De golpe y porrazo, ni bien asumió, al ministro de Agricultura Julián Domínguez se le ocurrió (porque no hay ningún estudio oficial serio que indique esto) que si las exportaciones de carne superan el 24% de la producción, pues entonces inevitablemente surge la tensión con los precios internos de la carne. Así, ese número mágico cancela toda discusión. Y ya no tiene nada que ver ni la inflación, ni la capacidad adquisitiva de la gente, ni los márgenes de los carniceros, ni la presión de China sobre los precios internacionales del alimento, y mucho menos el costo de la hacienda, la materia prima.
Como sea, con ese argumento Domínguez consiguió que las entidades rurales aceptaran que se pudiera estirar el cepo a la exportación de carne que vencía el 31 de agosto pasado hasta el próximo 31 de diciembre.
Pero llega el fin de año y hay que discutir todo de nuevo, a los apurones. El 31 de diciembre no solo vencen el cupo general del 50%, sino también la cuota especial para Israel y la de vaca conserva para China. Todavía peor, se acaba la prohibición de poder exportar los siete cortes populares que comemos los argentinos aunque no siempre podamos pagarlos: el asado, el vacío, el matambre, la falda y algo más.
Las entidades de la Mesa de Enlace parecen genuflexas pero están planteando una negociación bastante inteligente, de la que esperan llevarse algo como para no salir a putear a un gobierno que tiene que apagar incendios por todos lados. Por eso le siguen el juego a Domínguez mientras negocian que después de fin de año se eliminen la mayor parte (o todos) los cupos vigentes y solamente se mantenga la prohibición a esos siete cortes.
Eso implicaría aceptar que se mantiene el cerrojo exportador, pero limitado solamente a esos siete cortes bovinos que compiten directamente con el consumo de los argentinos. Significaría además desarmar el andamiaje de cupos y cupitos armado por el ministro Matías Kulfas a mitad de año. Es decir, la liberación total de la vaca conserva (al menos en las categorías D y E) y otras exportaciones que no compiten con el mercado interno. Permitiría generar las divisas tan ansiadas sin meter tanta presión sobre los precios.
Veremos qué sucede: En este objetivo de aliviar un poco el cerrojo parecen estar alineados tanto Domínguez como las organizaciones rurales, que han motorizado esa fórmula pensando que, aunque finalmente signifique aceptar la continuidad de un cepo, es la mejor posible para esta etapa.
Frente a este planteo del ruralismo de mantener el cerrojo solo sobre los siete cortes (es similar al que le hicieron al gobierno los frigoríficos exportadores), aquel argumento del 24% ya suena poco serio e insuficiente. Y ahí cobra sentido la discusión sobre el stock bovino que plantea ahora el ministro Domínguez como cosa de vida o muerte.
Para distraer la atención, y en esto el chacabuquense es muy hábil, había que poner nuevas cartas sobre la mesa. Entonces, ahora el problema que plantea el ministro de Agricultura es que no hay un stock suficiente de bovinos como para cumplir con la promesa oficial de levantar todas las restricciones el primer día hábil de 2022. Parece un argumento lo suficientemente fuerte como para conmover a la opinión pública. “Los angurrientos ganaderos que quieren vender todo afuera aún a riesgo de dejarnos sin vacas a los argentinos”.
Para eso, para instalar este tópico de discusión esquivo, fue que convocó el ministro a la reunión de este mediodía con los técnicos de las entidades de la Mesa de Enlace. Como es un escenario impensable que el gobierno vaya a decidir levantar por completo el cepo exportador, ahora su argumento preventivo es que hay solo 53,5 millones de cabezas y el balance entre oferta y demanda es peligroso.
El ministro sacó el número mágico de que el stock ha decrecido de una medición del Senasa cuya publicación se demoró varios meses, y que corresponde al balance final del cierre de 2020, o por lo menos no se ha modificado desde entonces. Esa estadística -que fue difundida en agosto pasado luego de una nota de Bichos de Campo que exponía la demora- afirmaba que al 31 de diciembre de 2019 se contabilizaban 54.460.799 cabezas, y que un año después, es decir al cierre de 2020, había solamente 53.517.534 cabezas.
