El economista Germán Linzer trabaja desde hace más de 20 años de INTA, donde fue desde becario hasta coordinador nacional. Como suele estudiar y escribir sobre temáticas de desarrollo y tecnología agropecuaria, envió esta nota de opinión a Bichos de Campo: Aquí el investigador establece ligazones entre la política histórica de aplicar retenciones sobre el sector agropecuario con la actual ofensiva del gobierno de Javier Milei para achicar fuertemente la estructura e injerencia del INTA.
¿Cómo se vinculan ambas cosas? Aquí los argumentos de Linzer:
Que las discusiones políticas estén impregnadas de ideología es lo normal.
Pero que los instrumentos de política económica y de desarrollo se ideologicen y se consideren partidarios, es un desatino que nos cuesta caro.
Debería ser parte del sentido común que una economía que se encuentra en recesión, con subinversión y capacidad instalada ociosa, apele a políticas “keynesianas” de estímulo a la demanda. Pero también debería ser de sentido común que una economía en crecimiento aproveche esa circunstancia para ordenar cuentas y generar condiciones que impidan perder estabilidad en ese crecimiento (aunque eso se considere “ortodoxo”).
De la misma manera, debería ser parte del sentido común que una actividad económica estratégica en surgimiento, o que enfrenta algún desafío, reciba asistencia del Estado. Del mismo modo que, si esa misma actividad logra desarrollarse en mercados competitivos, el Estado solo deba proporcionar los bienes públicos que complementen capacidades privadas.
Sin embargo, si decimos “keynesianismo u ortodoxia”, “Estado presente en la economía o Estado al servicio del desarrollo de los mercados”, a menudo podemos caer en la tentación de clasificar estos pares en clave de política partidaria. Esto es un error grave y costoso para los argentinos. Hay momentos, situaciones y objetivos que justifican y requieren una política u otra, sin importar la ideología del partido.
Lo mismo podría decirse de las retenciones a la exportación de productos agrícolas y agroindustriales. Debería haber un acuerdo transversal que califique a este como un pésimo impuesto si es aplicado de forma permanente y recaudatoria, más allá de que pueda verse justificado temporalmente y bajo determinadas circunstancias.
En efecto, las retenciones se aplican a las exportaciones (que es lo que más necesita el país) de uno de los sectores más competitivos internacionalmente, como es el agroindustrial, genera distorsiones a la inversión y traslada problemas a toda la cadena productiva.
El Presidente y el equipo económico de este gobierno son honestos cuando dicen que odian las retenciones y quisieran bajarlas en lo inmediato y eliminarlas para siempre si pudieran. Pero, ¿por qué no pueden? ¿Por qué no pudo ningún gobierno desde 2002?
A partir de este punto, le pido al lector que me acompañe a pensar en términos de “realismo político” algunos escenarios y su vínculo con el INTA. O, dicho de otra manera, el vínculo entre las retenciones con el desarrollo tecnológico agropecuario promovido por el sector público.
Básicamente, y más allá del efecto en los precios de los alimentos que pueda tener, se considera que si las retenciones se eliminasen esos beneficios privados no serían reinvertidos en actividades productivas, por lo que el crecimiento de la actividad y del empleo que podrían generar por ausencia de retenciones no compensaría lo que se pierde por recaudación actual.
Para comprender esto debemos hacer un breve repaso histórico (las retenciones también son históricas).
A partir de la posguerra los países agrarios implementaron las tecnologías de la llamada Revolución Verde (variedades mejoradas, utilización de agroquímicos, mecanización, etc.) lo cual significó un salto en la producción y productividad agraria. Salto que, dicho sea de paso, fue posible por el rol fundamental del INTA.
Sin embargo, en el mundo, y en Argentina en particular, se entendió que el sector agrario era estratégico para “contribuir” al desarrollo, pero no era el “motor” del desarrollo. Un sector es “motor” cuando su crecimiento, por eslabonamientos productivos y capacidad de tracción de actividades, lleva al crecimiento de toda la economía. El agro no fue pensado como “motor”, sino como “combustible” que alimente esa maquinaria (aporte de dólares, alimentos baratos, generación local de empleos y oportunidades regionales, etc.).
