“A fin de implementar políticas públicas efectivas para el sector de la molinería de trigo, resulta imperativo actualizar el conocimiento acerca del estado presente de las plantas molineras, su capacidad operativa real y su capacidad ociosa”.
Así se justifica este lunes la Disposición 5-E/2017 de la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario (Succa). Publicada en el Boletín Oficial, esa norma congela por 180 días la habilitación de nuevos molinos harineros. Es el preámbulo de un plan antievasión para ese sector, semejante al que ya se despliega en el sector de la carne vacuna.
La ofensiva oficial comenzará con una suerte de reempadronamiento forzoso a partir de una inspección general sobre el sector de la molinería. De hecho la Succa anuncia que llevará a cabo en estos seis meses “un relevamiento integral in situ de las plantas de molienda de trigo (…) a fin de contar con información real y concreta sobre las mismas”.
¿Por qué se realizarán estas inspecciones? Lo explica la misma disposición firmada por Marcelo Rossi, el titular de la Succa: “Del análisis de la información proporcionada por los operadores en los distintos regímenes de información vigentes surgen severas inconsistencias”. En criollo, los molinos declararon ante el Estado cualquier verdura.
La Succa se tomará también estos seis meses para adecuar la normativa que en el futuro se aplicará al sector molinero en materia de información y registración. También en criollo, aparentemente ya no será tan sencillo inscribir un molino en el futuro.
“La presente medida resulta de especial relevancia en un contexto signado por muchos años de falta de control que ha fomentado la universalización de prácticas desleales de comercialización y ha redundado en una situación de grave crisis sectorial”, señala la Succa al justificar el reempadronamiento y la inspección a todos los molinos.
En rigor, en los últimos años se habilitaron muchos molinos y hoy se estima que la capacidad instalada del sector duplica las necesidades del país. Con la llegada de Guillermo Moreno y Ricardo Echegaray al Gobierno, en 2006, se discontinuó además la política de control de las plantas molineras a través de la instalación obligatoria de “caudalímetros” que permitirían monitorear los volúmenes de trigo molidos.
