La decisión oficial de expropiar los activos de Vicentín comenzó a ser revisada y está a punto de morir luego de solo cuatro días. La había anunciado el lunes el presidente Alberto Fernández, para sorpresa de muchos de sus funcionarios y de sus aliados políticos, que buscaban otras alternativas para rescatar una empresas importante del sector agropecuario, que en diciembre se declaró en default con un pasivo estimado en 1.400 millones de dólares.
“El presidente está dispuesto a escuchar alternativas superadoras”, dijo el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, actuando como vocero de una reunión en la que Alberto se vio cara a cara con el CEO de Vicentín, Sergio Nardelli. Se trató de un eufemismo para ocultar la decisión de desactivar la amenaza de expropiación que desató una ola de movilizaciones y cacerolazos, especialmente en Reconquista y Avellaneda, en el norte de Santa Fe, donde nació la aceitera hace 90 años. También el repudio de todo el arco empresario del país y del extranjero.
Las “alternativas superadoras” suponen volver al plan original, que la intromisión del kirchnerismo más duro frustró el lunes. Ese día, Alberto se dejó convencer y anunció dos cosas: la intervención inmediata de la empresa y el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiar no solo los bienes de Vicentín SAIC, la aceitera que había ingresado en convocatoria de acreedores, sino todo el resto de empresas del grupo, incluso las que seguían funcionando y no tenían ningún problema económico.
“Van por todo”, fue lo primero que pensó mucha gente. Detrás de la movida estaba clara la mano de Cristina Kirchner, la vicepresidenta. Una de sus senadores preferidas, Anabel Fernández Sagasti, fue presentada por Alberto como la autora intelectual de la idea. Y La Cámpora salió a bancar la expropiación en un comunicado. Muchos, como el propio Perotti, se enteraron por los medios. Y esto le costó una crisis política en su provincia.
“El gobierno no dará marcha atrás con el rescate de Vicentín”, decían los medios y periodistas oficialistas, tratando de instalar en las últimas horas la sensación de que no habría un recule. Pero lo hubo: no solo se dejó de hablar de la expropiación de todas las empresas del grupo sino que directamente se cajoneó la idea de enviar el proyecto al Congreso, donde el oficialismo no tenía asegurados los votos y se exponía a un debate semejante al de la recordada Resolución 125.
Todos tratan de no decir la palabra maldita: “expropiación”. Rescate suena mucho más lindo, aunque se trata de otra cosa completamente distinta.
Perotti, el vocero de la reunión, comenzó a insinuar como será el regreso al plan original en el que él mismo había estado trabajando antes de este grotesco de la política, que dice y se desdice en pocas horas porque improvisa mucho y no mide posibles reacciones.
Dijo el gobernador que este mismo viernes los directivos de Vicentín se reunirán con funcionarios de YPF SA, una sociedad mixta que podría asociarse a la aceitera y tomar parte de su paquete accionario, a partir de la capitalización de los pasivos que el Estado tiene en concurso de acreedores. En especial, los 300 millones de dólares que la compañía le debe al Banco Nación y a otros bancos oficiales. La idea, entonces, es convertir a Vicentín en una empresa con fuerte participación estatal pero con gestión privada. Si suma fuerza con YPF Agro, el brazo de la petrolera enfocado en el sectror rural, quedaría sin duda conformada una empresa potente, que en 2019 llegó a exportar el 11% del total de granos y subproductos de la Argentina.
El rescate podría incorporar a las cooperativas, en especial ACA pero también AFA, ambas con fuerte presencia en Santa Fe. La Asociación de Cooperativas Argentinas entregó muchos granos a la aceitera que jamás cobró: se le deben 90 millones de dólares, nada menos. Se podría analizar si también se transforma en accionista de la nueva compañía, que necesitará recuperar la confianza de los productores que le vendían granos. En total, Vicentín dejó un muerto de 400 millones de dólares entre sus proveedores de granos, unos 2.000 productores de Santa Fe. Según dijo el presidente, la prioridad será cancelar ese pasivo primero.
“No dará marcha atrás”, pero el gobierno puso reversa con la expropiación.
La intervención dispuesta por DNU el martes pasado se mantendrá por los 60 días en que estaba establecida: tras ese lapso, la nueva propuesta deberá estar lista y convencer a Alberto. Gabriel Delgado, el interventor designado, tendrá una dura tarea de acercar posiciones ventajosas para todos. Como Perotti, aparece en el flanco más conciliador entre los representantes del gobierno. Lo mismo sucede con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, que el lunes había sido excluido de los anuncios pero ahora se sumó a esta reunión que ordenó revisarlo todo. El gran derrotado, además del kirchnerismo más duro, parece ser por ahora el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que sí había trabajado en la confección del proyecto de expropiación.
Habrá que esperar ahora la reacción de Cristina. La lectura política tras este ensayo expropiador del gobierno es inevitable, pero la verdad nos importa poco. Lo importante en materia agropecuaria es que se evitó dar una señal violenta y muy poco consensuada, que había generado el rechazo de toda la comunidad agropecuaria, porque provocaba espanto y parecía autoritaria.
La amenaza de una escalada expropiatoria, aunque desmentida varias veces por el propio presidente, era lo que menos necesitan los productores para seguir adelante en esta etapa crítica de la Argentina. Hubiera sido muy duro sumarle a la pandemia y la crisis económica una dosis tan grande de imbecilidad política.
