Para estar tarde de viernes a las 18, el ministro de Economía, Sergio Massa, convocó a varios directivos de la cadena agroindustrial, incluidos los de la Mesa de Enlace, para hacer anuncios. Desde el vamos se descarta que habrá una segunda tanda de “dólar soja” desde el próximo lunes y hasta fin de 2022, de modo de impulsar nuevamente las ventas del grano por parte de los productores, activar las exportaciones y obtener más reservas para el Banco Central.
Pero ese anuncio, que como siempre responde más a las propias necesidades del gobierno (especialmente porque necesita 3.000 millones de dólares para hacer frente a vencimientos con el FMI) que a un pedido del propio sector, vendría con un par de medidas adicionales: el regreso del diferencial histórico de retenciones a los derivados de la soja, de modo de premiar el agregado de valor, y posiblemente el final del escandaloso Fondo estabilizador del Trigo Argentino (FETA), que transfirió 400 millones de dólares de la cadena sojera a unos pocos molinos harineros, sin que esto moviera ni un pelo en el proceso de suba de los precios del pan.
La pista sobre estas dos medidas adicionales al dólar soja (que en septiembre fue de 200 pesos por dólar y ahora se actualizará por inflación, para ubicarse cerca de 230 pesos), la brindaron fuentes oficiales al diario digital Infobae. Al anticipar los anuncios de Massa, ese medio apuntó que además de un tipo de cambio mejorado para la soja, “Massa anunciará un esquema de financiamiento de promoción para economías regionales, subsidios a las cadenas de valor avícola y porcina para aumentar producción, más un fondo para mantener el valor de las asignaciones familiares. También prevé un premio a la industrialización de soja para aumentar la incidencia de aceites y harinas en las exportaciones del complejo agroindustrial”.
Este último párrafo significa una cosa muy clara: en Economía no estarían previendo prorrogar la fecha de vigencia del Decreto 131/2022, que fue el que el 19 de marzo pasado suspendió el diferencial de retenciones a favor de la harina y el aceite de soja, que hasta ese momento tributaban el 31% de derechos de exportación y comenzaron a pagar el máximo de 33%, al igual que el poroto de soja.
Esa suspensión tenía fecha: 31 de diciembre de 2022. Por eso el escenario más probable era que Massa anuncie que a partir de 2023 volverá a aplicarse el diferencial de 2 puntos como estímulo al valor agregado y la industrialización local de la soja. Detrás de ese sanateo, en realidad, no hay más que un reacomodamiento de las alícuotas que era muy reclamado por las agroexportadoras que tanto ayudaron al titular de Economía, con estos dos operativos sucesivos de dólar soja, a inyectarle las divisas que tanto necesita el Banco Central.
Más allá del la pompa que Massa pueda ponerle a este “premio a la industrialización de soja”, lo cierto es que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner no deja de hacer papelones con este asunto del diferencial histórico de retenciones. Mauricio Macri lo había eliminado en 2018; luego Martín Guzmán (cuando fue con la escupidera a las mismas cerealeras que hoy ayudan a Massa) lo restableció en octubre de 2020; y pocos meses más tarde el propio Guzmán lo eliminó en marzo de 2022. Ahora Massa permitiría de nuevo su vigencia.
¿Y por qué lo eliminó Guzmán si antes lo había reestablecido? Pues básicamente porque era bastante pusilánime y cedió a las presiones del ala más dura del kirchnerismo, que en marzo pasado estaba encarnada por el ex secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. En rigor, Guzmán subió esos 2 puntos de retenciones a los derivados de la soja el mismo día en que se anunció la creación del FETA, un fideicomiso que el contador preferido de Cristina había armado con la excusa de parar la suba del precio del pan. La suba de retenciones, en ese contexto, iba a aportar una recaudación de 400 millones de dólares, que iría a ese fideicomiso.
“El Fondo estará compuesto por los recursos resultantes de la modificación temporal de los derechos de exportación en virtud de la aplicación del Decreto 131/22”, definía uno de los artículos del decreto 132/2022, que creaba el inservible FETA de Feletti. Tan inservible resultó que el precio del kilo de pan común que arrancó en marzo con un valor de 250 pesos, ahora roza los 450 pesos. Los 400 millones de dólares de la soja se esfumaron en estos pocos meses.
No se esfumaron, en realidad. Feletti está imputado en una causa penal iniciada por diputados de la Coalición Cívica porque desde el vamos ese fideicomiso triguero parecía estar muy direccionado a favor de Molinos Cañuelas, la empresa líder en el mercado molinero, con cerca de 22% de la molienda total y una vasta presencia en las góndolas. Esa firma cobró hasta el momento el 80% de los recursos recaudados por el FETA, un mecanismo que fue resistido por la inmensa mayoría de los 150 molinos del país.
Cuando asumió Massa, ya habían pasado dos secretarios de Comercio que reemplazaron a Feletti y que sin embargo mantuvieron el escandaloso fideicomiso: Molinos Cañuelas está en convocatoria de acreedores desde septiembre de 2021 y entre los más de 3.000 millones de dólares que debe renegociar figuran abundantes deudas con la AFIP y bancos públicos. Otro molino beneficiado por el FETA, Lagomarsino, también gozó de la vista gorda de las autoridades, pues en este caso hay reclamos abiertos de la AFIP y jamás podría haber sido beneficiado por los subsidios a la harina.
El secretario de Comercio de Massa, Matías Tombolini, se pronunció primero a favor de modificar el FETA para canalizar la plata de la soja directamente a los panaderos, de modo de que ellos aseguraran una oferta de pan barato. Pero éstos se negaron a ser parte del mecanismo y todo quedó en la nada. Tombolini dejó de hablar del asunto. Y Molinos Cañuelas siguió cobrando decenas de millones durante su gestión.
De todos modos, con el regreso del diferencial de retenciones a favor de la industria aceitera -que en rigor casi siempre existió para evitar la exportación del poroto de soja y su procesamiento en otros países, como China-, el FETA se quedará sin el financiamiento automático a fin de 2022. Las autoridades massistas se verán obligadas, en caso de querer mantenerlo, a buscar otras fuentes de financiamiento. O, lo que es más probable, se harán los boludos y lo dejarán morir con el cambio del almanaque.
A través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial, el gobierno oficializó la suba de retenciones, suspendiendo hasta el 31 de diciembre un decreto de 2020 que reducía las alícuotas de exportación de harina y aceite de soja al 31% y volvió a establecer el valor del 33%.
En otro decreto, el Gobierno anunció la creación un fondo “con el objetivo de estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos”.