Es decir que había 943.265 animales menos. ¡No hay hacienda! ¡Faltará carne! El argumento es muy hipócrita, porque nadie en el kirchnerismo se preocupaba por el stock bovino en 2010 o 2013, cuando las intervenciones de Guillermo Moreno llevaron ese mismo stock que hoy parece tan escaso a ubicarse en solo 48 millones de cabezas, es decir 5,5 millones de vacunos de los que hay ahora.
Discutir el volumen de las exportaciones en función solo del stock de bovinos se trata de una idiotez supina: todo el mundo sabe que si a cada bovino se le echan 60/80 kilos más de peso al momento de la faena -llevando de 320 kilos a unos 400 kilos- no habría ningún problema de oferta porque había mucha más carne por animal faenado. Entonces pierde mucha importancia lo del 24%. Y es mucho menos relevante todavía si hay 53,5 o 54,5 millones de vacunos en el stock.
Pero eso no se discute. No se discuten las fórmulas para hacer que la oferta de carne crezca y alcance para todos. La lógica oficial es discutir cómo hacer para ponerle un techo a la demanda.
Tras la reunión con las entidades rurales, el gobierno difundió un comunicado en el que afirma que los “técnicos de Ministerio de Agricultura y las entidades agropecuarias convalidaron la metodología oficial de registro pecuario”. Luego cuenta que todos -incluyendo a los siempre bien ponderados decanos de las facultades de veterinaria y a los técnicos del INTA- “convalidaron la metodología establecida mediante Resolución 105 con fecha octubre del 2019 para el registro pecuario, que reafirma que al día de la fecha el stock de ganado bovino es de 53,5 millones cabezas”.
Difícil que alguien pueda decir que “al día de la fecha” el stock bovinos es tal o cual, porque justamente aquella resolución establecía que esa cifra iba a publicarse cada fin de año y el 31 de diciembre de 2021 todavía no ha llegado y mucho menos se han procesado todos los datos del SIGSA, el sistema del Senasa para evaluar los movimientos de hacienda.
Además, en pleno gobierno de Cambiemos (al que pertenece aquella resolución) fue muy discutido que medir el stock de hacienda cada fin de año sea el criterio adecuado, pues no se contabilizan los terneros y terneras que aparecen con la vacunación de fiebre aftosa, luego de las pariciones. Por eso muchos insisten que debería elaborarse el indicador en marzo, como venía ocurriendo.
Siguiéndole el juego a Domínguez, los técnicos de las entidades rurales creen que hay por los menos 400 mil cabezas más (justamente esos terneros) que van a poder ser visibles recién en marzo, y que llevarían el stock final hasta 53,9 millones de cabezas. Por eso, todos acordaron volver a revisar este pronóstico una vez concluido el primer trimestre.
Pero antes de eso está la reunión del próximo jueves, a la que se sumarán los presidentes de las cuatro entidades del agro, los de las cámaras frigoríficas y hasta algunos gobernadores, como en aquel debut de Domínguez hace unos pocos meses. “Habrá mucho circo”, dijeron las fuentes.
Esto ilusionaba a los dirigentes rurales con la confirmación del escenario por el que vienen trabajando estas semanas: el de una apertura casi total, salvo para los siete benditos cortes populares.
Habrá que ver. Faltan 48 horas y eso para este gobierno parece mucho tiempo. El kirchnerismo más duro parece haberse retirado de escena (incluso Roberto Feletti se cayó y dejó de proponer desacople y más retenciones), pero eso no quiere decir demasiado. Diría mi abuela: nunca se sabe con esta gente.
Bien podría suceder mañana que la excusa para retrotraer todo a fojas cero ya no sea ni la del 24%, ni la del stock bovino alicaído. Quizás sean las enfermedades venéreas de los toros que complican los índices de preñez y las pariciones del año entrante.
Nunca se sabe cuando una tricomonosis puede cruzarse en la vida de un estadista.
