En agosto de 2023, meses antes del triunfo electoral de Javier Milei y la derrota del ex ministro Sergio Massa, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para que investigue presuntas conductas anticompetitivas de las grandes exportadoras en perjuicio de los productores. Se presumía en esa denuncia que las cerealeras y aceiteras nucleadas en Ciara-CEC se habían beneficiado por cifras multimillonarias con los sucesivos Dólar Soja que había implementado el gobierno anterior, así como de los distintos fideicomisos vigentes hasta el cambio de gobierno.
Con el correr de los meses, y tras el recambio de gobierno, esa denuncia tuvo algunos movimientos, pero nunca cobró demasiada velocidad. Hasta que finalmente el último lunes 30 de junio la CNDC “comunicó oficialmente la desestimación de la denuncia presentada por Carbap”, según informó la propia entidad ruralista, que lamentó esa decisión y transmitió cierta sospecha sobre el desenlace del caso sin siquiera “profundizar” las líneas de investigación.
De hecho, los ruralistas resaltaron el hecho de que el cierre del expediente se dio el 30 de junio, “justo un día antes de que se incrementaran los derechos de exportación (DEX), con el consiguiente aluvión de anotaciones anticipadas de DJVE a alícuotas menores (una suerte de remake del “dólar soja”)”.
Es decir, desde Carbap se deslizó claramente la sospecha de que hubo cierta protección desde el gobierno de Milei al sector agroexportador, ya que en los hechos el Ministerio de Economía volvió a recurrir a este para poder lograr una corriente anticipada de ventas de las cosechas de los productores semejante a la que instrumentaba Massa. Si aquel ministro lograba su efecto con un tipo de cambio mejorado, el actual ministro Luis Caputo lo hizo bajando temporalmente las retenciones, lo que implica una mejora directa del tipo de cambio aplicado a los precios en pesos.
Al comunicar su derrota en esta instancia de investigación -que depende de propio Ministerio de Economía-, Carbap recordó que su denuncia advertía “sobre una posible cartelización en el sector exportador de granos y reclamaba mayor transparencia en la formación de precios y en el funcionamiento del mercado”.
Y siguió sembrando sospechas entre cierta connivencia entre las nuevas autoridades de Defensa de la Competencia y el sector responsable de inyectar casi la mitad de las divisas totales al mercado local de cambios.
“La decisión resulta llamativa por varios motivos. En primer lugar, el expediente contiene elementos significativos que respaldan las conductas denunciadas: Las propias empresas reconocieron haber trasladado el costo del fideicomiso aceitero a los productores, calificándolo como una «retención encubierta”, sostiene Carbap.
En este punto, se hace referencia a que otra política del kirchnerismo: la creación de un fondo compensador donde las exportaciones de aceite permitían sostener “precios acordados” del producto en el abastecimiento doméstico. Como se sabía de entrada, las aceiteras no pusieron dinero de su propios ingresos sino que trasladaron el costo de ese operativo a los productores, mediante descuentos en los precios.
Para probar esta posible cartelización, la entidad que integra CRA dijo que “se acompañaron actas internas donde consta que se realizaron proyecciones, estimaciones de aportes y diseño del fideicomiso, elementos que evidencian un rol activo en su instrumentación y coordinación” de este operativo.
A la vez, comentó que en sus presentaciones ante la CNDC “se adjuntaron también análisis detallados sobre el accionar del sector frente a los contratos forward (dolar forward), los volúmenes de equilibrio, el fideicomiso del trigo y los diversos programas de tipo de cambio diferencial (como el “dólar soja”). Además, se advirtió sobre las distorsiones crecientes en el mercado del girasol, agravadas por la inminente fusión entre las dos principales empresas del sector, que pasarían a concentrar el 70% del mercado”.
“Sin embargo, la CNDC no sólo descartó la posible colusión, sino que tampoco convocó testigos, no profundizó las líneas de investigación propuestas ni consideró recomendaciones claves para mejorar la transparencia y funcionamiento del comercio granario”, se quejó largamente Carbap.
Para los ruralistas, queda claro que “este cierre abrupto, sin una investigación exhaustiva, envía un mensaje peligroso al mercado. Lejos de fortalecer la competencia y proteger a los eslabones más débiles de la cadena -como son los pequeños y medianos productores-, legitima la concentración, la opacidad y el abuso de posición dominante”.
Con otro gobierno, de signo contrario, pero que sigue recurriendo a medidas muy parecidas, valga decirlo.
