cuales, además de ser apropiados para la estructura de costos de las empresas elaboradoras, son también más que convenientes para mantener “a raya” el precio de la nafta en el surtidor.
El desajuste presente en los precios relativos del mercado de nafta es mucho más intenso en el caso del gasoil, razón por la cual desde el mes pasado comenzó a registrarse un desabastecimiento del producto con una desregulación de facto de los precios del mismo en el mercado mayorista.
De hecho, cuando se observa la disparidad de valores entre el precio de intervención determinado por el gobierno nacional versus la paridad de importación de gasoil, es posible advertir que los valores desregulados de facto en el mercado mayorista –donde se proveen transportistas y empresas agropecuarias– se ubicaron entre ambas brechas.
En lo que respecta a la importación argentina de gasoil, mientras que en todo el año 2021 se emplearon 2047 millones de dólares para importar ese combustible de origen fósil, en el primer trimestre de 2022 esa cifra ya sumó 1078 millones de dólares. Otra vez: una auténtica “aspiradora” de divisas.
Sin embargo, si bien el biodiésel es la solución para evitar el drenaje de divisas generadas por la importación de gasoil, por el momento el equipo económico sigue priorizando la variable recaudatoria del aceite de soja, que es el insumo base del biodiésel.
Moraleja: la política energética no puede realizarse en ningún caso por factores coyunturales porque, precisamente, al ser coyunturales, los mismos cambian de manera constante y, por ende, modifican los precios relativos sobre los cuales se sustentaron las decisiones iniciales.
