La vocera presidencial Gabriela Cerruti insistió en la necesidad de que el Congreso “debata y apruebe (el proyecto de) la ley de renta inesperada porque es un aporte muy importante que estamos esperando”.
“Es algo que tiene que ver con las ganancias extraordinarias de empresas de ciertos sectores que están lucrando más por una situación especial y no porque hayan invertido más sino porque los está favoreciendo la guerra”, fundamentó Cerruti en un entrevista ofrecida hoy sábado a CNN Radio.
Pero Cerruti, quien alguna vez trabajó como periodista, no hizo bien la tarea, porque los fundamentos para considerar que el agro está experimentando una “renta inesperada” desaparecieron con la liquidación masiva de contratos futuros de commodities instrumentada en las últimas semanas por fondos corporativos y de inversión.
Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia (24 de febrero) a la fecha, los precios de exportación (FOB) del aceite de soja cayeron 21,7%, mientras que los del poroto descendieron un 14,1% y los de la harina un 8,4%. En tanto, el valor FOB del maíz descendió 7,7%, mientras que el aceite de girasol cayó un 6,7%.
Vale remarcar que los valores FOB son los determinados por el propio Ministerio de Agricultura de la Nación en base de datos del mercado, con lo cual son los propios datos oficiales los que indican que la “tesis” de la “renta inesperada” por la guerra ya expiró.
En lo que respecta al trigo, el valor FOB es casi un 16% mayor respecto del día de la invasión de Ucrania, pero ese dato no se ajusta a la realidad del mercado mundial del cereal y, en los hechos, no tiene relevancia alguna porque el mercado de exportación del trigo argentino permanece cerrado hace meses.
En definitiva: los precios FOB de los principales productos agroindustriales argentinos están actualmente en una situación más desfavorable que la presente antes de la invasión a Ucrania, mientras que muchos de los costos –como los combustibles y fertilizantes– siguen aún en niveles bastante superiores.
Adicionalmente, vale recordar que el gobierno ya incrementó la presión tributaria sobre el sector con el propósito de capturar la “renta inesperada” que, por cierto, ya no es tal. Primero se instrumentó una retención encubierta sobre las ventas externas de trigo y maíz con el propósito de alimentar a un “fideicomiso cerealero”. Y luego se creó el “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino” por medio del cual se aumentaron las retenciones a los productos del complejo sojero.
El proyecto de “renta inesperada”, que se encuentra en el Congreso, propone aplicar una sobrealícuota del 15% en el impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2022 a las empresas con ganancia neta imponible o ganancia contable superior a 1000 millones de pesos, siempre y cuando el margen de ganancia en 2022 termine siendo un 10% superior al de 2021.
La cuestión es que dentro de esa categoría están incluidas todas las grandes empresas exportadoras y agroindustriales que son las compradoras de casi la totalidad de las cosechas argentinas, con lo cual el nuevo tributo terminará indefectiblemente impactando en el sistema de formación de precios agrícolas.
