Finalmente, tal como anticipó Bichos de Campo un mes atrás, el gobierno procedió a extender el plazo de vigencia de los permisos de embarque de maíz 2021/22 con el propósito de evitar el descalabro generado por el uso de “retenciones anticipadas” como mecanismo recaudador.
El gobierno nacional usó este año el mecanismo de las “retenciones anticipadas” para financiarse con embarques futuros de cereales que finalmente, debido a una severa sequía, no llegarán a cosecharse. Por ese motivo, se vio obligado a habilitar la posibilidad de trasladar los permisos de exportación de trigo 2022/23 a la próxima campaña 2023/24. Y ahora tomó una medida similar relativa al maíz.
Los exportadores argentinos ya registraron embarques de maíz 2022/23 por 10,2 millones de toneladas, de los cuales 7,85 millones corresponden a embarques de maíz temprano por realizar entre los meses de marzo y mayo de 2023.
La cuestión es que, al pasado 7 de diciembre –según el último dato oficial disponible– los exportadores habían comprado apenas 6,51 millones de toneladas de maíz 2022/23, de los cuales más de la mitad (3,92 millones) aún está pendiente de fijación, es decir, tienen precio abierto.
Parte del problema del desfasaje entre las registraciones de embarques de maíz 2022/23 respecto de las compras fue solucionado con una maniobra administrativa, instrumentada por la Secretaría de Agricultura, que consistió en adelantar el inicio de la campaña comercial del cereal al mes de marzo en lugar de la tradicional fecha de abril. Como la exportación tiene un volumen muy importante de maíz 2021/22 ya comprado (33,1 millones de toneladas), entonces parte del mismo puede emplearse a partir de marzo a la espera del ingreso de la (magra) cosecha 2022/23.
Por ese motivo, este miércoles, por medio de la resolución 182/2022, se procedió a extender en 180 días corridos la vigencia de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de maíz con fecha de embarque para los meses de diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023.
La prórroga excepcional concedida por el gobierno para las DJVE-360 de maíz 2021/22 implica, en los hechos, que el maíz de la actual campaña podrá ser empleado como si fuesen los correspondientes al maíz 2022/23.
Por ejemplo: para el próximo mes de diciembre se habilitaron DJVE de maíz por 466.429 millones de toneladas. Cualquier proporción de esa cifra podrá exportarse ahora en el transcurso del primer semestre de 2023, lo que implica que los exportadores podrán usar gran parte de las reservas de maíz 2021/22 para cumplir los compromisos asumidos relativos al cereal de la campaña 2022/23, el cual resultó afectado por la sequía.
La resolución 182/2022 también indica que “los mismos motivos de fuerza mayor podrán ser alegados por los actores de la cadena en caso de incurrir en incumplimiento respecto de los exportadores, quienes deberán admitir dicha circunstancia”.
Eso implica que si un productor no puede cumplir total o parcialmente con un forward de maíz 2022/23 porque perdió toda o parte de la cosecha prevista del cereal, entonces no estará obligado a entregar la mercadería en los plazos acordados o bien a pagar una multa por el incumplimiento. Esa posibilidad, por supuesto, requerirá una o quizás varias resoluciones complementarias en las cuales se especifiquen los pasos administrativos por seguir para quedar eximido del cumplimiento del forwards de trigo 2022/23.
El propósito de la medida es evitar una “explosión” del precio interno del maíz, pues con DJVEs 2022/23 muy superiores al volumen comprado del cereal, los exportadores estaban obligados a competir fuerte para poder originar mercadería, mientras que ahora, al poder emplear partidas 2022/22 para poder realizar embarques del ciclo comercial siguiente, tendrán mucho más margen para poder cumplir los compromiso asumidos.
