El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que eliminará completamente a partir de 2022 los derechos a la exportación de servicios, un tributo que, implementado en 2018, generó, como era previsible, una caída del ingreso de divisas por ese concepto.
Pero el anuncio es solamente un fotograma de una película mucho más compleja que, en buena hora, podemos repasar en el presente artículo para entender el enorme poder de daño que tienen las malas políticas económicas.
A diferencia de los bienes, que no tienen “escapatoria”, el cobro de los servicios pueden relocalizarse con cierta facilidad, de manera tal que, si en un país un proveedor con un cliente en el exterior percibe que el Estado se está quedando de manera indebida con parte del fruto de su trabajo, entonces dejar de percibir sus ingresos en esa jurisdicción para solicitar que los pagos recibidos se transfieran bajo otra modalidad.
Durante la primera década del presente siglo Argentina había iniciado el camino para convertirse en un gran exportador de servicios. Y no es algo extraño porque tenía –sigue teniendo aún– un importante sector de la población muy bien capacitado para vender al mundo servicios de programación, informática, blockchain, diseño, publicidad, asesoramiento legal, contable y un largo etcétera.
Pero en 2011, con el descalabro económico generado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se introdujo un cepo cambiario, que no es otra cosa que una “retención cambiaria” para los exportadores. El resultado: una abrupta caída de los ingresos de divisas, tal como puede verse en el siguiente gráfico con datos del Banco Central (BCRA) correspondientes a los ingresos generados por las exportaciones de servicios empresariales, profesionales y técnicos.
Con la llegada al poder de Mauricio Macri, quien unificó el tipo de cambio y, por lo tanto, dejó de cobrar “retenciones cambiarias”, las exportaciones argentinas de servicios volvieron a experimentar un período de esplendor. Pero no duró mucho.
Hacia fines de 2017 los encargados de la gestión económica comenzaron a “pisar” el tipo de cambio con la intención de contener las presiones inflacionarias, lo que implicaba que, por cada dólar generado, los exportadores de servicios no estaban recibiendo la cantidad de pesos correspondiente. Los ingresos de divisas comenzaron a caer.
Hacia fines de 2018 se presentó un hecho inédito: el gobierno anunció la implementación de un derecho de exportación de 4,0 pesos por dólar exportado por los servicios, algo que en ese momento era equivalente a una alícuota del orden del 12%. ¿Y qué creen que sucedió? Siguieron cayendo las divisas ingresadas por ese concepto.
Hacia fines de 2019, en los últimos meses de su mandato, Macri decidió liberar el tipo de cambio reprimido artificialmente y, cuando el dólar comenzó a reflejar su verdadero valor, las exportaciones declaradas en la jurisdicción argentina se reactivaron. Pero, nuevamente, el fenómeno duró poco.
Durante 2020 la alícuota del derecho de exportación sobre servicios se redujo al 5,0%, mientras que a fines de ese año, al reglamentarse la Ley de Economía del Conocimiento, se estableció que a partir de 2021 aquellas empresas adheridas al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento no pagarían derechos de exportación. Ahora se determinó que a partir del 1 de enero de 2022, tanto inscriptos como no inscriptos en dicho régimen no abonarán es impuesto.
Eso ayudó a que se recuperen los ingresos de divisas por exportaciones de servicios, pero los números siguen muy lejos del potencial, porque el Estado, al introducir un nuevo cepo cambiario a fines de 2019, cuya magnitud fue creciendo mes tras mes, volvió a desincentivar el registro local de operaciones de ventas externas de servicios.
Moraleja: no es posible incrementar el ingreso de divisas generado por exportaciones de servicios con derechos de exportación ni tampoco con “retenciones cambiarias”.
Los proveedores de servicios, quienes, después de todo, son parte de la “economía del conocimiento”, tienen los conocimientos necesarios para hacerle ¡olé! al Estado cuando éste quiere rapiñar parte de sus ingresos.
Los proveedores de bienes tienen otros mecanismos para defenderse, uno de los cuales es producir menos, con lo cual no debería llamar la atención que en los últimos dos años, a pesar de la enorme recuperación de los precios internacionales de los productos agroindustriales, el agro argentino haya destruido valor en lugar de crearlo. Para pensar.