Esta visión en el mundo quedó obsoleta. Varios de los países de mejor calidad de vida (medida con el índice de Desarrollo Humano del PNUD) son exportadores de materias primas (minerales y agrícolas). Es decir, desde hace varias décadas el desarrollo dejó de estar asociado a exportaciones industriales.
Sin embargo, para que la exportación de materias primas conduzca al desarrollo tiene que darse una condición indispensable: que la producción de materias primas se lleve adelante con ciencia, tecnología, producción industrial y servicios altamente calificados de origen nacional. Si así ocurriese, la exportación de cada producto primario o sus derivados “eslabonarían y traccionarían” bienes y servicios nacionales de alta tecnología.
El hecho de que los gobiernos, incluido el actual, no eliminen o reduzcan significativamente las retenciones lo que se evidencia es que el sector agrario y sus manufacturas siguen siendo consideradas como un “combustible” del desarrollo, no como un “motor”. De ahí que se le “retengan” recursos, para enviarlos a otros sectores de la economía.
La pregunta que surge de este razonamiento es la siguiente: si se quitasen las retenciones, el sector agrario argentino tal como se encuentra hoy, ¿podría demostrar que es un “motor” del desarrollo (traccionando ciencia, tecnología, producción industrial y servicios tecnológicos altamente calificados de originen nacional)?
Existen numerosos ejemplos de la capacidad tecnológica nacional en diferentes tecnologías agrarias, como transformación genética de variedades vegetales, sembradoras y fumigadoras, bioinsumos, tecnologías digitales -AgTech-, y tecnologías veterinarias, entre otros. A su vez, la vocación de reinversión, adopción temprana y espíritu emprendedor de los productores agrarios no puede ser cuestionada.
Sin embargo, la realidad muestra también que la política agropecuaria está siendo conducida por un grupo minoritario, aunque de grandes productores pampeanos, y poco representativo de la diversidad agraria nacional. La política agraria actual no reconoce a las diversas industrias transformativas del agro y no es sensible a las economías regionales ni a los productores de alimentos.
Este grupo de interés pequeño pero poderoso, que conduce la política agraria y está organizado a través de AAPRESID, es el que está llevando a la destrucción del INTA. La razón es sencilla y tiene lógica económica: la producción de materias primas de exportación puede hacerse con ventaja en el corto plazo importando las tecnologías.
Pero acá debe entenderse algo fundamental. Si esta estrategia prospera, si finalmente el INTA pierde su sentido histórico, si las Universidades se reducen, si los jóvenes abandonan la ciencia, eso significará fijar a perpetuidad las “retenciones a las exportaciones”.
El sector agrario tiene las condiciones para constituirse en un “motor” del desarrollo, pero para alcanzar ese lugar necesita trabajar con un sistema público fortalecido y no en riesgo de extinción. Así lo han hecho todos los países que se han desarrollado.
El sentido común y la vocación de desarrollo agrario y agroindustrial argentino deberían preservar al INTA. Pero a veces la “sobre-ideologización” e intereses de corto plazo de grupos sectarios son más fuertes.
Si un día el INTA desaparece o, lo que es similar, si sus trabajadores continúan siendo empobrecidos, sus grupos de trabajo precarizados, su capacidad de llegada territorial anulada y desincentivada la entrada de jóvenes, sepa lector que esa es la mejor garantía de que las retenciones a las exportaciones agrarias pesen para siempre en el bolsillo de los productores.
Preservar al INTA no es partidario, es sentido común agropecuario y desarrollo del país.
Muy interesante y una mirada equilibrada
Es lógico, destruir el INTA y que las retenciones queden en los bolsillos de los exportadores. Es lo que prometió el gobierno, ahora.. Ese dinero que no recauda el estado o gobierno, va a las arcas de los empresarios que en teoría deberían invertir y aumentar producción y desarrollo. Pero bueno, siempre estáa viveza criolla, invertir lo mas mínimo y el resto es ganancia